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31 de enero de 2024

Multiplican el botín de un puñado de monopolios y grandes terratenientes

Primeras consecuencias económicas del Plan Milei

A un mes y medio de asumido Milei, la actividad económica y los ingresos populares empezaron a acusar los efectos de su política abiertamente hambreadora y entreguista, mientras sin ningún disimulo multiplica el botín de un puñado de monopolios y grandes terratenientes.

Lejos de cualquier plan innovador, el gobierno de Milei ha implementado un brutal programa de ajuste, con una megadevalución del peso, un incremento generalizado de tarifas y precios previamente regulados, y un severo ajuste fiscal.

Frente al déficit de las cuentas externas y la crítica situación financiera del Banco Central (BCRA), ha recurrido a la clásica receta de provocar una recesión mediante una devaluación inflacionaria. Por un lado, la suba del dólar pretende incentivar la exportación y liquidación de divisas de los sectores más concentrados del agro, mientras que, por el otro, se comprime la demanda interna (consumo e inversión) y las importaciones, las cuales se encarecen en pesos, al igual que los productos agropecuarios exportables que entran en la canasta de consumo popular. Un objetivo primordial es avanzar rápidamente en la recomposición de reservas del BCRA, para asegurar el pago de la deuda en moneda extranjera -en el corto plazo, principalmente al FMI- y otras transferencias de capital al exterior. Procuran un puente hasta abril, apostando a los dólares de la cosecha gruesa, que mostraría una fuerte recuperación este año luego de la sequía que afectó a la campaña de 2023. No obstante, la baja reciente en el precio de la soja recorta en perspectiva varios miles de millones dólares de exportaciones respecto de las proyecciones iniciales para este año.

En paralelo, con el salto inflacionario generado por la devaluación se busca licuar rápidamente el gasto público destinado a los sectores populares (salarios estatales, jubilaciones, salud, educación, cultura, etc.). También, el grueso de los salarios en beneficio de los monopolios, que incrementan sus precios bien por encima del nivel general o directamente son exportadores y tienen sus ingresos dolarizados. La liberación de precios regulados y el tarifazo completa y exacerba el panorama inflacionario, no sólo en forma directa sino también con efectos de “segunda vuelta” sobre los precios.

Implícitamente, sin ninguna medida de contención de precios, desde el gobierno esperan que posteriormente la propia recesión y caída de la demanda ponga un techo a este desborde inflacionario en algunos rubros del consumo interno.

En este marco, Milei lanzó el Decretazo y la denominada Ley Ómnibus, que significan un verdadero intento de golpe institucional, como instrumentos para engrosar sin tapujos las ganancias de los monopolios y profundizar al extremo el ajuste y la entrega nacional. Normas que ya tuvieron un contundente rechazo en las calles con el paro y la contundente movilización obrera y popular del 24 al Congreso Nacional y en todo el país, así como los masivos cacerolazos. Sobre el cierre de este artículo, Milei ha tenido que retirar el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus que va a ser tratada en el Congreso, recortes que no obstante intentará realizar por otras vías alternativas.

 

Ajustazo fiscal

La flamante gestión no perdió tiempo y ya en diciembre, gracias a la licuación inflacionaria, recortó 23% interanual el denominado gasto social (jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y AUH, PAMI, y programas como el Potenciar Trabajo), medido en términos reales (descontada la inflación). Con ese hachazo, sólo en ese mes se “ahorró” 909.000 millones de pesos (unos 1.400 millones de dólares), monto equivalente al 0,5% del PIB.

El gobierno se comprometió con el FMI a tener un superávit fiscal primario (antes del pago de intereses) de 2% del PIB este año, lo cual implica un colosal ajuste (con recorte de gastos y suba de impuestos) de unos 5 puntos porcentuales (2023 cerró con un déficit de 2,9% del PIB). También se pautó una acumulación de reservas de 10.000 millones de dólares.

 

La recesión avanza

Al momento de asumir Milei, la economía ya acusaba signos recesivos. El Estimador mensual de actividad económica del Indec mostró en noviembre (último dato) un descenso de 0,9% interanual y de 1,4% mensual.

No obstante, los primeros indicadores de actividad disponibles para diciembre evidenciaron una profundización de esta caída. En la comparación interanual, se desplomó la producción de acero (-24%), según la cámara del sector, por falta de insumos importados y retracción de la demanda. También disminuyeron fuertemente los despachos de cemento (-13%), la producción industrial PYME (-27%) y las ventas de comercios minoristas (-14%). Como reflejo de la menor actividad económica, las importaciones de bienes se redujeron 15% y, en particular, las correspondientes a los bienes de capital -componente de peso en la inversión- se desplomaron 34%.

Se produjeron 14.000 despidos (7.000 en el Estado nacional) en diciembre, según el registro de la consultora Tendencias Económicas.

 

Salarios y jubilaciones en el tobogán

En diciembre, el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 25,5% mensual, en lo que significó la mayor suba desde febrero de 1991. Un “datazo” para Milei, que no tiene que llegar a fin de mes con un salario congelado o una jubilación mínima. Peor aún, el rubro de alimentos y bebidas mostró un aumento del 29,7%; el costo de la canasta básica alimentaria (que demarca la línea de indigencia) creció 30,1% y el de la canasta básica total (línea de pobreza) 27,0%.

En ese contexto, el salario promedio registrado, medido en términos reales, habría disminuido alrededor de un 10% sólo en diciembre (aún no hay datos oficiales). Luego de seis años consecutivos de caída, este nuevo hachazo lo posiciona un 31% por debajo de igual mes de 2017, para darse una idea de la debacle acumulada. Naturalmente, fue mucho peor el desempeño del salario no registrado durante todo este tiempo.

El salario mínimo oficial ha quedado todavía más desfasado de los precios. Cayó 15% real en diciembre (38% en seis años), y cubre apenas un 31% de la canasta de pobreza y un 65% de la canasta de indigencia que calcula -en forma muy austera- el Indec para una familia tipo. Es decir, ni siquiera alcanza con tres salarios mínimos en un hogar para no ser pobre.

Otro párrafo aparte merece la situación de las jubilaciones, cuya fórmula de actualización se encuentra desligada de la inflación desde el gobierno de Alberto Fernández (ajusta cada tres meses por un promedio de la evolución salarial y la recaudación de Anses). En 2023, la jubilación mínima (incluyendo bonos) acumuló un descenso de 14%, mientras que los haberes no alcanzados por bonos tuvieron un recorte del 32%. En los últimos seis años (comparando con diciembre de 2017) acumularon caídas del 22% y 51% respectivamente.

Hacia adelante el panorama es aún más catastrófico. Como el próximo “aumento” recién es en marzo y además los bonos para las jubilaciones más bajas se mantienen congelados en el valor de diciembre, todos los haberes padecerán otra monumental poda. En forma preliminar, esta puede calcularse -como mínimo- en torno a un 25% sólo para el primer trimestre del año, a menos que se logre arrancarle al gobierno compensaciones adicionales. Por otro lado, pretenden rematar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

Desde el gobierno y las usinas del poder hablan de un supuesto “sinceramiento” de precios y tarifas que estaban “atrasados”. ¿Y los salarios y jubilaciones, que vienen de seis años seguidos de caída, no estaban acaso notablemente atrasados? Mientras los monopolios están de fiesta, el fogonazo inflacionario sigue carcomiendo los ingresos populares.

Esta gestión ha generado una nueva transferencia de ingresos de los trabajadores y demás sectores populares hacia un puñado de monopolios y grandes terratenientes, extraordinaria por su magnitud y el breve lapso de tiempo en que aconteció. Sectores que, como se explicó en un artículo anterior, ya habían aumentado drásticamente su participación en el producto en los últimos años, a la par de la recuperación relativa de la economía posterior a la pandemia y la prolongada caída de los salarios.

Escribe Ramiro Suárez

Hoy N° 1996 31/01/2024