(Por Clara Moreno) El debate sobre la reglamentación de la prostitución vuelve a ponerse en escena luego de que dos legisladoras del Frente para la Victoria, presentaran proyectos de regulación del “trabajo sexual autónomo” en la provincia de Mendoza (Lorena Saponara) y en la Ciudad de Buenos Aires (María Rachid). Estos proyectos están a tono del que presentó el 3 de julio del 2013 en la comisión de Trabajo del Senado de la Nación el senador K de Tierra del Fuego, Osvaldo López, y que aún no fue tratado.
Son proyectos que impulsa la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), organización que nuclea a mujeres que se encuentran en situación de prostitución, quienes argumentan que la “ejercen de manera autónoma” y que buscan leyes que las protejan de la persecución policial y que les brinden un marco de derechos como obra social, jubilación, ART, etc.
Estos proyectos, son ampliamente rechazados por las organizaciones de mujeres que consideramos que la prostitución no es un trabajo, sino una de las formas más cruenta en que se expresa la doble opresión de las mujeres.
Sin embargo, el debate no es sencillo. Quienes impulsan la regulación del “trabajo sexual”, afirman que quienes están en situación de prostitución lo hacen por decisión propia y que tienen derecho a un ejercicio libre de su sexualidad. Como quien diría, “nos corren por izquierda”, acusándonos a quienes nos posicionamos desde una perspectiva abolicionista de querer negarles derechos.
Debate complejo si los hay, que ahora viene reforzado por el apoyo que sectores del kirchnerismo le vienen dando a los proyectos de regulación. Nos obliga a recordar, por ejemplo, que el senador ultra K Aníbal Fernández defendió la existencia de prostíbulos en Santa Cruz cuando era jefe de gabinete asegurando que sin ellos, los trabajadores petroleros no tendrían un lugar donde gastar su dinero y “probablemente violarían más mujeres”. Defendía la existencia de “Las Casitas”, sitios conocidos por ser lugares de destinos de víctimas de trata para la explotación sexual. Ahora este personaje impulsa un proyecto que busca sancionar a los “clientes de explotación sexual”, diferenciando la trata de personas, de la prostitución. El prostituyente debería supuestamente probar que no sabía que la mujer estaba en situación de explotación, si es “prostitución autónoma” estaría todo ok.
Frente a esta avanzada reglamentarista, lo primero que hay que señalar es que la prostitución es principalmente un negocio que mueve millones de dólares anuales. Que junto a la trata de personas, son dos caras de una misma moneda, no podemos separarlas. Es este sistema desigual y opresor el que pone el cuerpo de las mujeres en el lugar de un objeto sexual, se nos reduce a una simple mercancía que puede ser intercambiada a cambio de una paga, como un pedazo de carne o un kilo de pan. Reforzando los roles de género, quedamos a disposición del deseo sexual masculino.
Al mismo tiempo, la ideología patriarcal, genera en los varones la supuesta “necesidad” de satisfacer sus impulsos sexuales. La pregunta es ¿por qué pagar por sexo? Porque en su lugar de cliente, es el varón pagador el que tiene el poder, el control de la “relación sexual mercantil” y por lo tanto, se cree dueño de hacer lo que quiera con el cuerpo de esa mujer que ha comprado por un lapso de tiempo. En la prostitución no hay una “transacción comercial entre iguales”. Frente a esto, la mujer no tiene ninguna autonomía. Y esto vale tanto para las víctimas de trata, como para quienes afirman haber decidido estar en ese lugar. El “cliente” no te pregunta si estás ahí obligada, o porque querés.
Entonces, quienes nos oponemos a la reglamentación de la prostitución, lo hacemos porque nos negamos a que se le de un estatuto de legalidad a una de las formas más cruentas en las que se expresa la opresión de las mujeres. No porque querramos negarles derechos a las mujeres que se encuentran en situación de prostitución. Aunque las autodenominadas “trabajadoras sexuales” argumentan que deciden sobre su cuerpo, piden autonomía, es imposible pensar en que sea posible alcanzarla con una ley en un mundo en donde las relaciones entre mujeres y varones son opresivas. No estamos dispuestas a legitimar la dominación masculina.
Pero tampoco podemos poner en el blanco de debate a las mujeres que se consideran “trabajadoras sexuales”. Por lo tanto, el desafío está en buscar los puntos de acuerdo y en discutir otro tipo de políticas públicas que avancen en la no criminalización, persecución y maltrato de quienes están en situación de prostitución. Es una ingenuidad pensar, que con lo corrupción que impregna a las fuerzas policiales, a los funcionarios y con este tipo de Estado, se van a terminar las coimas y los aprietes sólo porque exista una ley que valide a la prostitución.
Hoy no hay alternativas inmediatas y es ahí donde le preguntamos al gobierno nacional por qué está más preocupado en reglamentar el trabajo sexual, que en combatir la explotación de las mujeres. Por qué impulsan lesgislaciones que separan cada vez más, la trata con fines de explotación sexual, de la prostitución. ¿Acaso es un guiño a los mal llamados “empresarios de la noche”, los que lucran con la explotación del cuerpo ajeno? ¿Acaso es porque es más fácil reglamentar la prostitución que tomar medidas de fondo para combatirla?
Frente a este debate planteado, lo principal está en pelear por alternativas de fondo para que las mujeres puedan salir de esta situación. Muchas de las que están nucleadas en “AMMAR” te dicen “no queremos salir, porque decidimos estar acá”, pero lo cierto es que no existen planes ni políticas públicas de fondo que permitan a esas mujeres salidas laborales dignas, concretas y a corto plazo. Y frente a estas demandas el principal actor que debe rendir cuentas es el gobierno nacional.
