Las protestas se extendieron entre el 9 y el 12 de febrero, y se llegaron a movilizar cerca de 6.000 personas. Entre los organizadores se encuentra el Frente de Defensa Ambiental, organización con peso en las comunidades de agricultores y originarias de la región.
Las protestas se extendieron entre el 9 y el 12 de febrero, y se llegaron a movilizar cerca de 6.000 personas. Entre los organizadores se encuentra el Frente de Defensa Ambiental, organización con peso en las comunidades de agricultores y originarias de la región.
Las manifestaciones, que incluyeron cortes de puentes, ataques al campamento de Pluspetrol, y actos en la ciudad, fueron violentamente reprimidas por la policía nacional con armas de fuego, con el saldo de un muerto y más de 140 heridos.
La determinación de los pobladores obligó al ministro de Energía a declarar el retiro de Pluspetrol, y convocar a una reunión con los representantes de los comuneros. Obligado por la presencia de 6 mil pobladores, los ministros del presidente Ollanta Humala anunciaron que la empresa se iría del “lote 108”, uno de los más contaminados de la zona.
El Frente de Defensa Ambiental exige el retiro de la petrolera de toda la selva central, y ha anunciado medidas conjuntas con los pobladores de Satipo y Pangoa. El presidente del Frente de Defensa Ambiental, Carlos Chavarría remarcó que Pichanaki pide la cancelación del contrato de exploración con Pluspetrol porque es una zona agrícola y quiere evitar que se repita la contaminación sufrida por cuatro cuencas de la región Loreto, donde la empresa mantiene otro conflicto con comunidades indígenas.
El presidente Humala, tras la represión y la extensión de manifestaciones de repudio en todo el país, se vio obligado a destituir a tres ministros (el de Interior, Daniel Urresti, responsable de la violenta represión policial; el de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, y el de Justicia, Daniel Figallo).
El Frente de Defensa Ambiental, en un manifiesto conjunto con otras organizaciones, ha planteado seguir con las protestas, preparando para marzo una acción a nivel nacional. Junto al retiro de Pluspetrol, demandan “la expulsión o cierre de la empresa minera Simsa (San Ignacio de Morococha) de Vítoc, además de la paralización de las hidroeléctricas Yanango y Virgen del Río Tarma, Chivay y Tingo en el Río Tulumayo, y las que están en ejecución en el Río Huachiroki, ninguna con la consulta previa a los pueblos respectivos como manda la Ley vigente”.
Culminan su llamamiento reclamando: “¡Por la declaración de la selva central como zona exclusivamente agrícola, pecuaria y turística, libre de minería, de extracción de hidrocarburos y de tala indiscriminada de los bosques!”
