La joven N. fue violada. Llegó al hospital –donde estuvo una semana internada– luego de ser derivada de la comisaría, a donde acudió escapando del agresor. No le informaron ni le suministraron la pastilla del día después, aunque una resolución nacional obliga a dar la anticoncepción de emergencia gratuita.
N. quedó embarazada producto de la violación. Quiso interrumpir el embarazo en el hospital, pero el director Carrizo le negó ese derecho cuando lo solicitó junto a su madre, Elsa Colqui y mujeres de la Casa de la Mujer. La Casa de la Mujer de San Pedro y la Multisectorial de Jujuy, iniciaron una colecta para realizar el aborto en forma segura, y para resolver la atención que el Estado no le dio, ni aún le da.
La indignación de la adolescente ante el fiscal se reflejó en su rostro y en sus palabras, cuando a pesar de todas las pruebas ofrecidas la Justicia no había mostrado ningún interés en individualizar y detener al violador, aunque ya habían pasado dos meses desde la denuncia efectuada por la defensora de Menores (contactada por el hospital).
Que “confiese” con sus palabras y su cuerpo
La mamá de la joven fue llevada junto a su hija por la fuerza pública el 9 de junio ante la jueza de Menores (a pesar de que se habían presentado ambas el día anterior junto a la abogada patrocinante, luego de ser citadas por escrito), y allí, sin la abogada, la jueza Macías la presionó insistentemente para que confesara la autorización de un aborto. Este intento de forzar la autoincriminación (prohibida por la Constitución) motivó que la abogada Mariana Vargas denunciara el 21/6 por mal desempeño a la jueza, a fin de que la misma sea removida como magistrada. También se planteó la nulidad de todo lo actuado el 9 de junio, y se informó a la jueza que la joven ya no estaba embarazada, a fin de poner fin a los hostigamientos expresando que había tenido un “aborto espontáneo”.
Entre los hostigamientos, se realizó una conferencia de prensa por el fiscal Cattan a fin de poner en duda el origen del embarazo, sin que ello fuera de injerencia del fiscal, y sin que se dijera una sola palabra respecto de la persecución al violador. Sí se refirieron a que la joven se encontraba “alcoholizada”, que se había negado a realizar una ecografía, y que el aborto en caso de violación estaba penado, aunque él “no era quien debía autorizar tal aborto”.
Pero la autoincriminación forzada no terminaba allí. A pesar de la oposición expresa de la mamá y su patrocinante de que no se siguiera sometiendo a N. a exámenes ginecológicos para proteger al “niño por nacer”, la jueza ordenó un nuevo examen al que la joven se negó, hasta que no soportó más las presiones. La policía la buscó a las 7.30 hs en su casa. Una psicóloga le decía que si no se realizaba el examen la Justicia pensaría que se hizo un aborto, y el médico insistía en que le dijera si se había realizado un aborto porque igual se daría cuenta, preguntándole quién le había retirado los restos de placenta…
La mamá de la joven pidió a la psicóloga que se realizara en el Hospital Pablo Soria de Jujuy (donde la habían trasladado el 20 de junio a la joven) los estudios neurológicos que estaban pendientes para la adolescente por los golpes sufridos durante la agresión sexual. Pero la psicóloga dijo que no. Sólo importaba probar el aborto, ilegalmente, con presiones, por la fuerza. La salud de joven no contaba en absoluto, como no importó cuando fue violada y no se cuidó su salud sexual y reproductiva al no informarla y suministrarle un método de anticoncepción de emergencia.
Sin dudas, avanza la Justicia contra N. persiguiéndola por suponer que el aborto no fue espontáneo, sino provocado luego de que se realizara la colecta nacionalmente. Pero avanza contra ella violando la garantía de prohibición de la autoincriminación forzada, obligándola a “confesar” con sus palabras y su cuerpo.
“Déjenla en paz, y persigan al violador”
Esto expresó la Multisectorial de la Mujer, aunque la autocensura en los medios locales acorrala con el silencio a quienes denuncian la violencia de género. Violencia que hoy se ejerce contra N. Se la persigue porque no tuvo derecho a decidir evitar una concepción, porque el hospital decidió por ella. Porque no acepta la impunidad de la Justicia a su violador, que dejó en ella un embarazo que ya no sigue, aunque sí continúan los recuerdos, las pesadillas y los miedos. Porque hoy ya no está embarazada, y no avanzó en el camino que le deparaba el destino, como se lo deparó a Romina Tejerina.
Las mujeres de Jujuy, organizadas, hoy enfrentan la persecución a N. Quieren la remoción de la jueza que castiga hasta arrancarle lágrimas a la joven en vez de protegerla. Este miércoles volverán al Ministerio de Salud provincial, para exigir el cumplimiento del protocolo de atención sanitaria a víctimas de violación al que la Dra. Tanuz se comprometió. Y seguirán exigiendo, junto a N., la cárcel al violador.
