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28 de noviembre de 2013

El miércoles 27, la Cámara Federal de San Martín revocó el sobreseimiento del secretario de Seguridad, Teniente Coronel Sergio Berni, en la causa por la que fueron detenidas 68 personas (9 de ellas menores de edad), el  30 de agosto de 2012, y fueron llevadas a Campo de Mayo. 

Revés judicial para Sergio Berni

Comunicado de prensa

Los beneficiarios del plan "Argentina Trabaja" fueron detenidos arriba de los micros en los que retornaban a sus hogares, luego de manifestar  en la Panamericana para reclamar por la discriminación en el aumento que se había otorgado en ese subsidio.

Los beneficiarios del plan "Argentina Trabaja" fueron detenidos arriba de los micros en los que retornaban a sus hogares, luego de manifestar  en la Panamericana para reclamar por la discriminación en el aumento que se había otorgado en ese subsidio.
En la audiencia judicial del 21 de noviembre, Berni reconoció que ordenó la detención de las 68 personas (compañeros de la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie) sin que exista orden judicial. También quedó demostrado que el destacamento de Gendarmería Nacional de Campo de Mayo, (donde fueron trasladados los compañeros, y  los mantuvieron detenidos durante 20 horas), tuvo actuación activa durante la última dictadura genocida, teniendo como misión la custodia del Centro Clandestino de Detención que funcionaba allí (página 185 del Nunca Más). Es la primera vez, desde el 10 de diciembre de 1983, que se detiene a civiles en unidades militares.
Berni no actúa sin órdenes. La detención en Campo de Mayo fue un salto de calidad en la política represiva del gobierno nacional y significa un gravísimo antecedente que pretende ser utilizado como advertencia al campo popular.
Esta Cámara Federal de San Martín es la misma que una semana antes revocó el sobreseimiento de los 68 detenidos, que había resuelto la jueza Arroyo Salgado. Esta decisión tiene el efecto de mantener abierta la causa contra los compañeros. Esta sentencia la entendemos como parte de la política de criminalizar la protesta social y será recurrida ante la Cámara de Casación a fin de lograr el sobreseimiento definitivo de todos los compañeros.
Reivindicamos el derecho a manifestar en las calles por nuestras necesidades y no nos dejaremos amedrentar por esta política de judicializar la protesta social.
 
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