Casi una semana después de una elección plagada de irregularidades y marcada por fuertes denuncias de fraude de uno de los principales candidatos, aún sigue indefinido quién enfrentará en la segunda vuelta por la presidencia de Perú a Keiko Fujimori, que parece ya consolidada en primer lugar, aunque con un magro 17 por ciento.
Al cierre de esta edición, con 93 por ciento de los votos escrutados, se mantenía en el segundo lugar, con un 12 por ciento, Roberto Sánchez, partidario del depuesto expresidente izquierdista Ramón Castillo, con una ventaja sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga que ha pasado de 7.000 y 20.000 votos a medida que avanzaban los cómputos.
Las actas observadas, que representan casi 6 por ciento del total (unos 900.000 sufragios) podrían romper esa paridad y cambiar el resultado, de ser finalmente admitidas.
El comicio debió extenderse al lunes, por problemas en la distribución de urnas y boletas de votación, que retrasaron la apertura de la jornada en varios centros electorales en Lima y dejaron a unos 50.000 electores sin votar.
En los primeros cómputos López Aliaga aparecía en segundo lugar tras Keiko Fujimori, pero al comenzar a ingresar los votos de los distritos rurales fue desplazado por Sánchez. Entonces denunció sin pruebas un supuesto fraude y exigió al Jurado Nacional de Elecciones, anular el comicio y amenazó con convocar a la “insurgencia ciudadana”, emulando lo hecho en su momento por Donald Trump y Jair Bolsonaro ante la evidencia de la derrota.
Posteriormente ofreció compensar con hasta 20.000 soles (unos 5.700 dólares) a los funcionarios electorales que le entregaran evidencias para sustentar sus acusaciones.
El “caos” logístico es apenas una de las tantas manifestaciones de la profunda crisis política. Aunque es una de las economías más estables de la región, Perú ha tenido ocho presidentes en la última década, la mitad de ellos destituidos por el Congreso.
El verdadero telón de fondo
En el trasfondo de la inestabilidad institucional se desarrolla la disputa interimperialista por el control de los recursos y la hegemonía política; principalmente entre los Estados Unidos y China. Perú ha sido uno de los escenarios favoritos del desembarco chino en América Latina de las últimas décadas.
El último presidente en ser depuesto, José Jeri, que duró sólo cuatro meses en el cargo, cayó al descubrirse que mantenía reuniones informales y secretas con el empresario chino Zhihua Yang, vinculado a negocios estratégicos.
La inauguración en 2024 del megapuerto de Chancay, una gigantesca infraestructura construida con capital chino a unos 80 kilómetros al norte de Lima reafirmó una alianza estratégica que hizo saltar las alarmas en la Casa Blanca de Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos está ahora decidido a revertir la tendencia.
Ambas naciones tienen importantes lazos desde el siglo 19, cuando Perú recibió a cientos de miles de migrantes chinos que llegaron para compensar la escasez de mano de obra agraria provocada por el fin de la esclavitud. Muchos echaron raíces allí y hoy Perú es uno de los países del mundo con una mayor comunidad china.
China superó a los Estados Unidos como principal socio comercial de Perú a partir de 2010 y la brecha no ha parado de aumentar. De acuerdo con los datos del gobierno peruano, China absorbe actualmente el 36% de las exportaciones peruanas, entre ellas de cobre y litio, que tienen un peso cada vez mayor para la producción de coches eléctricos y otros aparatos de última tecnología y Perú lleva años exportándolos masivamente a China.
Capitales chinos controlan Las Bambas, una de las mayores minas del país y uno de los mayores centros de producción mundial de cobre, propiedad de la multinacional china MMG. Desde hace tres años, todo el suministro de electricidad del área metropolitana de Lima está en manos de compañías chinas.
Pero lo que el gobierno de Donald Trump parece ver como el mayor revés estratégico en los últimos años es la inauguración del megapuerto de Chancay. Controlado por la compañía estatal china Cosco Shipping Ports, Chancay se está posicionando como uno de los principales nodos logísticos de redistribución hacia China en la región. Está pensado para canalizar las mercancías que vienen de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia hacia Asia.
La Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado publicó un inusual mensaje en X. Washington se decía «preocupado» porque «Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores».
Washington ha complementado su estrategia de críticas a China reforzando su colaboración con Perú en seguridad y defensa, ámbito en el que aún lleva la delantera. El pasado enero, Trump firmó la designación de Perú como un Aliado Principal No Miembro de la OTAN, el mayor grado de colaboración en materia de defensa que Estados Unidos otorga fuera de la Alianza Atlántica.
Washington aprobó también la venta de material militar a Lima por valor de US$1.500 millones y empresas estadounidenses participarán en la remodelación de la base naval de El Callao, una de las mayores instalaciones militares de la Armada peruana.
Escribe Hilario Acuña
Foto: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
hoy N° 2105 22/04/2026
