Estos crímenes no son hechos aislados. Son parte de una escalada que se agrava. El gobierno de Javier Milei ha desmantelado áreas clave para la protección de mujeres y diversidades. La eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el recorte de fondos destinados a refugios y programas de prevención, y la negación sistemática de los femicidios configuran una política que tiene consecuencias concretas: envalentona a los sectores machistas, legitima el odio y deja a las víctimas aún más expuestas.
La ofensiva ideológica
El ataque al concepto de género por parte del presidente y sus funcionarios es sistemático. Se desconoce la violencia estructural y se promueve una visión patriarcal que invisibiliza la violencia machista. En el Foro de Davos, Milei afirmó que “el feminismo radical, la ideología de género y el ecologismo extremo han sido manipulados para justificar la expansión del Estado y erosionar la libertad individual”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha propuesto eliminar la figura jurídica de femicidio y promueve una ley contra las supuestas “denuncias falsas”, una iniciativa que intimida a las víctimas y desalienta la denuncia.
El 16 de octubre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reforzó esta narrativa que deslegitima el feminismo, responsabiliza a las mujeres y desactiva el rol del Estado como garante de derechos. Su declaración sobre las mujeres “empoderadas” no fue ingenua: invierte la responsabilidad, culpabiliza a las víctimas por su propia situación y desconoce las políticas públicas de prevención, legitimando el discurso machista.
Discursos que matan
El caso de Pablo Laurta -femicida que fundó un grupo de “varones víctimas” de denuncias falsas y seguidor de los referentes ultraderechistas Agustín Laje y Nicolás Márquez- revela cómo los discursos de la llamada “batalla cultural” alimentan un machismo violento e impune. Laurta asesinó a su ex pareja, a su ex suegra y secuestró a su hijo. Mientras tanto, la justicia avanza con lentitud y las víctimas permanecen desprotegidas.
Detrás de los discursos misóginos hay un proyecto político que combina ajuste, negacionismo y violencia. Cuando el Estado legitima el odio, los femicidas se sienten habilitados. Cuando se ataca la Educación Sexual Integral (ESI) y se recortan los programas de prevención, se refuerza una cultura machista que mata.
Femicidios recientes que conmocionan
La violencia de género no se mide únicamente en estadísticas. Detrás de cada número hay una vida truncada, una familia devastada, una comunidad herida. Y también hay responsabilidades políticas: discursos que habilitan el odio, decisiones que desmantelan políticas públicas, presupuestos que desaparecen.
Los casos recientes estremecen por su brutalidad y frecuencia. Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez fueron víctimas de un triple femicidio en Florencio Varela. Luna Giardina y Mariel Zamudio fueron asesinadas en Córdoba. Gabriela Arací Barrios, en Chaco. Daiana Mendieta, en Entre Ríos. Adriana Miriam Velázquez y Mariana Belén Bustos, madre e hija, fueron calcinadas en Bahía Blanca. Daiana Raquel Da Rosa fue asesinada en Comandante Andresito, Misiones. Azul Semeñenko fue víctima de un transfemicidio en Neuquén.
Cada uno de estos nombres representa una vida arrebatada, una familia destruida, niños que quedaron sin madre, una sociedad que sigue sin poder proteger a sus mujeres y diversidades.
Reclamo urgente por la Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género
Argentina atraviesa un estado de emergencia frente al alarmante incremento de crímenes vinculados a la violencia de género.
El gobierno no solo ha fallado en prevenir esta violencia, sino que ha contribuido a su legitimación. La política de ajuste y recorte presupuestario ha desmantelado áreas clave de protección, dejando sin conducción ni financiamiento a más de 50 programas de prevención, asistencia y formación tras la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. La línea 144, que brinda atención a víctimas, opera con recursos mínimos y sin articulación territorial. Se han cerrado refugios, cancelado capacitaciones y desfinanciado campañas de concientización.
Frente a este panorama, el reclamo es urgente y concreto: declarar la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres. Esta medida debe incluir acciones integrales de prevención, educación, asistencia, refugio, justicia y reparación, respaldadas por presupuestos reales y sostenidos. Es imprescindible asignar fondos específicos, crear protocolos urgentes, fortalecer redes territoriales y establecer sistemas de alerta temprana. Cada día sin acción es una vida en riesgo.
En este contexto, el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades -que se realizará los días 22, 23 y 24 de noviembre en Corrientes- se presenta como un espacio clave para debatir, organizarnos y avanzar en la lucha por esta declaración. La urgencia no admite demoras.
Escribe Liliana Robles
