El kirchnerismo desde sus inicios se dio una política de gran ofensiva sobre los derechos humanos, montándose sobre un gigantesco movimiento popular que había logrado condiciones para cambios democráticos muy importantes a través de marchas, movilizaciones y escraches. El gobierno asume en el marco de la crisis del 2001, con los votos prestados de Duhalde, con grandes reclamos populares, y tiene que realizar concesiones importantes para ganar terreno como fue la anulación de las leyes de impunidad, para presentarse ante las masas como algo “nuevo”, como lo “nacional y popular”. Como lo explica Pablo Feinmann en su libro “El Flaco”, Néstor Kirchner comenta que necesitaba ganar a los organismos de derechos humanos para su política.
Sin embargo aunque los integrantes de este gobierno se autopostulan como los máximos defensores de los derechos humanos, no se conoce una sola acción de Néstor o Cristina por este tema antes de 2003. Kirchner siendo abogado no presentó nunca un habeas corpus, siendo intendente o gobernador, no realizó ninguna acción en repudio a la dictadura, es más, no dio permiso para realizar actos contra el golpe en su provincia y hoy son parte del gobierno sectores que fueron abiertamente golpistas como el PC. El kirchnerismo se ha montado en esta lucha histórica para ganar consenso social, cooptó organismos históricos que jugaron un papel fundamental en la lucha democrática y antidictatorial, logró resquebrajar la unidad que venía existiendo entre los organismos de derechos humanos y el movimiento popular denunciando la impunidad de ayer y hoy, y ha utilizado esta causa para justificar una política de saqueo, concentración y extranjerización de la riqueza a través de la represión (de manera solapada y “tercerizada” en muchos casos) y el procesamiento a los luchadores populares
Cuando llegó a la presidencia el gobierno de NK tomó medidas para avanzar en este terreno, no fueron solamente discursos. Con la anulación de las leyes de impunidad, una de las consecuencias de la rebelión del 2001, comenzaron los juicios a los principales represores de la dictadura. Los juicios por un lado, han significado una enorme conquista popular, producto de la lucha de los organismos de derechos humanos y del pueblo, con todo lo que implica ver a los genocidas en el banquillo de los acusados, con el dolor y la bronca que se expresa en los testimonios de los ex detenidos, etc.
Por el otro, son juicios bajo la dirección del gobierno y con el carácter que éste les ha otorgado: son abordados como crímenes comunes y no como lo que son, productos de un plan represivo realizado por un estado fascista. Desde esta perspectiva, hay que probar caso por caso, señalar al culpable, demostrar su responsabilidad como si fuera un simple asesinato. Parecería que los detenidos-desaparecidos tienen que levantarse a señalar a sus verdugos. Son en la mayoría de los casos los familiares los que aportan las pruebas y los testigos se encuentran generalmente desprotegidos como sucedió con Julio López. A su vez estos juicios, al no ser considerados bajo la figura de genocidio o realizados por un estado fascista, están totalmente fragmentados y reducidos a un pequeño número de responsables y se realizan por un pequeño número de casos, sin vincular las causas. Así por ejemplo en Mendoza, en donde hubo más de 200 detenidos-desaparecidos y todo un estado fascista atrás con miles de responsables militares y civiles en sus grados y formas, de todo eso acaban de juzgar a 5 responsables (principalmente policías) por los casos de más de 20 compañeros. La gran mayoría de los responsables ni siquiera están procesados y de los procesados un grupo escaso tiene condena. La inmensa mayoría de las causas de los desaparecidos duermen en los juzgados y no están siendo parte de los juicios realizados. No hay personal, presupuesto y sobre todo un enfoque global de los juicios. Si no se cambia el carácter de estos juicios la mayoría de los responsables no serán juzgados, ni se hará justicia por la mayoría de los secuestrados; por eso sostenemos que hay que juzgar a todos los responsables por todos los compañeros porque de no ser así se mantendrá la impunidad.
El gobierno no está interesado en lograr una verdadera justicia, le basta unos cuantos represores encarcelados para su política. Como hemos analizado con compañeros del Partido y de Liberpueblo, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para demostrar la utilización política que realiza el gobierno con esta causa y avanzar en un camino que termine con la impunidad y logre una verdadera justicia. En este sentido es necesario unir la denuncia que venimos realizando en cada 24 de marzo, en las distintas multisectoriales que integramos como Memoria, Verdad y Justicia, a una gran campaña que exija la apertura de los archivos que contienen la información de quiénes son los responsables de la represión, de los asesinatos, de las torturas, el destino final de los detenidos-desaparecidos y la identidad de los niños apropiados, mientras continuamos exigiendo la transformación de estos juicios para que no quede ni un sólo genocida suelto.
A su vez, tenemos que ponernos al frente del reclamo de las miles de causas que en cada provincia no están siendo incluidas en estos juicios, por falta de “supuestas” pruebas o por no ser políticamente convenientes para el gobierno, para la justicia, etc. De las presentadas (porque hay una gran parte que no han sido denunciadas) la inmensa mayoría está boyando en los juzgados, sin respuesta; se calcula que más del 80% corre esta suerte. A su vez han sido condenados sólo el 15% de los procesados y la gran mayoría continúa sin juicio y en la impunidad.
Avanzar en este camino no sólo es necesario porque hemos estado a la cabeza de la lucha antigolpista con camaradas que dieron su vida enfrentando la dictadura, y por el papel que hemos jugado en la lucha contra la impunidad de ayer y hoy, sino también por la necesidad del movimiento revolucionario hoy de integrar la lucha democrática en todos sus planos, con la lucha patriótica y popular en general.
El estado de la causa de Quebracho
La causa de Manuel Guerra tuvo su comienzo en 1978 en el Juzgado de Instrucción N° 8 Secretaría 123 en el Exte N° 22.881 caratulado “Manuel Guerra Privación ilegítima de la libertad” en la que declaran varios testigos. Esto queda en vía muerta. En el 2006 fue presentada nuevamente y ha avanzado muy poco en el Juzgado, como la mayoría de las causas, a pesar de que cuenta con mucha información, porque tiene pruebas de su secuestro, testimonios de su paradero, etc. Sin embargo se considera “endeble” la declaración del testigo que dice verlo en el Campo de Concentración Club Atlético. Por esta razón no está integrada a ninguna megacausa como la ESMA o la denominada ABO (Atlético, Banco, Olimpo) y se desconoce si será “elegida” para el segundo tramo de esta megacausa. Los tribunales comunes están atestados de expedientes y la marcha es más que lenta y fragmentada. Acaba de probarse que el vehículo en el que lo secuestraron pertenecía a un policía que ha fallecido, pero se ha probado recién este año, 34 años después. La causa de Manuel como la de miles de desaparecidos está vinculada a un gran reclamo popular por la apertura de los archivos y por modificar el carácter de estos juicios. Hemos perdido mucho tiempo, no podemos perder un minuto más.
