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02 de febrero de 2011

Los compañeros docentes del Suteba Quilmes ante la decisión del gobernador Scioli de imponer policías en las escuelas, y frente al intento de bajar en la edad de imputabilidad de los menores.

¿Policía en las escuelas?

Hoy 1354 / Consejo Ejecutivo Suteba Quilmes

En un comunicado fechado el 28 de enero de 2011, expresan:
La verdad es que los argentinos vivimos pensando qué nueva situación nos aguardará al despertar cada día. Dicho en buen criollo: “no ganamos para sustos”.

En un comunicado fechado el 28 de enero de 2011, expresan:
La verdad es que los argentinos vivimos pensando qué nueva situación nos aguardará al despertar cada día. Dicho en buen criollo: “no ganamos para sustos”.
Los diarios del 28 de enero de 2011, informan que el gobernador Scioli decidió que el 28 de febrero, día en que decidieron que comiencen las clases (otro despropósito) va a haber un policía en cada escuela de la provincia de Buenos Aires, “teóricamente” para dar información y folletería a la comunidad educativa acerca de cómo protegerse del delito.
La policía de la provincia de Buenos Aires tiene una larga historia de descrédito ante la población, no sólo por numerosos actos delictivos en los que está involucrada, sino también por el maltrato sistemático (sobre todo a los menores) en las calles y en las comisarías. Basta recordar en Quilmes, la muerte de los menores en la Comisaría 1ª, los abundantes casos de “gatillo fácil”: en nuestra ciudad tenemos como ejemplo a Carla Lacorte y a Damián Rosende.
El gobierno pasó de decir que el delito era una “sensación” a querer poner un policía en la puerta de cada escuela.
Esto nos tiene que hacer pensar, cuando todos los sectores reaccionarios de la sociedad, están pidiendo la baja en la edad de la imputabilidad de los menores.
Incluye la posición del gobernador Scioli y ahora la de la presidenta de la Nación.
¿No resulta una política perversa vaciar de presupuesto los hogares sustitutos o desfinanciar los consejos locales de atención y protección de los derechos del niño y después apelar a las fuerzas represivas para penalizar lo que el Estado no quiso prever?
¿Son los menores los causantes de la proliferación del delito? ¿Son los menores los que acceden libremente a las armas (en algunos casos de guerra) para cometer delitos?
Los 700.000 adolescentes y jóvenes que no estudia ni trabaja. ¿Qué porvenir tienen? ¿Qué salida les da esta sociedad y este sistema?
¿Los 700.000 chicos que han quedado excluidos de la asignación por hijo, porque no tiene carácter de universal, qué condiciones de vida tienen?
Perseguir y encarcelar menores es más fácil que enjuiciar a los narcotraficantes, a los tratantes de blanca, que hacen estragos entre las chicas de las barriadas más pobres, a los que tienen la plata y los medios para delinquir y cuentan con la protección de la policía, la justicia y el poder político para envenenar con el paco a los jóvenes.

Vivimos una gran mentira
¿La respuesta a la delincuencia juvenil no habrá que buscarla en el cierre de las fábricas?
¿No habrá que elaborar políticas que garanticen que los niños y jóvenes asistan a las escuelas, brindándoles todo lo necesario para ello? Hace dos años que la provincia no provee guardapolvos, ni útiles escolares, ya que, para la lógica de los políticos, con la asignación por hijo se acabó el hambre y los padres pueden comprar los materiales necesarios para que los chicos asistan a las escuelas.
Este razonamiento se da de patadas con la realidad, ya que no se garantiza la permanencia y egreso de la matrícula en la escuela secundaria, entre otras cosas porque han hecho incompatibles las becas con la asignación por hijo. La triste novedad, además, es que en el año 2010 se inscribieron casi mil alumnos menos en las escuelas primarias de Quilmes.
Seguramente usarán este argumento en contra de los docentes, como hizo Tedesco, diciendo que los chicos no van a la escuela o no aprenden por la mala calidad de docentes que tenemos, o por la cantidad de licencias que se toman.
Las estadísticas oficiales hablan de un 6,4% (2 millones 600 mil personas) en estado de indigencia y un 23,8% (9 millones 668.750 personas) en estado de pobreza.
No existe la posibilidad material de que desaparezca el delito mientras no haya trabajo genuino para los mayores y los niños y jóvenes tengan acceso a la educación, a la salud, al deporte, en forma gratuita garantizado totalmente por el Estado.
Los que están trabajando en las escuelas de verano saben que los chicos comen apurados para poder repetir. Que muchas mamás van a las escuelas con sus hijos para comer un plato de comida, y que lo que sobra se lo llevan.
Vivimos una gran mentira. Seguramente nos van a mostrar las estadísticas de los veraneantes en Mar del Plata para hacernos creer que “estamos mejor”.
La verdad es que, sólo en el sector docente, la gran mayoría de los compañeros y compañeras no pudieron salir de vacaciones, ya que la forma que ha adoptado este gobierno para recaudar más en concepto de IVA y depreciar los salarios, es la inflación.
Como sindicato que lucha permanentemente por los derechos de los docentes y de la comunidad educativa, nos pronunciamos firmemente en repudio al proyecto de la baja de la edad de imputabilidad de los menores y a la intención de meter la policía en las escuelas.
Por el contrario, debemos unirnos férreamente a la comunidad educativa de cada escuela, para trabajar en conjunto la inscripción y asimilación de los chicos y jóvenes al proceso educativo.