Un tarifazo que afectará a más de ocho millones de familias en el caso del gas y cerca de dos millones en el agua. Todavía no habló de la electricidad, temeroso de los apagones masivos.
Un tarifazo que afectará a más de ocho millones de familias en el caso del gas y cerca de dos millones en el agua. Todavía no habló de la electricidad, temeroso de los apagones masivos.
Al cristino-kirchnerismo no le falta ingenio en el relato de querer hacer pasar gato por liebre. Si al ajuste devaluatorio del peso lo llamaron “deslizamiento cambiario”, al ajuste tarifario ahora lo llaman “reasignación de subsidios”, como para que se piense que mientras a unos le quitan subsidios a otros les están dando más. La desfachatez del ministro Kicillof llegó al extremo de dar a entender que eso serviría para aumentar las asignaciones por hijo y los planes Progresar.
Así, el ministro dijo: “Es central explicar por qué hablamos de quita pero con redistribución: lo que se genere de facturación adicional por la quita de subsidios se va a destinar íntegramente a cubrir los gastos de las distribuidoras y transportadores, pero lo que quede por encima de eso se destinará a la AUH y al Progresar, por eso hablo de redireccionamiento” (¡como si aquellos gastos fueran menores!, sino, ¿por qué tantos subsidios?).
El anunciado recorte de los subsidios al agua se aplica a los clientes de Aysa (Aguas y Saneamiento Argentina S.A.), es decir, a los residentes del Area Metropolitana de Buenos Aires; mientras que el aumento en el gas abarca a casi todo el país. Por eso el ministro De Vido trató de atemperar su alcance sosteniendo que no regirá para los beneficiarios de viviendas sociales, los jubilados que cobren la mínima y quienes cobren ayuda por desempleo (sin decir que para que eso suceda así tienen que ser los titulares de las boletas). También que se excluían los domicilios y comercios de las ciudades patagónicas –por debajo del Río Colorado– porque son considerados dependientes del gas por las bajas temperaturas.
Además de la exposición de los ministros quedó claro que la línea de los tarifazos del gobierno kirchnerista (“feta por feta”: primero agua y gas, después electricidad, etc.) es la de cargar el ajuste sobre los trabajadores y el pequeño y mediano comercio, que son la mayoría de los usuarios, excluyendo a “los sectores industriales”. Aquí sin diferenciar a la pequeña y mediana industria de los monopolios exportadores, con lo que los principales beneficiarios del ajuste devaluatorio, serán también los principales beneficiarios de esta “reasignación de subsidios”.
Para todas las demás facturas de consumidores domiciliarios y comercios –unos ocho millones de usuarios de gas, familias o individuos, y dos millones en el caso del agua– la reducción en los subsidios a los servicios básicos se hará en etapas (en abril, junio y agosto), con lo que irán aumentando progresivamente las boletas. El impacto acumulativo de la medida implicará para el gas un aumento de las tarifas de entre 20 y 850 pesos, dependiendo el nivel de consumo, es decir entre 100 y 284 por ciento de aumento. En tanto en las boletas de agua los aumentos tienen una distribución territorial: pasarán de 27 a 46 pesos en barrios de menores recursos (70% de aumento); de 30 a 90 pesos bimestrales en los barrios considerados de clase media (200% de aumento), y de 52 a 250 pesos en los de sectores de mayores ingresos (400% más).
En el caso del gas subrayamos que estas diferencias en las boletas de los usuarios no están referidas a los niveles de ingresos de los mismos sino a los niveles de consumo, con lo que cuanto más numerosa es una familia más pagará, si no está la boleta a nombre de alguien indigente. Encima Kicillof informó –como si esos hogares dejaran todo el día encendidas las hornallas– que se mantendrá el subsidio “para quienes consigan reducir el consumo de gas un 20% en la comparación bimestral interanual, y también será gradualmente menor para los ahorros de consumo que oscilen entre 5 y 20%, lo que claramente representa un premio para el consumo responsable”. Así, de paso atribuye las crecientes necesidades de importación de gas al “consumo irresponsable” de las familias y no a la política kirchnerista de la “década ganada” que ha llevado el país a eso.
En su cadena nacional de la tarde, la presidenta Cristina alegó que “Estas medidas tienen que ver con la equidad”, poniendo como ejemplo a su hermana y a su madre, dos jubiladas, que aparentemente pueden disfrutar del aire acondicionado incluso en exceso (¿también dejan las hornallas prendidas cuando no las necesitan?), aunque tal vez ese “ejemplo” le salió teniendo en mente el tarifazo sobre la electricidad que están preparando. Y, para decir que “esto no tiene nada que ver con un tarifazo”, argumentó que “millones de argentinos han conseguido trabajo y han visto mejorar año tras año su salario”.
Aquí se puede decir, también, que volvió a traicionarla el subconsciente, sabiendo que el tarifazo afecta principalmente a los asalariados, se cubre fabulando con que ahora hasta pueden derrochar. Pero además “se olvida” que lo que los trabajadores con los impuestos, la inflación y la devaluación, ya han sufrido una sustancial reducción en el poder adquisitivo de los salarios. Y que son cada vez más los trabajadores que pagan lo que resulta un verdadero impuesto al trabajo, al no actualizarse adecuadamente el mínimo no imponible de ganancias y sus escalas o las escalas del monotributo. Pero para Cristina “de eso no se habla”.
Desde el PCR y el PTP llamamos a todas las organizaciones políticas, sindicales, barriales, de Amas de Casa, de pequeños y medianos comerciantes, etc., a unir fuerzas y movilizarnos en todos los lugares contra este tarifazo y los que le seguirán para torcerle el brazo a la política cristino-kirchnerista, luchando por medidas de emergencia inmediata como las que proponemos para que la devaluación, la inflación y la crisis no se sigan descargando sobre los trabajadores y el pueblo.
