Tabares advierte que estamos ante una “pandemia social de consumos de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)”; es decir, una epidemia que no tiene límites, y formula el concepto de una “ecuación adictiva” que posibilitó la “pandemia”. Esta ecuación consta de 3 puntos que se interrelacionan:
1) Los “efectores adictivos”. Son quienes producen, distribuyen y comercializan las sustancias: los cárteles de narcotráfico, los grandes laboratorios. Su historia, los entramados con el Estado y el rol de sectores políticos, judiciales, empresariales y de las fuerzas de seguridad.
2) La “cultura tóxica” que, inducida por los “efectores”, determina comportamientos, formatea nuestros “modos de vida”, como necesidad de producir sujetos aptos para reproducir la “cultura del consumo”; no para transformarla. Son teorías y prácticas que la promueven, siendo funcionales a elevar los niveles de tolerancia social al consumo y bajar la percepción del riesgo en la población y en las autoridades públicas.
3) “Población vulnerable”. Las condiciones materiales de existencia resultan, en gran medida, determinantes a la “vulnerabilidad” de una parte importante de la población.
De todos los factores de la “ecuación”, nuestro análisis ubica como determinante o principal a los “efectores adictivos”. A continuación, nos detendremos en ese punto.
Acerca de los cárteles de la droga
Ubicamos a estos agrupamientos empresariales mafiosos como estructuras imbricadas con el sistema capitalista en su fase monopolista de desarrollo. Ysu operar es facilitado por las corporaciones financiero-bancarias que lavan los activos criminales del narcotráfico a la vez que aumentan los fondos para sus actividades usureras. Este mecanismo utiliza los dispositivos del Estado (poder político, judicial y los servicios de inteligencia y de seguridad). El poder económico del narcotráfico ha penetrado en este Estado corrupto y al ser Argentina, un país dependiente y disputado por distintos imperialismos, la lucha entre grupos mafiosos se da en su interior, expresándose en la política, la justicia y las fuerzas de seguridad.
Las corrientes denominadas de “reducción de daños” con las que polemizamos reconocen la existencia del “narcotráfico” pero no realizan una caracterización científica atribuyendo su presencia al “prohibicionismo” y proponiendo la “legalización de todas las drogas” como solución. Instalan, hábilmente, un “primer paso” a través de la “legalización de la marihuana”.
Hay sectores de las clases dominantes que lo consideran como una “excrecencia” o “deformación” del sistema capitalista y proponen declararle una “guerra” que terminó siendo un mecanismo de militarización de la sociedad y en particular de las barriadas populares (así lo demuestran los ejemplos del Plan Mérida en México, el Plan Colombia o las favelas militarizadas en Brasil). En esta dirección trabaja Macri-Bullrich con su plan “Argentina sin narcotráfico”, que esgrime la reaccionaria idea de “Guerra contra el narcotráfico” y ahora acaba de modificar por decreto el rol de las FFAA para involucrarlas en “Seguridad Interior” mediante el enfrentamiento al “terrorismo y narcotráfico”. También, pretenden avanzar en las provincias con leyes como la de “Narcomenudeo”. Lamentablemente, en Santa Fe cuenta con el impulso del gobernador Miguel Lifschitz; hecho que han denunciado nuestros diputados del FSP, Carlos Del Frade y Mercedes Meier y le han opuesto el proyecto de “Ley de Emergencia provincial en materia de Adicciones”.
La necesidad de dar el debate
Discutimos con estas corrientes teóricas porque resultan (por acción u omisión) políticamente funcionales a quienes gobiernan con la complicidad del narcotráfico. Refuerzan el escepticismo ante esta durísima y desigual pelea al rendirse antes de disponerse a pelear. No fracasó la lucha contra el narcotráfico; nunca empezó. ¿O acaso no se promueve desde el gobierno de Macri las leyes de “blanqueo de capitales”? ¿Tampoco se recuerda la fuente de financiamiento de laboratorios vinculados al tráfico de efedrina de la campaña electoral de Cristina Kirchner de 2007? Hoy se persigue a los eslabones más frágiles de la cadena con leyes como las de “narcomenudeo” y se criminaliza, discrimina y apremia al pibe o piba que consume y, en particular, a aquellas/os de las barriadas populares.
Por otra parte, discutimos con ellos porque minimizan el deterioro en la salud de los consumidores de sustancias (a quienes denominan sólo “usuarios” y no advierten los riegos de transformarse en sujetos que abusen de sustancias y queden atrapados en las adicciones). Terminan fomentando prácticas de los sujetos propias de una cultura “individualista”, inherente al capitalismo neoliberal, para incentivar la relación sujeto-sustancia que no necesita de otro, del “encuentro”, de “ser parte de un proceso grupal”, de “solidaridad”, de “organización y lucha colectiva” para transformar la angustiante realidad que atravesamos.
Se caracterizan por omitir una caracterización de la situación económico-social, de las políticas de ajuste del gobierno de Macri, de la realidad de millones de jóvenes y niños adonde deben acudir las políticas públicas de manera urgente con prevención del consumo y garantizarles a ellos y sus familias condiciones materiales de una vida digna.
No señalan la dramática relación existente con el crecimiento del consumo de sustancias; pero sí alzan la voz para denunciar el “derecho violentado de consumir libremente sustancias”. Todo, maquillado en una defensa de los derechos humanos y una apología de las “libertades individuales”. Preguntamos: ¿qué libertades poseen los miles de jóvenes que han crecido en la desnutrición crónica, sin un techo digno, en barrios abandonados por el Estado, con abuelas/os, mamás y papás desocupadas/os? La libertad de elegir aquello que el sistema pone en sus manos: drogas, armas y muerte.
Escribe Pablo Landó, miembro de la Mesa Ni un pibe menos por la droga de la ciudad de Santa Fe /Miembro del Partido del Trabajo y del Pueblo
Hoy N° 1728 01/08/2018
