El “descubrimiento” de la pérdida del autoabastecimiento —que la presidenta de la Nación proclamó en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del corriente año— prologó una serie de medidas —delegadas en los gobernadores de la OFEPHI— que se focalizaron en la todavía más grande de las empresas concesionarias de las principales áreas de petróleo y gas: YPF S.A. Así se instaló a Repsol-YPF —que tenía la mayoría accionaria y el control de la empresa— como único incumplidor de los contratos, y factor excluyente del retroceso en el desarrollo de la producción y provisión local de los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Cuando la única explicación de la formidable crisis energética actual —a la que contribuyó sin dudas la caída de la oferta local hidrocarburífera— es el mantenimiento —durante los últimos gobiernos— de las nefastas políticas de privatización y entrega de nuestras empresas públicas, y en particular las emblemáticas YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) y Gas del Estado. Con el agravante de la entrega de las reservas probadas de petróleo y gas a un grupo de monopolios extranjeros a través de los contratos de concesión renegociados a su favor y a través de administraciones provinciales que actuaron al servicio de una gestión depredatoria del recurso y de saqueo de tales monopolios.
El actual plan del Gobierno siguió con la intervención de la empresa y la posterior expropiación legal del 51% de la propiedad accionaria de Repsol-YPF. La ley Nº 26.741(04/05/2012) declara de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos; crea el Consejo Federal de Hidrocarburos; declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A., el que a su vez se particiona en el 51% para el Estado nacional y el 49% restante “se distribuirá entre las provincias integrantes de la OFEPHI”. La intervención bi-ministerial de De Vido y Kicillof toma el control de las empresas mencionadas y —en cumplimiento de los principios de la ley sancionada (Art. 16), que incluyen el “gerenciamiento a través de una gestión profesionalizada”— se designa al Ing. Miguel Galuccio, cuyo currículum —amén de su identificación política con el relato oficial— lo consigna como ex – representante de la misma Repsol y —más recientemente— del monopolio Schlumberger, de capitales imperialistas norteamericanos, ingleses y otros, y especializado en servicios de ingeniería y desarrollo de yacimientos no convencionales de petróleo y gas.
EL "INFORME MOSCONI"
Más recientemente (01/06/2012), se publicó el informe de la intervención ministerial conjunta, llamativamente autotitulado el “Informe Mosconi”. Aludiendo a quien —a diferencia de los ideólogos oficiales actuales y muchos de su época— pudo erigir la gran empresa petrolera argentina, nacional, estatal y eficiente. Y el Gral. Ingeniero Enrique Mosconi, junto al Gral. Baldrich, lo hicieron en lucha contra la corporación de los capitales imperialistas que —durante la primera mitad del siglo XX— se expandían en los mercados de Sudamérica (Standard Oil y otras).
Más allá del corrosivo revisionismo histórico “nac & pop”, ese Informe —a través del despliegue de abundante y significativo material estadístico— revela un secreto a voces: la estrategia de Repsol-YPF en nuestro país implicó una política de depredación, desinversión y desabastecimiento para lograr su objetivo de extraer y llevarse afuera plusganancias aún en mayor cantidad que las generadas:
En miles de millones de U$S, entre 2000 a 2007 ganó 28,7 y repartió 30,3, y entre 2008 a 2010 ganó 12,9 y repartió 14,9. Es decir, que sólo hasta 2010 y prácticamente desde que tomó control de la compañía produjo un saqueo de 45,2 mil millones de dólares.
Lo que calla el Informe es la responsabilidad del propio Gobierno en la consumación de ese saqueo y del saqueo adicional de los otros grupos monopólicos extranjeros que operan en el sector: Pan American Energy, que con la compra de la refinería Esso-Campana pasó a ser una empresa integrada, la Total francesa, Chevron norteamericana, Pluspetrol, Tecpetrol y Enap Sipetrol con diversas asociaciones, para nombrar los más significativos. La propia performance de Petrobras no la diferencia en lo esencial respecto del comportamiento de las otras.
El caso de Panamerican Energy (PAE) tiene particular importancia por ser la segunda del sector petrolero de nuestro país. La British Petroleum mantiene el 60% de la propiedad accionaria. El 40% restante pertenece a Bridas, reconocida asociación de Bulgheroni con el imperialismo ruso. Últimamente Bulgheroni vendió la mitad de sus acciones a la empresa estatal china CNOOC con la intención de quedarse con la totalidad de PAE, lo que se ha visto frustrado, según trascendió, por la oposición del Almirantazgo inglés, aunque sigue manteniendo el gerenciamiento de esta petrolera integrada.
Calla también el Informe la estrategia K de asociarse en YPF a través del Grupo Petersen —lo que Néstor Kirchner llamó “argentinización”— y que fue otro negociado del que salieron beneficiados Repsol, Esquenazi —quien también preside el privatizado banco de Santa Cruz— y el grupo financiero encabezado por el banco Credit Suisse que, a fines de los ’90, recibió del gobernador Kirchner —impulsor junto a su esposa de las privatizaciones— los 500 millones de petrodólares asignados a la Provincia de Santa Cruz por la privatización de YPF, los cuales se “perdieron” en la maraña contable de esa provincia.
Todos esos monopolios, en disputa entre si, participaron de la fiesta de bajos costos de producción, con salarios devaluados post-convertibilidad y exportaciones a precios internacionales crecientes. Todos ellos “la juntaron en pala”, como dice nuestra Presidenta, y se la llevaron para apalancar sus inversiones globales donde consiguieran la mejor tasa de ganancia y “seguridad” para sus capitales, desinvirtiendo y vaciando las empresas en nuestro país, con el consecuente impacto en la permanente caída de producción y reservas.
Es posible mostrar, aún partiendo de los limitados datos oficiales publicados, que no hubo modelos buenos a imitar con la administración privada del negocio y su “des-control” estatal. Asistimos a un enmarañado debate en los medios, donde el argentino que quiera saber cómo se están defendiendo sus intereses tendrá que filtrar los argumentos acorde a los intereses que cada uno representa. Los responsables de la gestión depredatoria del recurso natural en su máxima expresión son todos los que impulsaron y sostuvieron las políticas privatistas y antinacionales que arrancaron en 1989 y nunca se abandonaron. Aquí cabría aplicar para ellos la más gritada consigna del Argentinazo de fines de 2001: ¡Que se vayan todos!
SEDUCIR AL CAPITAL
Dichas políticas se revisten ideológicamente, pueden ser neoliberales o neo desarrollistas, pero tienen el común denominador de afirmar que sólo la inversión externa de capitales —asociada con burgueses intermediarios locales— y las empresas proveedoras de tecnología —también extranjeras— pueden explotar exitosamente el recurso natural y desarrollar el sector hidrocarburífero. Y para contar con esas fabulosas inversiones —que para el desarrollo de los yacimientos no convencionales (shale oil, shale / tight gas) se estiman en U$S 5.000 millones por año— hay que ofrecer condiciones atractivas, “hay que seducir al capital”, convirtiendo la actividad —que es sumamente rentable de por sí— en una suerte de fiebre del oro negro. Los lobbistas no dudan en promocionar esas políticas, auspiciando colocar banderas de remate sobre nuestros yacimientos. El camino virtuoso de recuperación de nuestra soberanía energética y desarrollo del sector supone combatir esta falacia.
Para “que el árbol no nos tape el bosque”, la necesaria crítica al desenvolvimiento de Repsol-YPF hay que contextualizarla y observar el sistema en su conjunto. Desde ya, es necesario reconocer la importancia de esta empresa, por el rol histórico fundacional, y en muchos aspectos ejemplar, que excede lo específicamente productivo. Que en su dimensión estatal proyectó una misión pionera, de desarrollo social integrador, que ningún capital privado puede posibilitar. También por su participación preponderante en todas las etapas de la actividad empresaria del recurso natural: exploración, explotación, transporte, almacenamiento, refinación y comercialización. Por ello, aquí queremos poner en evidencia que —además de Repsol, que hoy explica algo más del 30% de la oferta hidrocarburífera— los que han capturado el otro 70% son co-responsables en la caída de las reservas y la producción, a las que han sacrificado en aras de maximizar sus ganancias.
INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS
Los incumplimientos de contratos de concesión en materia de inversiones son una medida de la responsabilidad compartida en la caída de las reservas. La publicación de los planes declarados a la autoridad energética sobre metas anuales de inversión en contraste con lo efectivamente realizado hablan por si mismos de esta causal de la crisis.
Los cuadros que se presentan a continuación lo muestran:
Promedios anuales de Inversión, 2006-2010, en millones de U$S (Todas las empresas)
Planificado Realizado % Diferencia
4.585,72 3620,01 78,9 -965,71
Los valores consignados son de por sí demostrativos de una insuficiente reinversión, que ni siquiera respetan los compromisos asumidos con la autoridad regulatoria estatal. Si tenemos presente una renta anual del orden de U$S 12.000 millones, correspondería a un 30%, cuando internacionalmente se está entre el 40 y 50%.
La apertura de esas inversiones en Explotación y Exploración es muy significativa, veamos:
Es claro que la inversión en exploración ha sido una burla y un engaño a todos los argentinos, y es lo que siempre señalamos como causa principal de la caída ininterrumpida de las reservas. Pero también se demuestra que para la explicación de este déficit hay una contribución de todas las empresas concesionarias. En particular se destaca el retroceso en los últimos años de Petrobrás de la posición que tuviera luego de la compra de las empresas del grupo Pecom Energía, en los primeros años de la década noventista; retroceso que facilitó la aparición concomitante de Cristóbal López y su empresa OIL S.A., un representante de la nueva clase petrolera “nacional”.
Esas empresas urden alianzas y lobbies para quedarse con una mejor porción de la torta. El gobierno nacional, que ha tomado la decisión de expropiar a Repsol por causa de utilidad pública, deberá no indemnizar a quien nos ha saqueado.
No obstante, no se ha dado todavía una señal clara para cambiar de raíz la política que nos hunde cada vez más. La propia ley de expropiación es explícita en proponer las formas de asociación con los capitales externos que mantienen las condiciones para una nueva aventura de entrega económica y dependencia tecnológica. El grupo de los gobernadores de la OFEPHI defienden intereses creados —que ponen por sobre la Nación y las otras provincias ninguneadas— y se manifiestan como un coro desafinado, donde lo único que los unifica son las apetecidas regalías. Sólo hace un año. el gobernador neuquino Jorge Sapag expresaba que, según su estimación, en un lapso de cuatro años sólo la cuenca neuquina estaría en condiciones de “abastecer el gas que consume la República, más el que se puede perfectamente exportar por los gasoductos que hoy están ociosos a Chile y que han costado miles de millones construir”, triste presente de lo que dejó la fiesta exportadora. Ese anuncio exitista —junto al entonces prohijado Esquenazi, y difundido en teleconferencia por la presidencia— se basaba en una fabulosa inversión futura sobre yacimientos no convencionales. Este gobernador —en su megalomanía— hace la apología de la política energética aplicada, que al mismo tiempo que permitía vaciar la empresa elogiada —vía fuga de capitales e incumplimiento de sus obligaciones contractuales de inversión— propicia megaproyectos con subestimación de las prioridades de un desarrollo racional, y subestimación de los riesgos técnicos y medioambientales, con las supuestas tecnologías especializadas. Pero, por ejemplo, ¿la British Petroleum no ocasionó acaso —con su megaderrame en perforaciones off shore— el más grande desastre ecológico de toda la historia en aguas del Golfo de México? O, también, ¿no hay Estados de los E.E. U.U. y Canadá que han inhabilitado las operaciones en yacimientos no convencionales, por las serias consecuencias contaminantes de suelos y napas freáticas?
EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION APROBADA EN 1949
La continuidad de la ruinosa política energética se expresa en no cuestionar los nefastos decretos de Menem —aún vigentes— que les dan a los monopolios la disponibilidad del crudo y gas extraído, apropiándose del recurso y la renta que encierra, y permitir la fuga de capitales vía la remisión al exterior de sus plusganancias. Vemos a los gobernadores de la OFEPHI erigidos en jeques provinciales, amparados en el concepto que reafirma el secretario de Política Económica Axel Kiciloff en el Senado de la Nación, cuando explicó que las provincias pertenecientes a la OFEPHI son las dueñas de los recursos, aventurándose a predecir que la reinversión de las utilidades tendrá una mejor colocación en estas provincias. Ese concepto, heredado de la década menemista, al que se le dio rango constitucional (reforma de 1994), se lo aplicó por medio de la “ley corta” en 2006. Da a las provincias la posesión originaria de los recursos en tanto los reservorios formen parte del territorio provincial, la facultad de administración de las concesiones y autoridad sobre sus renegociaciones.
Los que se reclaman peronistas debieran saber que abjuran del patriótico Artículo 40 de la Constitución de 1949 que establecía que: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”. La partición de la jurisdicción (aunque sea un debate de constitucionalistas) sobre los yacimientos hidrocarburíferos es una hábil táctica imperialista del “divide y reinarás”, por la que buscan “asociaciones” de carácter mercantil con los Estados provinciales y sus representantes, impidiendo la única garantía de una acertada política estratégica nacional, que es la nacionalización de las reservas y el producto extraído, junto a su administración centralizada para preservar el mejor interés federal; es decir de todas las provincias y no del subconjunto de ellas que surge de la intersección artificial de la división política geográfica y la naturaleza; esto es sin menoscabo de las regalías que correspondan, como está ínsito en la frase in fine del citado Artículo 40. Los pequeños jeques provinciales quieren ver incrementada su porción de la renta aún a costa de conceder concesiones gravosas, mayores precios a otorgar “en boca de pozo”, sin auditar costos, disponibilidad del producto para exportar y disponibilidad de las divisas de esas ventas. Esto no es soberanía energética, tal como se proclama conseguir, apunta a otro negociado, para el cual se preparan los monopolios extranjeros.
Fue tan bochornosa, corrupta e inconducente la política entreguista desarrollada por Menem y continuaron los posteriores gobiernos, que la derecha oligárquica prefiere mostrar la racionalidad de la YPF estatal “de mercado”, forma que adoptó con las políticas del Plan Houston, o aún mostrar la YPF mixta de Estenssoro, que quería “cuidar” la emblemática empresa de bandera. Esa derecha se aparta, por racionalismo económico, del tramo que se inicia con la liquidación y venta a Repsol y sigue con los experimentos de la supuesta “argentinización” de los gobiernos K.
EL AUTOABASTECIMIENTO
Por cierto, será necesario cerrar filas contra esa derecha que en aras de la sagrada propiedad privada hará campaña junto a los imperialistas que nos atacan desde sus Estados, como Inglaterra, o la Unión Europea, o instrumentan organismos como la OMC y el CIADI; y resistirán cualquier intento de afianzar la soberanía energética y la independencia económica respecto a ellos.
He entrecomillado en la primera frase de este artículo la palabra “descubrimiento”, referida a la pérdida del autoabastecimiento del recurso, porque salvo una ceguera ideológica —que es la explicación en última instancia— no se puede descubrir ahora algo que se venía insinuando desde 1999, año desde el cual y monótonamente viene cayendo la producción de petróleo. Y desde los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner caen las reservas de gas natural en medio de una fiesta exportadora del recurso. Eran síntomas inequívocos de la ruinosa política de entrega de nuestros recursos naturales que venían madurando con las transformaciones estructurales de la década del 90.
Quienes hemos venido ilustrando la evolución del sector energético luego de la recuperación de la gran crisis política, económica y social de 2001/2, sólo debemos remitirnos a las publicaciones de este periodo. Ayer, el gobierno negaba la crisis energética ya instalada en la infraestructura del modelo aplicado. Hoy asistimos a un agravamiento de esa crisis que va a tener consecuencias más gravosas aún para nuestro pueblo, porque es sobre quien invariablemente se descarga.
Perder el autoabastecimiento significa que el producto final (principalmente combustibles) de la actividad integral del recurso ya no tiene un balance positivo para la economía nacional. Es decir, el país pasó a ser un importador neto de esos insumos energéticos que representan aproximadamente el 90% de la matriz energética nacional.
Ello encierra no sólo perder divisas para nuestro desarrollo, ya que no tiene contrapartida en alguna exportación, y menos de origen industrial, sino hacer perder al país la ventaja económica comparativa de su costo como productor e industrializador racional del recurso, respecto del costo internacional como importador. Valor internacional que no obedece a una ley de la libre concurrencia al mercado mundial, sino a factores especulativos que se juegan en la OPEP junto a las grandes potencias, que en definitiva controlan los grandes flujos internacionales. Poderosos intereses que no trepidaron en generar guerras en el pasado (v.g. la guerra del Golfo) ni tensiones de guerra hoy (v.g. en el estrecho de Ormuz, contra Irán) Esa pérdida para nuestro país redunda necesariamente en contra del apalancamiento de las principales actividades productivas de la industria, el agro y los servicios, que en conjunto son demandantes intensivos de combustibles.
En el pasado mes de junio se publicó una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación que otorga una “compensación” de U$S 28 por barril de crudo que los productores-exportadores locales pueden adicionar al precio de venta (export parity) formado por el precio internacional detraídas las regalías y las retenciones. Es un monto fijo que surge como un reconocimiento de que se han llevado los precios internos del crudo extraído desde U$S 30 hasta 70 U$S el barril, por aplicación de los programas de “Petróleo Plus”. Como se aprecia, por un lado se condena el accionar de Repsol de realizar acciones de desabastecimiento como estrategia para conseguir el encarecimiento interno de los combustibles y beneficiarse indebidamente con los precios internacionales, pero por el otro no encuentran ninguna otra manera para aumentar la oferta de petróleo que otorgarle a los exportadores precios casi alineados con los internacionales. En esta medida, ¿se deberá ver la filosofía de Galuccio y la “nueva YPF”?
Un sector reaccionario de nuestra sociedad dice que lo que se está ejecutando con Repsol es una confiscación, porque no se le ha dado el derecho a una justa indemnización previa (subrayan lo de previa) como reconoce la Constitución y la ley. Desde ya que no se puede indemnizar sin analizar el cumplimiento de los contratos, los pasivos que ha dejado, y los punitorios que le correspondan. Con lo cual queda asegurada la defensa de la medida que cuenta con amplia simpatía popular. Pero viene al caso esta cuestión para dejar sentado que con la British Petroleum y sus socios no debe haber indemnización ninguna sino confiscación, por ser empresa estratégica del Reino Unido que hay violado nuestros derechos soberanos en Malvinas y el Atlántico Sur, y creado inmensos perjuicios económicos.
Debemos seguir siendo promotores de un gran movimiento social y político que alumbre el camino correcto, el de Mosconi y Baldrich, de una YPF 100% estatal, monopólica desde el pozo al surtidor, capaz de autoabastecer de energía barata al pueblo y la economía nacional, controlada por sus trabajadores, técnicos, pobladores de la zona y órganos de contralor del Estado. No hace falta para esto asociarse con monopolios ni con bancos imperialistas. Hay un gran potencial técnico y humano en nuestro historial y nuestro inventario petrolero e industrial, que puede incorporar rápidamente a toda la empresa nacional, sin aislarnos de la ayuda externa, para dar un gran salto que nos saque de la actual decadencia.
