¿Qué se discute y negocia en las cumbres ambientales?
Desde la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, en 1992, comenzaron a realizarse las COPs, donde los Estados miembros toman decisiones respecto del cambio climático. En estas conferencias también participan organizaciones no gubernamentales como observadoras (incluyendo sindicatos). Asimismo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) elabora informes que aportan al trabajo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
El último comunicado de prensa del “Reporte especial de cambio climático”, producido por el IPCC, postula que “muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios”. Estos actores de la agenda de cambio climático –el IPCC y las COPs- evidencian la consolidación de la cuestión ambiental como un andarivel de la política dentro del sistema internacional, desde hace ya largos años. Las nociones que se promueven son fundamentalmente las de “economía verde” y “desarrollo sostenible o sustentable”, que constituyen las premisas sobre las cuales se organiza todo un andamiaje conceptual acerca del cambio climático, al cual podríamos denominar ecocapitalismo.
Desde la Cumbre de Rio, del 1992, el sistema internacional vigente instó a los Estados a acogerse a sus directrices, independientemente de su fuerza, es decir, sin diferenciar su industrialización, su generación histórica de gases de efecto invernadero. El enfoque latinoamericano fue el de articular una política sobre el principio de las «Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas y Capacidades Respectivas”. de forma que se asuma un compromiso activo en estos foros para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras, pero teniendo en cuenta la posición de los países oprimidos. En Argentina, esto se señala en la Ley Nacional de Ambiente (Ley 25675).
La retirada de Milei de la COP29 tiene varias implicancias. En primer lugar, constituye una clara violación a la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al de Cambio Climático (Ley Nacional 27520/19) y fundamentalmente, a los postulados de protección ambiental dispuestos por el Art. 41 de la Constitución Nacional. Además, en la COP29, el centro del debate giró alrededor del financiamiento climático. Esto, por ejemplo, ayuda para lidiar con los impactos del clima extremo y apoyar la transición energética justa.
La retirada del gobierno de Milei de la COP29 se da en la antesala de que se despliegue la política de Trump internacionalmente, donde orbitan también las COPs. Es decir, de la ofensiva abierta del fascismo del siglo 21 que expresa tendencialmente el cierre del ciclo constituido posterior a la Segunda Guerra Mundial con los acuerdos de Bretton Woods, entre ellos las instituciones que habitan en la ONU. En este sentido, hay que señalar la batalla política que se llevará adelante en la futura cumbre ambiental en la Amazonia, pulmón del planeta y batalla de sentidos entre Lula y Bolsonaro, en Brasil.
La COP30 del año entrante se llevará adelante en la ciudad de Belem, Nordeste de Brasil, donde Lula viene coordinando con los países limítrofes que convergen en la Amazonía, principalmente, el eje Lula con el presidente colombiano, Petro. Es decir, que la ausencia del gobierno de Milei no solo debilita la cooperación internacional necesaria para cumplir con el Acuerdo de París y reduce la capacidad de Argentina de negociar con otros países de la región, para acceder a financiamiento destinado a mitigar y adaptarse al cambio climático, sino que principalmente es una forma de darle la espalda al eje que enfrenta al “fascismo del siglo 21” en nuestra América.
Si se cierran varios ciclos, también se abren nuevos desafíos urgentes para los pueblos del sur
En Belem el bloque regional enfrenta al fascismo del siglo 21, quien le da la espalda a la ciencia para abordar los desafíos sociales y ambientales. Si la naturaleza es un campo de batalla, allí también se desarrolla la lucha de clases. La pregunta es qué rol y con qué orientación política intervenimos desde las fuerzas revolucionarias y los pueblos del Sur.
En este contexto, la sugerencia de algunos grupos ecologistas y de justicia climática de que sólo tenemos que «mantener el petróleo en el suelo» y sustituir la energía fósil por energías renovables, es claramente inviable. Este pensamiento a menudo asume que las energías renovables modernas -principalmente la eólica, la solar y el almacenamiento en baterías- son, o pronto serán, capaces de proporcionar una alternativa adecuada a los combustibles fósiles que se utilizan actualmente en el sector eléctrico, la industria, el transporte, la edificación y la construcción, la alimentación y la agricultura, y otros sectores económicos. Este no es el caso, y la responsabilidad de la ausencia de una alternativa viable recae en los defensores de las políticas que han socavado las empresas públicas y los enfoques de bienes públicos de las tecnologías, la gestión y la planificación energéticas. La solución no radica (exclusivamente) en el cambio tecnológico hacia la generación, sino en que los pueblos podamos tomar el control de la energía, el transporte y la producción en nuestras manos.
Escribe Rodolfo Kempf
hoy N° 2039 11/12/2024
