En el Perú del presidente Ollanta Humala las condiciones carcelarias de los presos políticos se tornan cada día más graves. En algunos casos –como el del ex dirigente del Partido Comunista del Perú, Abimael Guzmán, de 80 años– desde hace 20 años se les aplican regímenes de aislamiento, incomunicación y torturas.
En el Perú del presidente Ollanta Humala las condiciones carcelarias de los presos políticos se tornan cada día más graves. En algunos casos –como el del ex dirigente del Partido Comunista del Perú, Abimael Guzmán, de 80 años– desde hace 20 años se les aplican regímenes de aislamiento, incomunicación y torturas.
Y también adquiere ribetes fascistas la persecución y represión a toda militancia política y social. Esto se expresa hoy en la pretensión de hacer aprobar la llamada “ley de negacionismo”, que crea delitos de expresión, opinión y pensamiento.
Ley fascista sobre “negacionismo”
El proyecto de “Ley sobre negacionismo” presentado en agosto al Congreso por el Consejo de Ministros sanciona con penas de 4 a 8 años de cárcel al que “públicamente apruebe, justifique, niegue o minimice los actos cometidos por organizaciones terroristas”. Es decir, no castiga actos sino opiniones, y lo hace con una amplitud y vaguedad que permite reprimir todo pensamiento que según el gobierno y sus jueces exceda “el margen de libertad socialmente reconocida”, como afirmó cínicamente la al defender este proyecto fascista. El Estado, según reza la introducción del propio proyecto, “no puede permitir una concepción excesivamente laxa y por ende errada de la ‘libertad de expresión’”, y hasta se atribuye la facultad de determinar la legitimidad de la “libertad científica”: ahora los historiadores, sociólogos y antropólogos no podrán develar la verdad sobre gobiernos proimperialistas y asesinos como los de Fujimori y Alan García y sobre las luchas sociales de entonces, sin correr el riesgo de ser encarcelados de 4 a 8 años por lo que digan sobre aquellos hechos.
La prensa, socia de represores
Los medios escritos y televisivos peruanos se han convertido en su mayoría en abanderados de la represión reaccionaria, antipopular y antidemocrática de Humala. Cada vez más asociado a Washington mediante el “libre comercio”, Ollanta ha adherido con entusiasmo a la estrategia “antiterrorista” yanqui.
Desde hace tiempo en el Perú viene desarrollándose un amplio movimiento a favor de la amnistía a los presos políticos. A principios de noviembre en la Argentina activistas del Movadef se entrevistaron con Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y con el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
No sólo la prensa peruana puso el grito en el cielo, sino que el propio gobierno de Humala destituyó a su embajador en Buenos Aires Nicolás Lynch sólo por el hecho de haberlos recibido en su sede diplomática.
Es angustiosa también la situación de los presos políticos. Antauro Humala, hermano del presidente, que cumple una condena a 19 años de cárcel por haber protagonizado un levantamiento militar en 2005, fue torturado durante su reciente traslado de la prisión de Chorrillos a la de “máxima seguridad” en la Base Naval de Lima, lo que fue denunciado públicamente por el padre y la hermana del presidente.
Peores aún son las condiciones de los presos políticos de ex organizaciones guerrilleras como Tupac Amaru y el Partido Comunista del Perú. El ex máximo dirigente de éste, Abimael Guzmán, sigue en absoluto aislamiento pese a que la sentencia no lo establece. Sólo puede ver a sus abogados.
