“Nos matan por ser mujeres, y porque el Estado permite que nos maten”. Esta frase fue una de las más repetidas en Jujuy luego de los crímenes que en octubre de 2020 llevaron a las mujeres y a las comunidades de cada localidad y de toda la provincia a las calles y rutas por la ola de femicidios que desembocó en la declaración de emergencia provincial y del Poder Judicial. Deberíamos poder traducir esto en ejemplos concretos, que nos sobran. Por ello iniciamos esta seguidilla de capítulos semanales que pone sobre la mesa casos concretos de femicidios y violencia machista, para analizar cómo se podrían haber evitado y sostener, con fundamentos, que todo femicidio es evitable, y que por eso lo llamamos feminicidio (con esa acción omisión estatal que aporta su responsabilidad).
¿Es la solución la reforma judicial feminista?
No es menor el debate sobre si los femicidios y la violencia machista pueden frenarse. Porque de ello depende la unificación del movimiento de mujeres en el reclamo de políticas públicas específicas que garanticen ello. El poder judicial, cuando interviene en forma deficitaria, le echa la culpa al poder ejecutivo de esas muertes. El poder ejecutivo, cuando interviene en forma deficitaria, le echa la culpa al poder judicial de esas muertes. Y ahora, mirando solo para uno de esos lados (en forma tuerta), se instala como una forma de arrastrar ciegamente al movimiento de mujeres para objetivos claramente de un sector particular de las clases dominantes, la llamada “reforma judicial feminista”. Rechazamos esos intentos, y queremos desmenuzar que necesitamos que ambos poderes hagan lo que deben hacer. Y que no solo se trata de evitar la escalada de violencia machista en el caso particular, sino que también necesitamos acciones que apaguen el fuego de esa olla que es el caldo de cultivo de todas las violencias machistas. Ahí, desde ya, encontramos un límite claro: si el sistema de opresión capitalista necesita del patriarcado para sobrevivir, la batalla feminista anida como germen revolucionario en una sociedad que no nos concederá pacíficamente su caída. La lucha del movimiento de mujeres necesita una vanguardia revolucionaria, para desembocar en la confluencia que logre esos cambios revolucionarios.
Marina Patagua y un nuevo femicidio en Jujuy
Marina Patagua en el año 2018 realizó una denuncia policial por violencia de género contra Carlos Gutiérrez. Supimos de ella porque sus hijas, luego de que fuera asesinada el 12 de febrero de 2021, encontraron una constancia policial de esa denuncia en la casa. En diciembre de 2020 volvió a realizar una denuncia; esta vez las agresiones físicas habían sido delante de la familia. El juez Pullen Llermanos, habilitado como juez especializado en violencia en la feria de enero de 2021, ordenó su libertad. No importó que un informe de riesgo señalara el riesgo del caso, y que constancias del expediente indicaran que ambos estaban atravesando nuevamente la etapa de luna de miel del círculo de violencia.
La libertad de Gutiérrez duró desde su libertad lo que la vida de Marina Patagua. Vecinos intentaron socorrerla en su casa del Barrio Huaico pero fue vano. La policía cuando logró entrar y llevarla al hospital, también logró evitar el intento fallido de suicidio del femicida. Pero Marina murió, para decirnos, en medio del dolor, que ni todas las luces prendidas sacuden a un Estado para que nos salve de la violencia machista.
Lo que el Poder Ejecutivo no hizo
Y desde allí, comenzamos a desandar el camino que llevó a esta tragedia, último peldaño de ese ejercicio de violencia machista. Hay muchos detalles, pero uno que es central, es que desde 2018 no hay constancia alguna de que el Consejo Provincial de la Mujer (poder ejecutivo) la haya acompañado a pesar de haber tomado noticia, el Estado, a través de su denuncia policial (también poder ejecutivo), de que ella padecía violencia de género. Por eso en la marcha nacional por Ursula (y por Marina en Jujuy), reclamamos a ese Consejo que nos informe qué convenios tiene con el Superior Tribunal de Justicia, con el Ministerio Público de la Acusación y con el Ministerio de Seguridad (que dirige la policía provincial) para que cuando y donde llegue la noticia de existencia de violencia machista, el Consejo Provincial pueda actuar. Actuar especialmente en el acompañamiento que requiere esa mujer para fortalecerse, y no volver a caer en el círculo de violencia, tan estudiado por la psicología y otras disciplinas. Actuar en forma directa para brindar protección a través del Ministerio de Seguridad, incluso sin orden judicial (guardia policial, por ejemplo).
A la inexistencia total de registros de parte del Consejo Provincial de la Mujer respecto de lo que padeció Marina desde 2018, se sumó en la causa por su femicidio la intención del mismo, conforme decreto del gobernador de octubre de 2020 (cuando hizo humo para simular que daba respuesta a la demanda social por la violencia machista y los femicidios) de ser parte querellante en la causa penal al margen de las hijas, que ya habían constituido la propia querella con su abogada particular. Esta pretensión de lavarse la cara a pesar de sus omisiones en la causa penal fue rechazada por las hijas, quienes apelaron la resolución que otorgó calidad de querellante al Consejo Provincial de la Mujer. Hoy esa apelación está en trámite.
Lo que el Poder Judicial hizo
Lo que hizo el Juez Pullen Llermanos (y que no contó con la apelación del Ministerio Público de la Acusación, a pesar de su dictamen contrario a otorgar la libertad de Gutiérrez) fue saber, por el informe de riesgo, por las palabras tanto de Gutiérrez como de Marina, que el círculo de violencia estaba nuevamente en su etapa de luna de miel, y que la libertad de Gutiérrez implicaba que ese círculo siguiera rodando. Ordenó su libertad con una medida de restricción que se violaría. Y a pesar de poder mantener la prisión en base a normativa vigente en nuestro país (Convención de Blem do Para y CEDAW), o incluso ordenar el uso de dispositivos de geolocalización para controlar su cumplimiento (unos meses antes protocolizado su uso por el Superior Tribunal de Justicia) solo ordenó esa restricción. A la muerte de Marina, siguió la indignación de la comunidad y un escrache al Juez en su juzgado en dos oportunidades.
La respuesta pública de Pullen Llermanos fue más indignante. Dijo en conferencia de prensa que no es posible saber lo que va a pasar, tampoco mantener detenciones porque la ley no lo permitía, que había que pedirle a la Legislatura la modificación de las normas, y que el control de la media de restricción estaba en manos de otros, no del juez (a lo que la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer contestó que no sabía nada). También dijo, para sintetizar, que la culpa era de la víctima y los hijos que sabían que ella había vuelto con el femicida.
La respuesta del movimiento de mujeres fue iniciar el pedido de jury el 8 de marzo, precediendo con esta acción la inmensa movilización de la tarde.
El jury no solo cuestiona la falta de perspectiva de género (requisito que debe ser esencial para designar a un juez/jueza en dicho cargo), sino que desnuda el desapego del juez a las leyes nacionales y provinciales. Descubrimos, en el trascurso de la confección de la denuncia, que Pullen también había liberado a otro violento en diciembre de 2020 en un caso de lesiones agravadas por violencia de género, que en julio de ese mismo año había sido condenado a 4 años y 6 meses de prisión por encubrimiento agravado en el femicidio de Gladis Condori, mujer humahuaqueña asesinada en el año 2017. En este caso concreto (condena previa) Pullen Llermanos actuó apartándose de la ley expresa. Lo insólito resultó ser que a este mismo violento, en el caso de Gladis Condori, lo había defendido el primo del juez (todos datos que obran en la sentencia publicada en la página web del Poder Judicial de Jujuy).
Hoy tenemos una campaña para lograr la destitución del Juez Pullen Llermanos, que la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy intenta nacionalizar. El camino del jury comenzó con el sorteo de jueces que llevarán a cabo el sumario previo, donde uno de ellos resultó ser el nuevo Juez del Superior Tribunal de Justicia, Ekel Meyer. El mismo que era Ministro de Seguridad durante los femicidios de octubre, donde la policía resultó responsable directa de la no búsqueda de Iara Rueda (un femicidio que marcó el antes y el después en la provincia), y que incluso con el femicidio de Roxana Mazala culpabilizó a la víctima por haber vuelto voluntariamente con el femicida (luego suicida) a pesar de la orden de restricción. Esta misma cuestión motivó el pedido de recusación con causa en el expediente en el que se tramita el Jury a Pullen Llermanos.
Tenemos un gran desafío: clarificar las causas que terminan en femicidios. Lo que en la emergencia el Estado (con sus tres poderes) debe hacer. En relación al autor directo del femicidio, hay que ver en qué olla inmensa de cultivo de violencias estaba inserto. Qué educación le faltó (y desde ya aportó en ese camino), y qué acciones estatales estuvieron ausentes -y presentes- en la conformación de su concepción de propietario de una mujer, en este caso Marina Patagua. Sin lugar a dudas, el abandono del Estado a Marina, por lo menos desde 2018, implicó un verdadero empoderamiento del violento, una verdadera legitimación de sus ideas y acciones machistas.
Escribe Mariana Vargas
