El jueves 6 de julio el Tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín leyó la sentencia en el juicio por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar llamado Mega Causa Campo de Mayo. Recibieron sentencias 19 imputados, en una causa que llevó tres años de audiencias, por 350 víctimas. Se la denomina mega causa ya que se unificaron 13 expedientes.
Diez de los 19 acusados recibieron perpetua, entre ellos el genocida Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares, jefe de la Guarnición Militar Campo de Mayo y jefe de la Zona de Defensa 4 entre 1976 y 1978. Los otros 9 con perpetua son jerárquicos de inteligencia y contrainteligencia, así como torturadores comprobados.
En Campo de Mayo, como recordó la Fiscalía, funcionaron distintos centros clandestinos de detención y tortura, «El Campito» o «Los Tordos», «Las Casitas» o «La Casita», el Hospital Militar con su maternidad clandestina y la prisión de Encausados, por los que pasaron cerca de 6.000 personas. La fiscal auxiliar Gabriela Sosti aseguró que “el nivel de sobrevivencia fue menor al uno por ciento”.
Los sentenciados fueron acusados por delitos de torturas, secuestros, y homicidios, así como también por allanamientos, robos agravados y abusos sexuales agravados.
A la alegría por la sentencia, seguida por familiares de las víctimas tanto dentro de la sala como en las puertas del tribunal, junto a organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales, le siguieron las críticas a la excesiva duración del juicio, lo que permitió la “impunidad biológica” de dos de los acusados, fallecidos antes de la sentencia. Desde la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se advirtió que apelarían las sentencias más bajas.
La sentencia mostró también el lado oscuro de esta justicia de los poderosos, ya que el Tribunal nada dijo acerca de las condiciones de encarcelamiento de los genocidas, lo que en la práctica implica que 17 de los 19 seguirán gozando de prisión domiciliaria como hasta ahora. Solo dos de los genocidas permanecerán en cárcel común.
Como medida de reparación a las víctimas, el Tribunal ordenó reparar los legajos laborales y estudiantiles en casos en que se les hayan aplicado cesantías, suspensiones, expulsiones o despidos y que figure allí que fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Durante el proceso se investigaron secuestros masivos de trabajadores, comisiones internas y delegados, entre ellos de Dálmine Siderca, Mercedes Benz, Ford las y los ceramistas de Lozadur, entre los que se encuentra nuestra camarada Sofía Cardozo, los astilleros de Mestrina, Cadenasi, Tensa y Astarsa; ferroviarios, Frigorífico Martín Fierro, Papeleros y Gráficos, Laboratorio Nasar, Squeeb, Laboratorio Oramon, Sindicato Químico de Campana, estatales, empleados de la Salud de hospitales de Ciudad de Buenos Aires, San Miguel y San Fernando. También los secuestros de estudiantes secundarios como los del Nacional y Comercial de Vicente López.
La Fiscalía, en su alegato final, destacó la “alta conciencia y militancia” de la clase obrera de toda la zona, que el 67% de las víctimas fueron trabajadores de la zona norte y que se pudo saber «de boca de uno de los imputados que altos grados militares se juntaban con empresarios de zona norte».
Hoy N° 1921 13/07/2022
