La filmación del asesinato del estudiante de último año de enfermería David Vallenilla muestra cómo perdió la vida al recibir tres disparos en el tórax, a escasa distancia, mientras manifestaba en medio de unas protestas, ante la base aérea de La Carlota. Un integrante de la Guardia Nacional tiró a mansalva sobre él. Esta muerte resultó especialmente conmovedora, y es exponente de la situación: su padre había sido jefe de Maduro cuando éste era colectivero. Tanto él como su mujer apoyaban fuertemente a Maduro. “Yo quiero que esto no quede así nada más, Nicolás, por favor. No era malandro, era un estudiante graduado. Hoy entregaba su dinero para el paquete de su graduación. Nicolás, por favor, David Vallenilla, fui tu jefe”. En este caso el guardia que tiró fue procesado, también en el caso de otros dos manifestantes desarmados asesinados, pero en la mayoría de los casos no hay ninguna sanción.
A pesar de las declaraciones de Maduro, de que sólo “Con agua y gasecito” se reprimen las manifestaciones, y que están prohibidas las armas de fuego contra las protestas en Venezuela, el número de muertos y heridos aumenta cada día. Diversas organizaciones de derechos humanos, tanto de Venezuela como del exterior, han denunciado detenciones arbitrarias, tribunales militares para civiles, torturas y agresiones sexuales y violaciones a los detenidos. Jens Modvig, presidente del Comité contra la Tortura de la ONU declaró que el Comité recibió reportes de golpizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, asaltos sexuales y amenazas sufridas por los manifestantes arrestados. “Basándonos en la información recibida, hay fuertes indicios de que el gobierno ha violado severamente los derechos humanos de quienes se le oponen”.
Según algunas organizaciones de derechos humanos, el número de detenidos desde que empezaron las protestas es de 3.206, de los cuales al 14 de junio hay 1.280 todavía retenidos. 250 civiles están siendo sometidos a jurisdicción militar. El propio ministro de Defensa, Vladimir Padrino, admitió por una presunta violación de derechos humanos. “No quiero ver a un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle”, dijo.
También hay acciones de sectores claramente antipopulares, como el incendio intencional de un galpón gubernamental donde se almacenaban alimentos para ser distribuidos, como el ocurrido en el estado de Anzoátegui (noreste), catalogado como una “acción fascista y terrorista que va contra el pueblo”. El gobierno responsabilizó de ello a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Serían 30 las instalaciones vinculadas a la cartera de Alimentación que “han sido destruidas, quemadas y atacadas” durante los tres meses de protestas. Probablemente estos hechos sean instigados por las empresas importadoras.
Una fiscal chavista contra la Constituyente
El gobierno de Maduro impulsa una Asamblea Nacional Constituyente, modificando el tipo de elección, y desconoce la obligación de convocar a elecciones de gobernadores. La fiscal general del país, Luisa Ortega Díaz, solicitó a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declare nulos todos los actos referentes a esta medida. Sostiene que este llamado viola el principio del derecho al voto, y que las condiciones impuestas por Maduro para la Constituyente terminan “con el legado de Chávez”.
Esta fiscal, fervorosa adherente a Chávez, es la misma que pidió y obtuvo la condena a 13 años de cárcel al opositor Leopoldo López. También denuncia la represión al pueblo y citó para declarar como imputado a Antonio José Benavides Torres, ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana hasta hace unos pocos días y actual jefe del Gobierno del Distrito Capital. Ortega Díaz ha imputado al mayor Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), por cometer “graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.
A su vez, el Tribunal Supremo de Venezuela congeló las cuentas y prohibió la salida del país a la fiscal. Evidentemente la fiscal es la expresión pública de un sector que adhirió y formó parte del gobierno de Chávez y no convalida el rumbo actual de Maduro. Vienen aumentando los que se manifiestan públicamente en ese sentido, pero no se conoce si tiene expresiones dentro de las FFAA.
El Papa, en su homilía del 2 de julio, llamó a una solución pacífica y democrática en Venezuela y se solidarizó con las familias de los muertos.
El gobierno, que califica como violentas las manifestaciones de la oposición, ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad. Pero Maduro ya declaró que lo que no se consiga con los votos, se conseguirá con las armas.
La alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) dijo que ahora el objetivo es rechazar la elección de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente, convocada por Maduro para reformar la Carta Magna, el 30 de julio, aunque la oposición la rechazó al calificarla de fraudulenta. El planteo es que los artículos 333 y 350 de la Constitución señalan que ésta no perderá vigencia en caso de que fuera derogada por acto de fuerza.
No al intervencionismo
Como hemos señalado reiteradamente, el trasfondo de esta situación es la profundización de la crisis económica de Venezuela, y está vinculada principalmente a la caída internacional del precio del petróleo, que durante el gobierno de Chávez alcanzó a 147 dólares el barril en el 2008 y ahora oscila entre los 48 y los 50 dólares. Chávez tomó diversas medidas para que la renta petrolera fuera distribuida a favor de los sectores populares, pero Venezuela siguió viviendo de sus inmensas reservas de petróleo. Los alimentos se importan en su mayoría. Mantuvo una línea antiyanqui. Chávez no hizo una reforma agraria integral, y llamó como asesor a Grobocopatel, impulsor de los pools sojeros, rechazando el posible asesoramiento de la Federación Agraria Argentina. También hizo acuerdos de sociedades mixtas con potencias como China y Rusia. Se desarrolló un nuevo sector de burguesía. La brutal inflación golpea los sectores populares y la inseguridad ciudadana se ha convertido en un grave problema.
Hay sectores de la oposición atrás de los cuales está el imperialismo norteamericano. Pero además, Obama había declarado dos veces que Venezuela es una amenaza para EEUU, en una abierta amenaza intervencionista. También lo son los intentos de acciones desde la OEA, impulsadas por Almagro, del Frente Amplio de Uruguay, que hasta ahora no prosperaron. Hay que rechazar firmemente cualquier intento intervencionista y sostener el principio de autodeterminación de los pueblos.
