El “último acto” previo a las grandes huelgas de la Patagonia se desarrolló entre septiembre y octubre de 1920. Se venía de distintos paros y boicots en Río Gallegos y las principales ciudades, incluso en algunas estancias en el norte santacruceño adonde habían llegado delegados de la Sociedad Obrera de Río Gallegos, cuyo secretario era Antonio Soto.
El “último acto” previo a las grandes huelgas de la Patagonia se desarrolló entre septiembre y octubre de 1920. Se venía de distintos paros y boicots en Río Gallegos y las principales ciudades, incluso en algunas estancias en el norte santacruceño adonde habían llegado delegados de la Sociedad Obrera de Río Gallegos, cuyo secretario era Antonio Soto.
Esta Sociedad Obrera pide permiso a la policía para realizar, el 1 de octubre, un homenaje a Francisco Ferrer, reconocido pedagogo catalán anarquista fusilado el 13 de octubre de 1909, falsamente acusado de participar en un levantamiento en Barcelona. El gobernador interino Correa Falcón se niega a autorizar el acto, y se da un interesante intercambio entre éste, la Sociedad Obrera y el juez Ismael Viñas, partidario de autorizar el acto.
Dos días antes el jefe de policía niega autorización para el acto y la Sociedad Obrera responde con una huelga de 48 horas y un reclamo ante la justicia, en el que argumentan, demostrando las heterogéneas ideas que convivían en su seno, que quieren hacer este homenaje a Ferrer “a quien los creyentes de la religión del trabajo consideran como ejemplo digno de imitar como mártir de la Libertad y como símbolo de las ideas, con el mismo derecho que los creyentes de las religión católica rinden homenaje a San Francisco de Asís…, con el mismo derecho con que los creyentes de la religión mahometana rinden homenaje a Mahoma, con el mismo derecho con que los creyentes de la religión del patriotismo rinden también su tributo de admiración, respeto y amor a los mártires y héroes de las reconquistas, independencias y emancipaciones”.
La fecha del escrito es 1 de octubre, la prevista para el homenaje. Se encontraban en Río Gallegos varios trabajadores de las estancias, convocados por la Sociedad Obrera, y la policía militarizó la ciudad. Tanto el gobernador como el jefe de policía justifican la prohibición del homenaje diciendo que Ferrer “es clasificado como un exaltado en la causa disolvente de la organización social contemporánea”, y que “se trata en el fondo de una protesta contra un fusilamiento realizado por una nación extranjera que legal o ilegal no nos corresponde juzgar por razones elementales de cortesía internacional… Además, en ese acto no van involucrados intereses respetables como serían sin duda el mejoramiento de la clase trabajadora”, argumentan en una inmejorable muestra de cinismo. Así las cosas, pasaron los primeros días de octubre, y el 19 son detenidos Soto, el abogado José María Borrero y otros obreros en el local de la Sociedad Obrera. Arrancaba otro capítulo, por su libertad.
