Miles de personas ganaron las calles en numerosos puntos del país y frente al Congreso Nacional para gritarle al gobierno: “¡Basta de motosierra en discapacidad!”. El reclamo es urgente: una Ley de Emergencia que ponga freno al “vaciamiento” y al “abandono estatal” de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que está empujando al abismo a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.
El gobierno ha optado por desmantelar, con una frialdad calculada, los pilares de un sistema de apoyo que, aunque imperfecto, garantizaba mínimamente el acceso a derechos fundamentales a personas con distinto grado de discapacidad. La gestión de Milei ha profundizado una crisis preexistente, llevándola a un punto desesperante. Los recortes presupuestarios, la falta de actualización de aranceles y la paralización de pagos se han convertido en herramientas de asfixia que amenazan con borrar de un plumazo años de avances en materia de inclusión.
Las denuncias son estremecedoras y desmienten cualquier intento del gobierno de minimizar la situación. Centros de día y rehabilitación al borde del cierre, profesionales que ya no pueden sostener la atención, transportistas que no cubren los costos mínimos para trasladar a quienes más lo necesitan, y miles de personas con discapacidad que ven cómo sus terapias, medicamentos y hasta su alimentación diaria penden de un hilo. “No le pueden sacar a los chicos la comida de cada día porque los chicos van a las instituciones a comer”, claman con desesperación madres y padres, reflejando una realidad que duele.
Ante esta política de Milei, la lucha se centra en la sanción de una Ley de Emergencia en Discapacidad que garantice derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación, el trabajo y la protección social, al menos hasta 2027. El desprecio del gobierno por la situación se hizo patente con la respuesta del titular de la Andis y abogado personal de Milei, Diego Spagnuolo, a Marlene Spesso, madre de Ian Moche, un niño autista de 12 años que realiza campañas de concientización. Con una insensibilidad propia de este gobierno, el funcionario afirmó: “Si tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado”.
La mamá de Ian señaló: “Yo creo que el gobierno de Milei lo que quiere es desentenderse de las personas vulnerables. Las personas con hambre, con discapacidad, con menos recursos. Y esta fue la frase que nos dijeron: que no nos podían seguir sosteniendo”.
En la jornada del jueves 29 las calles se llenaron de pancartas que reclaman “La discapacidad no es un gasto, es un derecho” y “No al ajuste en discapacidad”. Las movilizaciones, impulsadas por prestadores y organizaciones, han logrado la adhesión masiva de familias y de las propias personas con discapacidad, quienes han demostrado una gran fortaleza frente a la adversidad. La unidad del sector, que ha logrado trascender diferencias y unirse en un reclamo común, es un mensaje contundente al gobierno: no están solos, no están callados, y no se rendirán. La masividad pulverizó, una vez más, el “protocolo antipiquetes” de la ministra Bullrich.
Mientras el gobierno se aferra a un ajuste fiscal que tiene como principales víctimas a los más vulnerables, el colectivo de la discapacidad exige una respuesta. Como dijeron los organizadores; “La incapacidad es del gobierno de Milei para ver más allá de los números y reconocer el valor intrínseco de cada persona con discapacidad, es una condena moral que no podrá borrar con ninguna cadena nacional. El vaciamiento y el abandono que denunciamos son más que recortes presupuestarios; son una afrenta a la dignidad humana que la sociedad no debe permitir”.
hoy N° 2062 04/06/2025
