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28 de enero de 2026

En Mendoza sigue la movilización popular en defensa del agua

“San Jorge es un saqueo a plena luz del día”

Reproducimos una entrevista al compañero Nicolás Guillén sobre el conflicto minero en Mendoza, publicada en “Mirada Cuyana” el 21 de enero.

En el marco de la reciente movilización popular en defensa del agua, dialogamos con el sociólogo Nicolás Guillén, quien ha analizado en profundidad los números y las implicancias del proyecto minero San Jorge que impulsa el gobernador Alfredo Cornejo. Para Guillén, los argumentos oficiales no solo son insuficientes, sino que ocultan una realidad de entrega de recursos con beneficios mínimos para la provincia.

 

– Nicolás, el Gobierno provincial insiste en que el proyecto San Jorge será una «gran fuente de trabajo». Según sus investigaciones, ¿qué dicen los datos reales?

– Ese argumento se cae a pedazos cuando analizamos las cifras de la propia empresa. El proyecto San Jorge daría empleo a 380 personas en forma permanente. Si lo comparamos con otras actividades, la diferencia es abismal: la minería no metalífera ya emplea hoy a 4.000 personas, y el sector vitivinícola cuenta con 18.000 empleados registrados, llegando a los 40.000 en temporada. Cualquier otra actividad económica supera largamente lo que este proyecto ofrece. Además, ese empleo «permanente» tiene fecha de vencimiento: según la empresa, el cobre se agotaría en apenas 16 años.

 

– Otro pilar de la defensa oficial es el ingreso de divisas y regalías para Mendoza. ¿Es un buen negocio financiero para la provincia?

– Es una mentira. La ley establece que pagarán no más del 3% de regalías, lo que equivale a unos 18 millones de dólares anuales. Para que dimensionemos la insignificancia de esta cifra: el petróleo llegó a dar entre 300 y 400 millones anuales a Mendoza, e incluso hoy, con su disminución, aporta 164 millones (promedio 2014-2023); es decir, seis veces más de lo que ofrece San Jorge. Lo que entraría por este proyecto no llega a representar ni el 1% del presupuesto provincial.

 

– Usted ha mencionado cifras de facturación que resultan alarmantes en comparación con lo que queda en suelo mendocino. ¿Cuál es la cuenta del “saqueo” que describe?

– Los números son claros: planean extraer 60,000 toneladas de cobre por año. A un valor de 10,000 dólares la tonelada, la empresa tendría una facturación anual de 600 millones de dólares. De ese total, entre regalías (3%), mano de obra local (estimada en un 7%), y demás costos operativos, solo quedaría en Mendoza, y exagerando, un 20% del valor extraído. El resto se va afuera, dejándonos el pasivo ambiental. Estamos hablando de un chorro de 510 millones de dólares que se irían por año, de un recurso no renovable, y que pertenece al pueblo de Mendoza, un robo a plena luz del día. Retener esos recursos en nuestro territorio, explotarlos armónicamente con el bienestar de los pueblos, es un desafío de las luchas populares de hoy y del futuro.

 

– Respecto al impacto ambiental, ¿qué significa el proyecto para la geografía de Uspallata?

-Estamos hablando de una dimensión de destrucción masiva. El cerro San Jorge en Uspallata será totalmente triturado; el proyecto ocupará un lugar equivalente a 250 canchas de fútbol. Ese pasivo ambiental incluye el uso del Xantato, un poderoso químico que contamina el aire y el agua de la cuenca Yalguaraz, que está muy próxima a la cuenca del Río Mendoza, con un millón de personas en riesgo de ver su principal fuente de vida contaminada.

Los mendocinos tenemos 300.000 toneladas de cobre guardadas en la montaña que son nuestro patrimonio. La pregunta es por qué una empresa extranjera se llevaría ese recurso dejando solo migajas y 300 empleos temporales.

 

– Finalmente, usted ha cuestionado la transparencia de los actores involucrados. ¿Quiénes están detrás de la empresa?

-Resulta sospechoso que el gobernador se empecine tanto en viajar al exterior para traer a la empresa Solway, de capitales rusos y suizos, asociados al presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappanilli. Esta firma está acusada de cohecho en Guatemala, señalada por presuntamente coimear a funcionarios públicos para que sus proyectos avancen. Es fundamental preguntarnos por qué se insiste con socios que tienen estos antecedentes y con un proyecto que, desde los números técnicos y económicos, no cierra por ningún lado para el pueblo mendocino.

 

hoy N° 2094 28/01/2026