En un paraje rural, a unos 300 kilómetros de la capital santiagueña, vive P. con su madre y sus nueve hermanos. Tiene 22 años, y retardo mental. Fue violada, y como consecuencia, tiene un embarazo de 15 semanas. Su familia pidió el aborto terapéutico, autorizado en el Código Penal, pero los médicos del Hospital Ramón Carrillo todavía no han atendido el pedido. Esta dilación médico-judicial para la práctica del aborto, pone en riesgo la vida de la joven, según la doctora Miran Nallar, asesora de la familia.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, y las más de 250 organizaciones que la conforman, difundieron un comunicado en el que recuerdan que el artículo 86 del Código Penal no penaliza el aborto, es decir lo contempla, si se hace para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, y “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente”, aclarando que debe ser practicado por médicos diplomados.
Afirman en el comunicado: “Una vez más, las mujeres organizadas por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, denunciamos la política de imposición de maternidades vía leyes punitivas que siguen mostrando su inutilidad, como se expresa en la cantidad de abortos que diariamente se producen. Realizados la mayoría en condiciones de clandestinidad e inseguridad sanitaria, las enfermedades y muertes de mujeres, siempre pobres, siempre jóvenes, son las consecuencias inaceptables del oscurantismo y la injusta y profunda desigualdad”.
Las organizaciones exigen al gobierno K, en un estado laico, que se responsabilice e instrumente medidas para garantizar el derecho a la salud de las mujeres; más aún los ya legislados: a las instituciones médico-hospitalarias, que se practique inmediatamente el aborto admitido; no realizarlo es un delito; a la justicia, que se juzgue y encarcele al violador.
02 de octubre de 2010
