Se elaboró un documento, que entre otros conceptos plantea: “La desaparición inicial y la posterior muerte de Santiago Maldonado en el marco de un uso represivo e ilegal de la fuerza por parte de Gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen en la provincia de Chubut, y el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, por parte de la Prefectura como corolario del desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en la provincia de Río Negro, instalan varios debates que no se pueden postergar y que obligan a clarificar algunos de los aspectos centrales que son la génesis de los conflictos territoriales.
“1-Existen pueblos indígenas en Argentina y existen derechos indígenas que se encuentran vigentes, tanto en la Constitución Nacional, como en instrumentos jurídicos internacionales ratificados por Argentina (Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los pueblos indígenas y Declaración americana de los Derechos de los pueblos indígenas). Los derechos territoriales, entonces, tienen un estatus jurídico, y los reclamos de las comunidades mapuches tienen su asidero en el derecho constitucional a la propiedad comunitaria indígena.
“2- En la última década se ha hecho evidente el incumplimiento por parte del Estado de su propia obligación de garantizar y hacer efectivos estos derechos indígenas”
Participaron de esta reunión, y firmaron el documento, entre otros: Adolfo Pérez Esquivel, Víctor Abramovich, Roberto Aramayo, Nilo Cayuqueo, Claudia Briones, Alicia Ciciliani, Roberto Gargarella, Alejandro Grimson, Diana Lenton, Claudio Lozano, Diana Kordon, Silvina Ramírez, Rubén Lo Vuolo, Magdalena Odarda, Beatriz Sarlo, Felipe Solá, Fernando Pino Solanas, Maristella Svampa, Juan Toklatian, Enrique Viale.
En otro de los párrafos del documento se afirma que “Se ha omitido deliberadamente decir que las tierras reivindicadas por comunidades indígenas han adquirido un interés económico notable, cruzado por la expansión de la frontera extractiva y los negocios inmobiliarios y turísticos que los convierten en un bien disputable tanto por empresas trasnacionales como nacionales, dado que buena parte de éstos son ricos en minerales, hidrocarburos, madera, agua, etc. En ese marco, resulta cada vez más incompatible el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales (convenio 169 de la OIT), con la expansión de los territorios rentables para el capital.
“Son variadas las experiencias y visiones de las numerosas comunidades y organizaciones mapuches. En el discurso del gobierno, la llamada RAM aparece como un grupo presente en distintas partes del país, pero casi ninguno de los líderes indígenas reivindica ser parte de él y ni siquiera se conoce con nombre y apellido quiénes son sus miembros, cómo son financiados, por cuántos miembros está conformado, entre otras cuestiones. Así, la RAM se ha convertido en la excusa perfecta para que desde distintos ámbitos oficiales construyan ‘un enemigo interno’; lo cual demoniza al pueblo mapuche y lo estigmatiza como violento y terrorista; hecho que erosiona gravemente el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado y debilita la democracia”.
El llamamiento, al que se le están agregando en estos días decenas de firmas de organizaciones y personalidades de la política nacional, concluye: “Es necesario reencauzar el conflicto en términos de derechos y dar una resolución en términos políticos. Debe gestarse un espacio de diálogo intercultural entre diferentes actores, representantes de la comunidad, organizaciones mapuches, representantes de la sociedad civil, que pueda dar una respuesta a esta comunidad y a otras, y que implica reconocer que es fundamental saldar una deuda en términos de reparación histórica, legítimamente demandada por los pueblos indígenas”, y desde ahí propone la conformación de una “Mesa Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural, que propicie el diálogo franco y respetuoso con las comunidades indígenas sobre el lugar de estos pueblos en el Estado argentino”.
