Cada día en el Ecuador se acentúa el carácter autoritario, prepotente y antidemocrático del régimen de Rafael Correa. Hasta diciembre de 2011, alrededor de 300 líderes populares, sindicales, ambientalistas, defensores del agua y periodistas han sido víctimas de esta acción gubernamental.
Cada día en el Ecuador se acentúa el carácter autoritario, prepotente y antidemocrático del régimen de Rafael Correa. Hasta diciembre de 2011, alrededor de 300 líderes populares, sindicales, ambientalistas, defensores del agua y periodistas han sido víctimas de esta acción gubernamental.
A esto se suman nuevos casos de hombres y mujeres que son víctimas de esta consolidación de un Estado policíaco, como es el caso de los 10 presos políticos de Luluncoto, entre los que se cuentan varios militantes del Movimiento Popular Democrático (MPD), apresados ilegalmente el 3 de marzo mientras mantenían una reunión en la que discutían la situación política del país, previa a la “Marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos”, y a quienes, absurdamente, se los acusa por el supuesto delito de atentar contra la seguridad del Estado y de ser los autores de la colocación de bombas panfletarias en algunas ciudades del país.
Quienes hoy sufren la prisión son: Pablo Castro, ex presidente nacional de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE); Cristina Campaña, ex candidata a la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) de Quito; Luis Merchán, ex dirigente de la FESE de Guayas; Royce Gómez, odontólogo y activista social; Javier Estupiñán, ingeniero en sistemas; Santiago Gallegos, ingeniero forestal; Víctor Hugo Vinueza, ex dirigente de los trabajadores de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador; Abigail Heras, ex miembro de la Asociación Femenina Universitaria de Azuay (AFU); Fadua Tapia, sobrina de Pablo Tapia, asesinado junto al líder del MPD, Jaime Hurtado González; y Héctor Zambrano, activista juvenil de la provincia de Esmeraldas.
Todos ellos fueron objeto de una orden de prisión arbitraria, retenidos ilegalmente por cerca de siete horas en el departamento donde realizaban la reunión, sometidos a tratos degradantes y a agresiones físicas, y a quienes se les ha forjado pruebas que están muy lejos de probar el delito que se les endilga.
En Latacunga el pasado 26 de abril, en un nuevo acto ilegal y con claros afanes persecutorios y de abuso de poder, siete personas, entre académicos, dirigentes sociales y políticos, fueron sentenciados a un año de prisión por ejercer su derecho a la movilización el 30 de septiembre de 2010. Ellos son: el rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), ingeniero Hernán Yánez; Edwin Lasluisa, secretario nacional de la FEUE; Paul Jácome, asambleísta alterno del MPD; Xavier Cajilema, concejal municipal y director provincial del MPD; Silvia Bravo, docente de la UTC; Richard Artieda y Carlos Albán. A ellos se suman Mery Zamora y William Pazmiño, maestros y dirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE), que también están enjuiciados por “sabotaje y terrorismo”; y Marcelo Rivera, ex presidente nacional de la FEUE, quien paga una injusta condena de tres años de reclusión, acusado de agresión terrorista.
Quiere intimidar al pueblo
Ante las fuertes presiones del gobierno sobre los fiscales y jueces para condenar a los detenidos, las organizaciones populares y los familiares realizan diversos actos en varias ciudades exigiendo la libertad de los presos políticos y la amnistía para los perseguidos y criminalizados por el régimen correísta.
Exigimos libertad para los presos políticos.
¡Pensar diferente NO es delito!
