La actual situación de emergencia sanitaria, producto de la pandemia por COVID-19, puso de manifiesto, y en la agenda política, la crisis de la salud pública argentina y de diversos países del mundo. En este contexto, es necesario historizar aquello que se presenta como eterno.
Los embates contra el sistema público de salud de nuestro país se sucedieron en un proceso histórico que nos lleva a mirar, a modo de recorte, los últimos 30 años. Su desmantelamiento no comienza, en rigor, con el gobierno neoliberal de Macri; en tal caso el macrismo profundizó, de manera brutal, un proceso de destrucción del sistema público sanitario que ya venía en proceso.
En 1993 el Banco Mundial publica el Informe «Invertir en Salud» que propone el desplazamiento del sector público en la atención de la salud de los sectores populares y que su lugar sea ocupado por el «Sector Privado». Al respecto el prefacio de dicho documento, en su punto tercero, indica: “los gobiernos tienen que facilitar mayor diversidad y competencia en el financiamiento y la prestación de los servicios de salud. Si los gobiernos financiaran un conjunto de medidas de salud pública y servicios clínicos esenciales, el resto de los servicios de esta índole se podrían cubrir mediante financiamiento privado, por lo general por la vía de los seguros, ya fueran privados o sociales. La reglamentación gubernamental puede fortalecer los mercados de seguros privados, mejorando los incentivos para ampliar la cobertura y controlar los costos. Incluso en el caso de los servicios clínicos financiados con fondos públicos, los gobiernos pueden fomentar la competencia y la participación del sector privado en la prestación de servicios, y ayudar a mejorar la eficiencia del sector privado mediante la generación y divulgación de información importante. Con esta combinación de elementos se pueden mejorar los resultados en materia de salud y contener los costos, aumentando al mismo tiempo el grado de satisfacción de los consumidores” (Informe sobre el Desarrollo Mundial. Invertir en salud. BM. Washington D.C. 1993).
Comienza allí la aplicación de la “mal llamada” Cobertura Universal de Salud (CUS) en numerosos países del mundo. Se desfinancian las estructuras sanitarias públicas, los programas de atención gratuitos y se establece un paquete mínimo de prestaciones mediante el sistema de seguros (“para pobres”), toda prestación ´por fuera del mismo debe ser afrontada económicamente por el bolsillo del paciente. Dicho de otra manera, “la propuesta reemplaza la idea de derecho humano esencial por el de seguro y cobertura que implica una relación de contrato. Mientras que un derecho humano por naturaleza es universal y no discrimina, un seguro ofrece prestaciones de acuerdo al pago recibido” (Cobertura Universal de Salud, Golpe al Derecho a la Salud y al Acceso Universal Dr. Daniel Esteban Manoukian. Idep SALUD. 2016).
En 1993, Carlos Menem siguiendo las recetas del Banco Mundial dicta el Decreto N° 582 de «Hospitales de Autogestión», se comienza a cobrar, a través de un sistema de recupero, por las atenciones en los Hospitales Públicos.
En 1994, la Organización Mundial de la Salud (OMS) bendice la CUS como estrategia para la atención sanitaria en los países en desarrollo. Se consolida la misma y se continúan desfinanciando los sistemas públicos de salud.
Argentina adhirió a la CUS durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández “votándola positivamente en las OMS, en 2005 y en la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU), en 2012”. (Argentina: La Cobertura Universal de Salud. Revista Sinpermiso. 2017).
En 2016, Mauricio Macri aprueba el “Programa CUS” para todo el país, a través del DNU N° 908, y se comienza a aplicar en Mendoza y en Jujuy.
En la provincia de Jujuy la CUS inicia su aplicación a través del Plan Estratégico de Salud, presentado en 2017 por el Ministro Gustavo Bouhid y el Gobernador Gerardo Morales, el que mereció una fundamentada crítica en la “Carta Abierta al Ministro de Salud” y en dos notas, con más de 100 firmas de profesionales, en las que se explicitan las falencias de dicho Plan basadas en “la ausencia absoluta de un diagnóstico epidemiológico y un relevamiento estadístico actualizado que permitieran conocer de que se enferman y mueren con más frecuencia nuestros comprovincianos” (Carta Abierta al Ministro de Salud. Pregón/Idep SALUD. 2018). En los hechos el “supuesto” Plan Estratégico agudizó los problemas crónicos del sistema de salud pública provincial afectando su estructura organizacional, sus provisiones y la dotación de recursos humanos, abriendo la puerta a la privatización del sistema público mediante el decreto del P.E. N° 7648/2018 cuyo artículo primero aprueba el “Procedimiento Especial de Iniciativa Privada para Proyectos de Servicios de Salud”.
En el plano internacional la estrategia de la CUS se aplicó con fuerza en varios países de Europa, entre ellos España, Francia e Italia; y en América Latina en Ecuador, Colombia, México y Perú. Somos, ahora, testigos directos del desastre que hizo la pandemia en los países que adoptaron «con pata y todo» dicha estrategia.
Hoy se plantea como un punto necesario para el debate a qué estrategia sanitaria va a adherir el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Si al Sistema Único de Salud, donde lo estatal es lo fundamental, donde los Estados toman la
salud como una responsabilidad indelegable y un Derecho Humano garantizando el acceso a la atención gratuita, de calidad, científica y oportuna; o continuamos con la aplicación de la CUS.
Conocer el pasado, para entender el presente y construir el futuro, citan los historiadores. Ojalá la experiencia de la pandemia en curso, tan dolorosa para los pueblos del mundo, cambie el rumbo de la historia. Del análisis concienzudo, de lo que pasó y pasa, y de la lucha por la defensa de la Salud Pública dependerá, en gran medida, el futuro de la salud de nuestros pueblos.
Escribe Víctor Aramayo. Médico Pediatra, Secretario Adjunto CTA Autónoma Jujuy, Miembro de la Corriente Nacional de Salud Salvador Mazza, Integrante de Fesprosa Línea Histórica
