Que Hebe de Bonafini hace rato que se “cruzó de vereda” y no defiende los intereses populares no es novedad. Pero sí merecen un comentario los argumentos con los que pidió a la justicia federal que encarcele a Alfredo De Angeli y Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Fernando Gioino (Coninagro), Mario Llambías (CRA) y Luciano Miguens (Sociedad Rural), en una causa que está armada por los servicios de inteligencia y tiene como blanco central al PCR.
Por un lado aplica la misma política que su admirado matrimonio presidencial metiendo en la misma bolsa a los dirigentes de la Federación Agraria y a los de la Sociedad Rural, acusándolos de “asociación ilícita” y que “ejercen acciones tendientes a desestabilizar al gobierno nacional, tal como fue tradición en las entidades que presiden”.
Pero lo que merece el repudio más contundente es la acusación de utilizar “perversos métodos terroristas”, dicho por alguien que se consideró alguna vez revolucionaria y llegó a estar en desacuerdo con el Museo de la Memoria porque “ahí no van a estar los FAL que usaban nuestros hijos, ni las estrategias que usaban cuando ellos quisieron hacer la revolución” (lavaca.org, 01/01/2004).
Como si esto fuera poco, Bonafini “denuncia” a los dirigentes rurales en su presentación al juez Bonadío por organizarse en grupos “articulados celularmente”, desde los cuáles “incitan a actos de violencia”, pidiendo que “sean condenados a 15 años de prisión”, apelando a los fundamentos de la nefasta ley antiterrorista aprobada por la mayoría kirchnerista del Congreso por presión de la embajada yanqui.
¿Qué pensarían los hijos de Hebe, si la vieran yendo a los tribunales de este Estado contra el que ellos combatieron buscando su destrucción revolucionaria, y usando los mismos argumentos con los que la dictadura videlista secuestró, torturó, encarceló y asesinó a 30.000 compañeros?
02 de octubre de 2010
