Las organizaciones presentaron el proyecto ante diputados provinciales el pasado 7 de septiembre. En la reuniónreiteraron a los presentes la necesidad imperiosa de tratar el Proyecto de ley de Declaración en Emergencia Sexual y Domestica, que fue presentado en noviembre del año pasado en la Cámara de Diputados de la provincia.
Las organizaciones presentaron el proyecto ante diputados provinciales el pasado 7 de septiembre. En la reuniónreiteraron a los presentes la necesidad imperiosa de tratar el Proyecto de ley de Declaración en Emergencia Sexual y Domestica, que fue presentado en noviembre del año pasado en la Cámara de Diputados de la provincia.
La reunión se centró en discutir sobre artículos fundamentales del proyecto, (incisos c, d, e y f), sobre la creación de equipos interdisciplinarios que brinden la atención adecuada a las mujeres victimas de violencia de genero, establecer en la provincia una red de contención social y sanitaria con el Estado y organizaciones idóneas en el tema, implementación de la partida presupuestaria que permita el funcionamiento tanto de albergues y refugios, como de las unidades especiales que se encargaran de los programas comunitarios de capacitación, y de otorgar a las mujeres que se encuentran en situación de emergencia social por violencia de genero una asignación económica mensual hasta su inserción laboral. No es cuestión menor pero la falta de políticas públicas no nos permite avanzar en acciones concretas contra la violencia de género, por tal motivo como respuesta inmediata se exigió la sanción de este proyecto de ley.
EL PROYECTO
Fundamentación
El aumento de los casos de violencia y femicidio registrados en los últimos años expresa una gravísima situación de violación de los derechos humanos de las mujeres, quienes somos víctimas de una inusitada violencia de género que se está cobrando en la actualidad la vida de una mujer por día en el país.
La cantidad de mujeres muertas a manos de sus parejas, ex parejas o personas de su entorno familiar es una realidad insoslayable. En el año 2008 las víctimas de femicidio en el país fueron 208; en 2009 231, en 2010 260, en 2011 282, y en 2012 se registraron 69 muertas en los 4 primeros meses, estos son los casos publicados en 120 medios de comunicación relevados por el Observatorio de femicidio de Argentina, Adriana Marisel Zambrano de la Casa del Encuentro. En la provincia de Salta hasta la fecha son 14 femicidios y es considerada en las estadísticas nacionales la segunda provincia en el país con el mayor número de víctimas.
Esta situación deja en evidencia la ausencia del Estado frente a este flagelo, aunque fue acertada la decisión de la creación del Observatorio en violencia de género. La violencia contra las mujeres es un problema político, social, de derechos humanos, de salud pública y de seguridad ciudadana.
El crecimiento de las luchas en la Argentina en los últimos años tiene como una de sus características, la gran participación de las mujeres de diveros sectores, esto nos ha permitido lograr conquistas importantes y un gran salto en el desarrollo del movimiento de mujeres; como así también se ha visibilizado mucho más la violencia de género. Lo cual nos enseñó que tomar en nuestras propias manos las historias particulares haciéndolas públicas, y unir esas necesidades de casos concretos con las necesidades de muchas mujeres de nuestro pueblo como el camino más fructífero para avanzar en las conquistas de nuestros derechos.
En esta situación es que se ha ido desarrollando el debate por los problemas específicos que tenemos como mujeres, desde los más inmediatos como la salud, la anticoncepción, la violencia, los hijos e hijas, el aborto, hasta los más profundamente arraigados como el lugar “subordinado” que tenemos en la familia, la sexualidad, nuestro cuerpo, miles hemos empezado a descubrir que ese lugar que creíamos era “natural”, que era “nuestro destino”, tanto en la familia como en la sociedad no lo es tanto. Que tiene causas sociales e históricas, que existe una doble opresión, la de clase y la de género que están estrechamente ligadas y se manifiestan en cada una de nosotras.
Las falta de políticas públicas no permiten avanzar en un tipo de sociedad que nos permita una vida libre de violencias, esto ha hecho estragos con un tipo de familia, que también en crisis, pone al descubierto su estructura de opresión y desigualdad. Por un lado se nos responsabiliza a las mujeres de la crianza de los hijos e hijas, de todas las tareas domésticas, y cuando no podemos acceder a los medios para hacerlo y salimos a conseguirlo, con el trabajo, con la lucha, se nos responsabiliza también por restarle tiempo a la familia. La violencia en la familia, los delitos contra la integridad sexual, el aborto clandestino, los secuestros de mujeres destinados a la trata y a la prostitución dan cuenta de los múltiples sufrimientos de las mujeres hoy, y eso ha generado nuevos movimientos de mujeres que pugnan por organizarse para conquistar nuevos derechos y ejercer efectivamente los logrados hasta aquí.
Las experiencias barriales de organizaciones de mujeres, las casas de las mujeres en provincias y localidades, las comisiones de mujeres en barrios y universidades, las secretarías de la mujer en sindicatos y gremios, haciendo público los casos de violencia, organizándose para enfrentarlos, como escraches, silbatazos, etc., rompen el silencio que rodea a la violencia y son parte de las múltiples maneras en que las mujeres hemos comenzado a luchar contra este flagelo.
Por eso, frente a estos sufrimientos, exigimos que se declare la Ley de emergencia en violencia sexual y doméstica (como parte de una de las formas que asume la violencia de género), que dé respuestas a esta grave situación, y la incorporación de la figura de femicidio al Código Penal.
Consideramos que este sería el puntapié inicial para la adopción de políticas públicas que hagan efectivo el cumplimiento de la ley 26.485, de protección integral, sanción, y prevención de todas las formas de violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, a los fines de que no sea letra muerta.
Es por todo lo manifestado ut supra que, la Legislatura Provincial sanciona con fuerza de ley.
LEY
Art. 1°: Declarase, en todo el territorio de la provincia de Salta la Emergencia Pública por Violencia Sexual y Doméstica, delegando al poder Ejecutivo Provincial las facultades contenidas en la presente ley, desde la fecha de su entrada en vigencia, o con arreglo a las bases que se especifican seguidamente, las que tienen como objetivo primordial paliar y revertir el número de víctimas por violencia de género en todo el territorio provincial.
Reglamentar e implementar la Ley Nacional 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales.
Establecer el todo el territorio provincial una Red de contención social y sanitaria entre el Estado y las organizaciones sociales e instituciones especializadas en violencia de género.
Garantizar el financiamiento necesario para:
para la creación de albergues y refugios (que garanticen en lo inmediato la protección de la vida de las mujeres y personas a cargo) en las ciudades cabeceras de todos los departamentos para que las victimas en situación de riesgo, puedan hacer frente a la emergencia y salir transitoriamente de los escenarios violentos.
Establecer brigadas comunitarias o barriales que intervengan en la denuncia, traslado, acompañamiento hasta el refugio o albergue. Trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones sociales, centros de salud, centros vecinales, escuelas entre otros.
El programas de acompañantes comunitarios capacitados en derechos humanos y con perspectiva de género a cargo de la Universidad Nacional de Salta (Comisión de la Mujer de la UNSA), para el sostenimiento de la estrategia de auto valimiento de la mujer, a los fines de su independencia económica.
Conformar en todo el territorio provincial unidades especializadas (domicilios seguros, casa de la mujer, etc) que brinden los servicios indispensables para proporcionar a las mujeres víctimas de violencia de género atención gratuita en las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica a mediano y largo plazo. Asegurar la continuidad escolar de los hijos/as de las víctimas.
Otorgar a las mujeres que se encuentran en situación de emergencia social por violencia de género una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil hasta tanto se reinserten laboralmente según cada situación.
Garantizar el ingreso a programas específicos de empleo y a ámbitos de formación laboral. Garantizar el acceso real y efectivo a un empleo digno.
Garantizar en todo el territorio provincial, el acceso real a una vivienda digna a las víctimas de violencia de género.
Establecer en todos los casos y aun en los registros que las autoridades públicas puedan implementar, se deberá preservar y resguardar la identidad de la víctima y la de sus hijos.
Art.2°: Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a disponer y reasignar las partidas presupuestarias para afrontar la emergencia que se declara por la presente, las que tendrán por finalidad la prevención y tratamiento de la violencia hacia las mujeres.
Art.3°: El Poder Ejecutivo Provincial a través de las áreas competentes adoptara y dictara las medidas necesarias y urgentes para la implementación de la presente ley provincial de emergencia.
