El gobierno kirchnerista y la propia presidenta han dicho que las exportaciones de granos y derivados (harina, aceites, etc.) durante los primeros cinco meses de 2008, tuvieron un aumento en dólares y en volumen en relación al mismo período de 2007.
A partir de estos datos, sin tener en cuenta los tiempos y poniendo en la misma bolsa a los productores agrarios y a los monopolios exportadores, recrudeció su ofensiva propagandística contra “el campo” diciendo que en 100 días de “paro”, “mientras vaciaban las góndolas no pararon de exportar”.
Primero, que esas cifras son desde principios del año hasta mayo, cuando el conflicto se desató recién el 11 de marzo y, en el medio, hubo una tregua de más de 30 días hasta fines de mayo. Segundo, que no son los productores (a los que golpean) sino las cerealeras y aceiteras las que verdaderamente exportan y lo hicieron mayormente con lo que tenían acumulado en sus silos en los puertos hasta el 11 de marzo. ¿Por qué no da las cifras del número de camiones o barcazas con granos que entraron a los puertos de esos monopolios en los días que efectivamente hubo paro del campo?
¿Y qué pasó con lo exportado?
Por otro lado, el gobierno kirchnerista sigue sin dar cifras de cuanto recaudó efectivamente por retenciones a esas exportaciones, con lo que continúa encubriendo los miles de millones de dólares que se roban esos monopolios con la complicidad de la Aduana. Como fue denunciado en una presentación judicial por el diputado (mc) Mario Cafiero y el abogado Ricardo Moner Sans (hoy, N° 1212), esos monopolios mientras le pagan al productor descontándole la retención sobre el precio de exportación, a la Aduana le rinden la retención sobre el precio que pagan al productor, obviamente menor que el precio al que exportan.
Pero a ese robo ya histórico, en lo inmediato se ha sumado otro, con las llamadas Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), denunciado también por Mario Cafiero y Javier Llorens, y tomado por los diputados Claudio Lozano y Eduardo Macaluse. Con esas DJVE, los monopolios exportadores declararon ventas a realizar en el futuro con los precios y las retenciones existentes al momento de la declaración. Seguramente sabiendo que después de las elecciones y antes de la asunción de Cristina, en noviembre de 2007, el gobierno kirchnerista elevaría la alícuota de retenciones (del 27,5 al 35%, en el caso de la soja), esos exportadores declararon como “vendido” a más del 30% de la cosecha que se venía. Así cuando compraran la cosecha pagarían a los productores con el 35% de retención de la resolución 369/07, mientras rendirían a la Aduana sólo el 27,5% que regía al momento de la declaración de fecha anterior, encima pagando ese 27,5% sobre el precio que le pagarían al productor, como señalamos arriba venían haciendo. Lo que se aseguraron con una cláusula en el decreto que introdujo el senador kirchnerista Urquía (de Aceitera Genera Deheza), de que el aumento de las retenciones del 27,5 al 35% “no era retroactivo”, es decir no era aplicable a esas ventas falopas de sus “declaraciones juradas” previas.
Más mentiras K
Todo el “negocio” para los monopolios imperialistas cerealeros Cargill (yanqui), Bunge (belga-alemana), Dreyfus (franco-alemana), Nidera (francesa) y Noble (china) venía sobre ruedas, cuando la abrupta suba de los precios internacionales a comienzos de 2008 amenazó con “descalzarlos”. Si bien iban a poder comprarle a los productores descontándoles el 35%, ahora sería sobre un precio mayor de los granos, con lo que se reducirían las tremendas ganancias que pensaban hacer. Y ahí surgió la idea de las retenciones móviles y la resolución 125, del 11 de marzo, para planchar los precios a los que ellos podrían comprar los granos, y así asegurarse la millonaria diferencia prevista.
Producida la rebelión agraria, y sin poder frenarla ni dividirla con distintos argumentos sacados de la galera y burdas promesas de subsidios, tras 101 días de conflicto el gobierno de los K se “avino” a pasarle la pelota al Congreso, presionando con todo para que este ratifique la medida. Un día fue “la lucha contra el yuyito”, otro día “contra los pools”, otro día “contra los cuatro que nadie eligió”, otro día “la defensa de la mesa de los argentinos”, etc., todo esto acompañado de algunos maquillajes que no cambian en su esencia la resolución 125, cuyo mantenimiento hoy solo se sostiene en el interés de los monopolios exportadores.
Entretanto esos monopolios han seguido exportando y rindiendo en la Aduana porcentajes muy inferiores al 35% (apenas un 23,2% en promedio por lo exportado desde noviembre de 2007, por lo que el mentado “Fondo de Redistribución para hospitales, viviendas y caminos rurales”, prometido a partir del 35%, es probable que tampoco llegue nunca), con los mecanismos arriba descriptos. Esta denuncia parece que recién ahora ha tenido algún efecto, ya que el presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), Ricardo Echegaray, denunció el viernes que 35 empresas cerealeras adeudarían 649 millones de dólares por el mecanismo de las declaraciones antedatadas, sin hacer alusión al mecanismo de rendición por el que también roban, por lo que se trata de una cifra muy inferior a la que surge del cálculo que hacemos en el cuadro adjunto, sobre la base de los datos aportados por Cafiero-Llorens. Curiosamente entre los nombres de las empresas publicados no figura Urquía (¿será el precio por “no obstaculizar” la aprobación de la resolución 125 en el Senado?).
(Ver el avance del informe de Mario Cafiero y Javier Llorens en: www.sosperiodista.com.ar/El-Pais/La-falacia-de-las-retenciones-moviles).
