El empresario Cristóbal López, de viejas y profundas relaciones con el gobierno kirchnerista, está avanzando en el negocio del juego. Según consigna Perfil (26/02/12), López, dueño de una docena de casinos y salas de juego en todo el país, “puso un pie en la provincia de Buenos Aires”, con las compras de los bingos de Los Polvorines y de Avellaneda.
El empresario Cristóbal López, de viejas y profundas relaciones con el gobierno kirchnerista, está avanzando en el negocio del juego. Según consigna Perfil (26/02/12), López, dueño de una docena de casinos y salas de juego en todo el país, “puso un pie en la provincia de Buenos Aires”, con las compras de los bingos de Los Polvorines y de Avellaneda.
Este último el empresario patagónico lo adquirió –junto con su socio Federico de Achával, el titular de la empresa Hipódromo Argentino de Palermo SA (HAPSA)– por 240 millones de dólares.
Por la misma noticia nos enteramos que los vendedores son “un grupo ruso que administra la familia Blaquier”, grupo del cual no se tienen mayores precisiones, salvo que había adquirido la sala de juego de Avellaneda por 100 millones de dólares.
Estas adquisiciones se dan en momentos que el gobernador bonaerense Daniel Scioli se apresta renovar las licencias de varios casinos y salas de juego –entre los que se cuenta el Bingo de Avellaneda– ¡hasta el 2027!
Cristóbal López, conocido por sus inversiones en el área del juego en todo el país, de meteórico crecimiento en los años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, conoce bien el negocio, por eso ha pagado semejante suma de dinero, más que duplicando la suma que habían pagado los rusos representados por la familia Blaquier.
Algunos diputados bonaerenses vienen denunciando que los beneficios que otorga la provincia a las empresas de juego son “escandalosos”, como no pagar tasas municipales, cancelar el pago del canon de montos irrisorios en 60 cuotas y hasta quedar exceptuadas de cumplir con la ley antitabaco. Según el diputado de la CC-ARI Walter Martello, en el 2010, el negocio del juego movió más de 8.000 millones de pesos, de los cuales sólo un tercio queda en manos del Estado. Sólo podemos imaginar cuánto de esta millonaria cifra corresponde a operaciones de lavado de dinero, tantas veces denunciadas, a través de los casinos y sus máquinas tragamonedas.
