El 27 de febrero, Su-sana Giménez, a quien siguen millones de personas a través de su imagen televisiva, pidió la pena de muerte tras el asesinato de un colaborador y amigo. Ante la polémica que despertó, otros famosos, “ídolos” para multitudes, como Sandro o Marcelo Tinelli, respaldaron sus dichos.
Poco después, el 17 de marzo, una marcha contra la inseguridad reunió unas 10.000 personas en Plaza de Mayo. Pese a que la convocatoria no logró reeditar las multitudinarias marchas de Blumberg, el temor del gobierno lo llevó a ningunearla: el diario oficial Página 12 consignó, a diferencia de los otros medios, sólo 4.000 asistentes.
El 23 del mismo mes, la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay habló sobre la pena de muerte en un reportaje por radio Mitre. Acusó al periodismo de “inflar” el tema de la inseguridad. Y afirmó también: “Primero tenemos que empezar a ver la cantidad de muertes evitables por falta de atención médica, de programas de salud, por falta de atención a la niñez”, recién entonces, dijo, “podemos empezar a hablar de lo que estamos haciendo para remediar la inseguridad” (La Prensa digital, 23/3/09). El gobierno no contestó sus últimos dichos. La Nación denunció, en cambio, la manipulación de una encuesta en su sitio de Internet: aparecieron 4.000 votos hechos desde una misma computadora y otros 1.000 desde cinco más, a favor de las declaraciones de la jueza sobre el “inflado” de la inseguridad por los medios.
El avispero así removido, donde la iniciativa estuvo en manos de otros, y las proximidad de las elecciones, llevaron al gobierno a pasar a la ofensiva en el tema de la “inseguridad”. El viernes 27 Cristina K anunció entonces el “Plan de seguridad ciudadana”.
El Plan K
Según la Presidenta, serán destinados al Plan 400 millones de pesos. Se comprarán 500 patrulleros, 1.500 equipos GPS (para localización satelital), 21.500 celulares, 5.000 cámaras de televisión (a colocar en las calles). Se financiará a los municipios para contratar personal y adquirir tecnología. Se dará a ciertos vecinos celulares para conectarse a los patrulleros. Cristina K anunció también que se sumarán 1.500 gendarmes a los 3.600 que ya están en servicio en Buenos Aires (hay 800 más en escuadrones regionales), más la nueva camada egresada de la Vucetich, más 4.000 efectivos retirados de la policía y las Fuerzas Armadas.
La urgencia para salir con un Plan los llevó a cometer torpes errores. El mismo día, ante la reacción de los organismos de derechos humanos –aun dentro de las propias filas– tuvieron que dar marcha atrás con la reincorporación de efectivos de las Fuerzas Armadas. Salvaron con poca elegancia el error: un cable de la agencia oficial Télam lo adjudicó al papel del discurso. También abrió una polémica la reincorporación de policías retirados. El parlanchín ministro de Seguridad Aníbal Fernández tuvo que admitir que incluía agentes dados de baja, y salió a decir que sólo reintegrarían a los que hubieran cometido “faltas leves”, una categoría muy difícil de explicar (y más aun de medir). (¿Se pretende atenuar con reincorporaciones algunas de las “maldades” de la bonaerense “purgada”?)
El Plan se aplicará, para empezar, en las provincias de Buenos Aires y Mendoza. Dos bastiones electorales a defender por el kirchnerismo: la primera tal vez cuente a Néstor como candidato; en la segunda, necesita derrotar al candidato cobista.
Diarios como Clarín y Crítica recordaron que un Plan semejante fue anunciado por Néstor Kirchner el 19 de abril de 2004, después del pánico gubernamental que provocó la convocatoria de Blumberg. Néstor había prometido entonces, entre otras cosas, la inversión de 1.000 millones de pesos en tres años para tratar la inseguridad. No cumplió. Con el actual, suman 45 los planes por el estilo lanzados en Capital y la Provincia de Buenos Aires en los últimos 10 años.
¿Qué inseguridad?
El anuncio del gobierno K es una moneda de dos caras, y en las dos aparecen las medidas represivas. Con respecto al incremento de la delincuencia –cuya magnitud el gobierno sigue negando–, no se preocupa por responder a las causas, sino que piensa en resolver con más garrote y más policía. Los juzgados, las comisarías y las cárceles ya están, mientras tanto, abarrotados, y con una mayoría de perejiles y ladrones de gallinas.
Pero el despliegue de fuerzas represivas no sólo tiene como eje los sectores marginales de las capas populares: también es efectivo para ser usado contra el pueblo en los tiempos que se vienen. Miles de policías y gendarmes en las calles –entre ellos la peor calaña exonerada, por ejemplo, por “gatillo fácil”–; aparatos de alta tecnología; una red de “vecinos” que tengan fichado a cada habitante del barrio, o de la escuela, o de la fábrica. Un sistema a aplicar cuando el descontento popular y la crisis se vuelquen sin continencia a la calle.
La respuesta K a la “inseguridad” deja al descubierto otra vez la verdadera cara de este gobierno “de los derechos humanos”. Aunque cientos de encuestas y estudios documentados oficialmente muestran que la pobreza y la indigencia, la desocupación, la falta de educación y salud, la distribución de droga y los carteles, crecieron en la Argentina a un ritmo tanto o más vertiginoso que la delincuencia; aunque la propia Presidenta lo admitió en su discurso, no tienen interés en soluciones que atiendan las causas. Cristina, igual que lo hizo en Tartagal, habla de la pobreza y la falta de trabajo como si los K no fueran gobierno hace ya casi 6 años.
¿Para quién es la “seguridad” que impulsa el Plan de Cristina? En primer lugar, para el propio gobierno. Así responde a las críticas, descomprime, y se prepara para medidas represivas cuando el descontento incendie las calles.
Para la inmensa mayoría del pueblo, en cambio, su Plan es una nueva fuente de inseguridad. Una inseguridad en la que viven millones de argentinos, de la que nadie habla, y de la que el gobierno no se ocupa.
Una inseguridad que arrastra años de hambreamiento, incertidumbre laboral, falta de viviendas, familias destruidas, y el tiempo suficiente para hacerse callo. Una dureza que se alimentó y alimenta con la falta de justicia. Una falta de justicia que se ve todos los días, con funcionarios corruptos y denunciados que siempre zafan (y ni qué hablar del aún impune genocidio de la dictadura). Una mentira gubernamental y política que nutre la desesperanza; una falta de futuro que entrega a los jóvenes al paco; una engañosa oferta de “felicidad” consumista que crea la ilusión de la plata fácil y las misma oportunidad para todos: otra mentira.
Esta inseguridad afecta a millones, pero no hay planes para resolverla. Y es esta inseguridad la que, manipulada por los que regentean el crimen organizado, la delincuencia y la droga, hace crecer en la calle la otra.
