El domingo 20, tras permanecer cinco días encadenados a la Casa de Gobierno provincial, los dirigentes de las comunidades mapuches que reclamaban su reconocimiento fueron brutalmente reprimidos y desalojados por orden del gobierno de Rolando Figueroa que está llevando adelante medidas políticas como el gobierno nacional de Milei y la ministra de seguridad Patricia Bullrich. Se llevaron detenidos hombres y mujeres, que fueron liberados por la noche.
El Movimiento de Originarios en lucha había salido en apoyo de las comunidades mapuches en su justo reclamo: “En un momento donde el gobierno fascista de Milei-Bullrich ataca a los pueblos originarios de nuestro país, la lucha del pueblo mapuche por el reconocimiento de sus comunidades es un hito muy importante”, y luego del desalojo reclamó por su libertad.
La Confederación Mapuche de Neuquén, fundamentando la medida, había expresado: “El gobierno de la provincia de Neuquén aún no responde la demanda de las comunidades mapuche Fvta Xayen, Newen Kura, Ragilew Cárdenas y Kelv Kura, que junto a una docena de comunidades han cumplido todos los requisitos para obtener el registro de las personerías jurídicas.
Ninguna respuesta a la gente que está afuera. Lo único que hizo el gobierno fue amenazar con represión y decir a los medios que nuestro actuar los “obligará a intervenir”.
Queremos aclarar que no somos las comunidades mapuche, ni nuestro actuar quién los obliga a intervenir: Es la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, y el convenio 169 de la OIT, más otros tratados internacionales de derecho quien los obliga a intervenir.
Pretende utilizar el clima de época de autoritarismo que padece el país para argumentar que “hay leyes que se cumplen y otras que no”. Pero que en todo caso reclamemos judicialmente.
Queremos mencionar que olvidó citar en su comunicado que la Confederación Mapuche ya le ganó a la provincia un juicio por las personerías jurídicas. Fue a la gestión de Jorge Sobisch que, en 2002, pretendió darle al gobierno provincial la potestad de quién es comunidad y quién no. Luego de una década de litigar, la Corte Suprema de justicia fue contundente y exigió “a la provincia demandada que ajuste su legislación en materia de derechos y política indígena a los estándares mínimos que (…) surgen del bloque normativo federal, en particular en cuanto a la identificación por vía de autoconciencia, en cuanto al asentamiento mínimo de tres familias y en cuanto a la consulta obligatoria al pueblo originario”
Que el gobierno reivindique el «Convenio entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Gobierno de la Provincia del Neuquén» sobre los requisitos para la inscripción de la personería jurídica de las comunidades indígenas de marzo de 2013, significa que no quiere aplicar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que es de diciembre de 2013.
Que hayamos tenido que llegar hasta la Corte Suprema es muestra de que el poder judicial neuquino no se mueve una coma de lo que el gobierno de turno le indique. Los sucesivos gobiernos provinciales del MPN nos han querido llevar insólitamente a “rediscutir el fallo de la Corte en la justicia local”. Para que en un amparo, un juez/a de familia, laboral, o civil que toque en el sorteo, nos diga que lo de la corte fue un error, que no tenemos derecho.
Ya está todo dicho. No hay seguridad jurídica en Vaca Muerta, ni en la provincia de Neuquén, si quién incumple la ley es el mismo Gobierno. Se deben registrar las comunidades a las que les falta su personería. Basta de vulneración de derechos.
Tras el desalojo, la Confederación Mapuche reafirmó que hay “Mucha mentira, mucho manoseo, mucha falta de consideración a comunidades nacida en cada punto que hoy pretenden cuestionar para facilitar la explotación y contaminación de nuestras vidas.
Amutulayiñ (no nos fuimos). Amutulayayiñ (no nos iremos). Mvlekayiñ (seguimos estando). Mvlekayayiñ (seguiremos estando).
hoy N° 2069 23/07/2025
