Uno de los aspectos principales de la reforma previsional es el cambio en la fórmula de movilidad, vigente desde 2009, cuyo índice vinculado a la recaudación impositiva aseguraba que parte de ella fuera a un mejoramiento de las jubilaciones y demás prestaciones actualizables por ese índice. Lo que era cuestionado por el FMI pues, como institución del capital financiero imperialista, quiere que esos fondos queden para pagar los intereses del creciente endeudamiento del Estado.
Uno de los aspectos principales de la reforma previsional es el cambio en la fórmula de movilidad, vigente desde 2009, cuyo índice vinculado a la recaudación impositiva aseguraba que parte de ella fuera a un mejoramiento de las jubilaciones y demás prestaciones actualizables por ese índice. Lo que era cuestionado por el FMI pues, como institución del capital financiero imperialista, quiere que esos fondos queden para pagar los intereses del creciente endeudamiento del Estado.
Tanto la reforma previsional como la reforma tributaria se vinculan al “ahorro fiscal” necesario para compensar, total o parcialmente, el incremento de los pagos que el Estado tiene que realizar en otros rubros, fundamentalmente en el crecimiento de los intereses de la deuda pública, que en el Presupuesto 2018, se incrementa en una cifra equivalente a los $63.000 millones. Precisamente, el cambio de la fórmula, forma parte del paquete de medidas de “reformas del Estado” comprometido por el presidente Macri ante los acreedores y banqueros norteamericanos durante su viaje a Nueva York, a principios de noviembre de 2017, apenas pasadas las elecciones legislativas del 22 de octubre. Tema del que no se habló durante campaña, habiendo incluso el mismo gobierno desmentido en forma expresa las versiones de un proyecto de reforma previsional del Ejecutivo para después de los comicios de octubre, a través de su jefe de Gabinete Marcos Peña, en declaraciones producidas en agosto pasado. Claro que para Macri, son deleznables los gobiernos que priorizan “la primacía del interés nacional”, como sostuvo en el foro de la Organización Mundial del Comercio, precisamente unos días antes de que se debatiera el paquete de leyes en el Congreso.
Los principales perjudicados
Por la modificación de la fórmula de movilidad son afectados los futuros ingresos de 6,6 millones de jubilados y pensionados, 8,5 millones de asignaciones por hijo (AUH y asignación familiar de los trabajadores que aportan) y alrededor de 1,4 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas (como las de los veteranos de guerra). Con la aplicación de la nueva fórmula (ver “La insistencia es por la fórmula jubilatoria”, hoy, número 1699), el gobierno nacional se apropiará de más de $60.000 millones en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y pensiones no contributivas en este año y los por venir, ya que son fondos que no quedarán en la Anses, cuando el relato oficial es que se hace esto para garantizar su financiación. Como la próxima actualización de marzo de 2018 contempla las variaciones de precios y salarios ocurridas entre julio y septiembre de 2017, en lugar de considerar las variaciones acumuladas entre julio y diciembre, el aumento aplicado del +5,7%, queda muy por debajo del aumento previsto por la norma anulada.
Por decreto del gobierno se dará se dará en marzo un no alcanza para cubrir la pérdida en los ingresos ni siquiera para ese mes. Al ser un bono por única vez, se consolida para siempre la reducción de lo sustraído en la actualización de marzo. El bono no representa ni el 7% de los más de $60.000 millones que dejarán de percibir los sectores afectados por la reforma previsional, y que se seguirá quitando en los años venideros, pues las actualizaciones se harán siempre sobre los básicos disminuidos en marzo de 2018 y con el nuevo índice “ajustado” a los parámetros del FMI.
Ahora se presenta como un gran logro de la nueva ley el 82% para el sector de jubilados que cobran la mínima con más de 30 años de aportes reconocidos. Pero no es un 82% sobre los básicos de Convenio sino sobre el retaceado Salario Mínimo llamado Vital y Móvil, que se ajustará recién en julio de 2018. Por lo que esa pequeña diferencia que recibirá este sector desde enero quedará subsumida en marzo dentro del aumento por el nuevo índice del 5,7%.
Es necesario seguir la lucha en las calles, en el Congreso y en los Tribunales exigiendo la derogación de esta Ley de Reforma Previsional por su inconstitucionalidad manifiesta en el robo del poder adquisitivo de todas las prestaciones sociales, y exigir que se restituya a la Anses y a las provincias todo lo que se le pretende quitar con la reforma tributaria, para mayor beneficio de los monopolios imperialistas y latifundistas y los usureros imperialistas.
