En un valle occidental del río Jadar, al oeste de Serbia, la minera imperialista Río Tinto negoció con el gobierno de Serbia presidido por Aleksandar Vucic, una inversión de más de 2.400 millones de dólares, a cambio de la concesión de terrenos para la explotación de litio, vital para las baterías de los vehículos eléctricos entre otros usos.
En la resistencia a este proyecto, con marchas que comenzaron a fines de noviembre del año pasado, confluyeron grupos ambientalistas con campesinos, amenazados con ser desalojados pues es en sus tierras donde se encuentra parte de la zona a explotar.
Río Tinto Group es un más que centenario grupo de origen británico, creado en 1873 para la explotación de una mina de ese nombre en Andalucía, España. Hoy es el extractor de carbón más grande del mundo, y también se dedica a la extracción de mineral de hierro, cobre, dióxido de titanio, sal, e incluso diamantes a lo largo del planeta. Ha sido denunciado como una de las 25 empresas con mayor emisión de dióxido de carbono en el mundo entre 1988 y 2015, algunos países europeos como Noruega le han prohibido invertir. Río Tinto es una de las empresas que se niega a suscribir los Acuerdos de París para limitar el calentamiento global, y fue denunciada en distintos territorios como Indonesia por violaciones a derechos humanos y laborales.
Las protestas
Si bien las marchas se concentraron en la capital serbia Belgrado se desarrollaron en otras ciudades como Subotica, NoviSad, Nis, Kragujevac, Uzice y NoviPazar. Los manifestantes llevaban pancartas que decían“Nuestro aire no está a la venta”; “Nuestro país no está a la venta”; “Rio Tinto no puede aprobarse”.
Junto a los grupos ambientalistas, de trabajadores y estudiantiles en las ciudades, fueron muy grandes las protestas de sectores campesinos. Los pobladores de la zona rural del valle de Jadar, además de protestar porque el proyecto imperialista significaba una explotación de la mano de obra local con salarios miserables, denunciaron la ley de expropiaciones vigente, por la cual el gobierno puede expropiar cualquier tierra «en interés público determinado sobre la base de la ley». Esto, en los hechos, favorece los negociados con las empresas imperialistas que pretenden extraer los recursos naturales, dejando más desarraigo en la población campesina, así como la destrucción de viviendas, la liquidación de pequeñas economías locales y la contaminación que deteriora seriamente el estado de los recursos naturales, como el agua potable, las tierras cultivables y el aire.
Hoy N° 1897 19/01/2022
