Cristina Kirchner dejará su cargo el 10 de diciembre. Ya se cumplieron siete meses del acampe de originarios, quienes están apostados visiblemente en la esquina de las avenidas de Mayo y 9 de Julio en la Capital Federal, al aguardo de que la presidenta los reciba para encontrar una solución al permanente acoso y discriminación que sufren por parte del gobierno provincial de Gildo Insfrán.
Cristina Kirchner dejará su cargo el 10 de diciembre. Ya se cumplieron siete meses del acampe de originarios, quienes están apostados visiblemente en la esquina de las avenidas de Mayo y 9 de Julio en la Capital Federal, al aguardo de que la presidenta los reciba para encontrar una solución al permanente acoso y discriminación que sufren por parte del gobierno provincial de Gildo Insfrán.
Encabezado por Felix Díaz, cacique de la comunidad qom La Primavera de Formosa, el acampe arrancó el 14 de febrero de este año con unas poquitas carpas, y desprovistos de necesidades básicas; el mismo fue incrementándose en número, cuando decidieron sumarse otras comunidades, y fue sosteniéndose durante estos meses gracias a la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, y a incontables sectores independientes de nuestro pueblo que permanentemente acercan una bolsas con alimentos, ropa, pañales, etc. Así es que en la actualidad son más de ochenta los hermanos originarios –mujeres, hombres, ancianos y niños- provenientes de comunidades de Formosa que aguardan una audiencia pública con la presidencia.
La agenda que quieren abordar es: frenar el despojo del territorio ancestral, frenar la permanente violación de derechos humanos que hace el gobierno de Gildo Insfrán –gobernador protegido por la presidenta-, el respeto a las formas de vida de las comunidades de los pueblos indígenas; trabajo, tierra, vivienda y salud.
Durante el emplazamiento del monumento a Juana Azurduy, los acampantes hicieron varios llamamientos para que el gobierno tome en cuenta el actual genocidio a los originarios, pero la presidenta no contestó.
Durante estos siete meses, se abrió un aparente camino de diálogo entre las comunidades y el gobierno nacional a través de Juan Martín Fresneda, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero la situación se mantiene igual que en el principio, porque en palabras de los hermanos éste “se burla, nos llama a silencio, que no reclamemos”.
Fresneda, minimizando las violaciones a los derechos humanos y protegiendo a Insfran del asesinato de nuestro compañero Roberto López y demás compañeros, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que ésta “fue informada por el Gobierno argentino sobre los millones de pesos que invierte en seguridad con 91 gendarmes que garantizan el perímetro para la seguridad de Félix Díaz y toda la comunidad”. Como si se tratara de “seguridad”, lo que necesitan los originarios… una burla, frente a la grave situación de abandono y despojo que viven.
Urge mantener firme la solidaridad con las comunidades originarias, y exigir una urgente audiencia pública con los tres poderes, antes del 10 de diciembre.
