Siendo el tema de la lucha por las libertades democráticas uno de los pilares que recorre nuestra historia, ubicamos esta problemática en la perspectiva de la acumulación de fuerzas en el camino revolucionario.
Nos interesa plantear, en oportunidad de cumplirse los 35 años del golpe, nuestra visión de la perspectiva actual del llamado campo de los derechos humanos.
Siendo el tema de la lucha por las libertades democráticas uno de los pilares que recorre nuestra historia, ubicamos esta problemática en la perspectiva de la acumulación de fuerzas en el camino revolucionario.
Nos interesa plantear, en oportunidad de cumplirse los 35 años del golpe, nuestra visión de la perspectiva actual del llamado campo de los derechos humanos.
A pesar de que la denominación derechos humanos implica una definición desde el estado burgués, que escamotea la lucha de clases, y que nosotros preferimos hablar de libertades públicas y de derechos populares, reconocemos esa denominación en nuestro país, teniendo en cuenta que se ha ido connotando con el tiempo en relación al movimiento democrático y que caló profundamente en el pueblo como expresión del perseverante enfrentamiento a la represión y la impunidad a partir de la resistencia antidictatorial.
La lucha democrática en nuestro país ha tenido una importancia decisiva a lo largo de la historia. No obstante, en muchos períodos hubo contradicciones entre el aspecto nacional y lo democrático, que favorecieron la división del campo popular, división que fue aprovechada por las clases dominantes. Es por ello que siempre hemos sostenido la posición, junto a otros sectores, de otorgarle el sentido que la asocia inseparablemente a la lucha patriótica, antiimperialista y de defensa de los sectores explotados y oprimidos.
Entendemos a la lucha por las libertades públicas y contra la impunidad como parte sustancial del camino liberador. Consideramos que mientras exista opresión imperialista, mientras exista un sistema de explotación de clase, habrá represión y habrá impunidad, en algunos momentos abierta , en otros más solapada. Sólo con la liquidación del Estado que responde a las clases dominantes, con su derrocamiento revolucionario, será posible avanzar en la construcción de una sociedad que no necesite utilizar ese instrumento contra los obreros y las grandes masas populares. Recién entonces podremos hablar de un verdadero nunca más.
Mientras tanto enfrentaremos una y otra vez cada una de las manifestaciones de las políticas represivas.
En la actualidad, es una problemática que vale la pena abordar, no sólo por la importancia que tiene en sí misma para el pueblo argentino, sino también porque el kirchnerismo ha utilizado, desde el inicio de sus gobiernos, esta bandera tan cara que recorre tantos años de lucha, intentando apropiarse de la misma a los efectos de ganar consenso favorable. Los hechos ocurridos en el último período de 2010, particularmente en relación a la pueblada de Bariloche, el asesinato del militante del PO Mariano Ferreira, la represión de la ocupación en el parque Indoamericano que dejó un saldo de 3 muertos (Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Juan Canevari) y numerosos heridos, y la brutal represión a Colonia La Primavera en Formosa, en la que asesinaron a Roberto López de la CCC y Mario López de MOCAFOR, y destruyeron bárbaramente numerosas viviendas, han corrido con absoluta claridad el velo de la democracia kirchnerista..
El pueblo y los derechos humanos
La lucha contra la dictadura y la impunidad tiene una inmensa importancia histórica. Los crímenes contra el pueblo perpetrados por los genocidas encontraron respuesta en la heroica resistencia antidictatorial, cuya expresión pública más avanzada fueron las Madres de Plaza de Mayo.
La lucha antidictatorial, así como la derrota de Malvinas, marcaron un punto de inflexión y la dictadura tuvo que retirarse.
No obstante, lo hizo sobre la base de ciertos acuerdos en los que cifraba la expectativa de impunidad y no sobre la base de un derrocamiento que, tal como planteaba nuestro partido, permitiera que no quedara piedra sobre piedra del andamiaje fascista.
Si bien no es materia de este artículo y merecería un desarrollo más pormenorizado, podemos decir que es desde esta perspectiva que puede comprenderse el sentido de la política de derechos humanos de Alfonsín.
El pueblo, en marchas multitudinarias, que no tienen parangón en toda América Latina, exigía justicia frente a los crímenes de la dictadura. El clamor popular fue tan extraordinario que Alfonsín basó su campaña electoral en las promesas de justicia y esta bandera tuvo incidencia en su triunfo electoral.
En esas condiciones se realizó el juicio contra las Juntas militares, que significó un extraordinario triunfo popular.
Logro histórico, aunque hay que tener en cuenta que dicho juicio se denominó “juicios a los excesos en la lucha contra la subversión”, lo cual implicaba la intención de legitimar, de contrabando, la teoría de los dos demonios.
Pero los acuerdos asumidos con la cúpula de la dictadura, hicieron que luego el mismo gobierno tomara medidas que abrieron el camino de la impunidad. Primero la decisión, por vía parlamentaria, de que los juicios a los represores se hicieran por tribunales militares y no civiles, y en 1987, la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida, que impusieron el fin de todos los juicios y la impunidad de los genocidas.
Durante todos los años posteriores siguió incesantemente, con momentos de enorme expansión y otros de relativa retracción la lucha contra la impunidad, que continuó siendo un ejemplo mundialmente reconocido.
La sanción de los indultos a los jefes de la dictadura por parte de Menem fue un durísimo golpe al movimiento democrático y al pueblo argentino en su conjunto.
Al cumplirse el 20 aniversario del golpe, en una demostración de la construcción de la memoria colectiva, el pueblo salió a las calles, a lo largo del todo el país, denunciando a la dictadura y exigiendo justicia. Fue en ese momento, en medio de la efervescencia popular, que se conformaron espontáneamente en todo el país las agrupaciones de hijos de desaparecidos y también se formó el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, una verdadera multisectorial conformada por centenares de organizaciones sociales, políticas, de ddhh, de trabajadores, estudiantes, etc., que organizó la marcha del 24 de marzo de 1996, cuya conmovedora masividad todos recordamos.
El Encuentro Memoria Verdad y Justicia, espacio de nucleamiento de la lucha democrática, a pesar de múltiples boicots, sujetos a las vicisitudes políticas de todos estos años, se ha ganado un lugar de reconocimiento en enormes sectores populares en la lucha contra la represión y la impunidad.
Manteniendo siempre el sistema de toma de decisiones por consenso, continuó siendo el centro principal de convocatoria de las marchas del 24 de marzo de todos los años, encabezó los movimientos por la aparición con vida de Julio López y el castigo a los culpables de su secuestro, y contra la criminalización de la protesta social en estos años.
Las iniciativas del Encuentro fueron referentes para las movilizaciones que se desarrollaron en todo el país. En el caso de la desaparición de Julio López, es importante destacar el papel que jugó la multisectorial de La Plata, que contó con la participación de numerosas organizaciones, entre ellas Liberpueblo (La Plata), Hijos La Plata y amplios sectores del movimiento obrero.
El Argentinazo y la nulidad de las leyes
La sensibilidad de nuestro pueblo y la profundidad de la lucha democrática es de tal magnitud, que el disparador que detonó el argentinazo fue la declaración del estado de sitio por parte del gobierno de De la Rúa.
La inmensa rebelión popular que recorrió la Argentina, cuestionó las instituciones del sistema con la consigna “que se vayan todos” y abrió una crisis de gobernabilidad que preocupó profundamente a las clases dominantes. El argentinazo sacudió a nuestro país hasta sus últimos cimientos y abrió una nueva etapa en el camino de la lucha liberadora.
Si bien la correlación de fuerzas y el grado de desarrollo y organización popular no permitió coronarlo en la constitución de un gobierno patriótico y popular, el argentinazo dejó profundas huellas, y perfiló un boceto, como lo hizo el Cordobazo, de las posibilidades del camino insurreccional.
Después de la semana en la que tuvimos 5 presidentes, Duhalde se propuso recomponer la gobernabilidad, pero los asesinatos de Kostecki y Santillán, nuevamente un tema vinculado a las libertades públicas, produjo tal respuesta popular que puso nuevamente en cuestión la estabilidad del sistema y sus instituciones.
Ante la nueva situación, Duhalde adelantó las elecciones. Lo que estaba claro para las clases dominantes, era que el tema democrático, además de la problemática del hambre y la entrega, constituía un factor de desestabilización para sus proyectos y políticas.
Duhalde y el grupo que lo apoyaba eligieron a Néstor Kirchner como su candidato en las elecciones presidenciales, luego de las deserciones de Reutemann y De la Sota.
Néstor Kirchner llegó a la Presidencia de la Nación luego de haber perdido en la primera vuelta contra Menem, sacando sólo el 20 % de los votos y sin la realización de la segunda vuelta en virtud de la maniobra de Menem de bajarse de la misma.
Así, sin en el menor antecedente en la lucha contra la dictadura ni contra la impunidad posterior, cuestionado por izquierda y no por derecha, era imperioso para Kirchner producir algunos hechos y discursos que le garantizaran consenso social y le permitieran construir y afirmar una fuerza propia política y económica.
También era importante para esos sectores recuperar la credibilidad en las relaciones exteriores y en los países centrales, que tienen experiencia, en la medida de que se trate de otros países que no son ellos, en utilizar la causa de los derechos humanos como método de presión.
Precisamente en ese contexto , la enorme lucha contra la impunidad encontró condiciones favorables para conseguir un triunfo, que se materializó en la anulación de las leyes de Punto final y Obediencia Debida. Esta experiencia es importante de tener en cuenta, en términos más generales, porque hace a un debate presente en el campo popular. Demuestra que muchas veces la lucha obrera y popular puede aprovechar ciertas coyunturas políticas para conseguir, arrancar, determinadas conquistas. Esto no quita ningún mérito ni implica concesiones de principio, sino que reconoce que es también importante tener en cuenta la valoración de las contradicciones y posibilidades que ofrece cada momento.
Desde esta valoración histórica es que consideramos que la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, constituyó un importantísimo triunfo del pueblo argentino en la larga lucha contra la represión y la impunidad y no un acto generoso de los Kirchner.
Merece recalcarse también que el mecanismo de anular estas leyes sólo puede entenderse desde los hechos de diciembre de 2001. Implicó en sí misma un cuestionamiento de las instituciones formales e informales del sistema, ya que, a diferencia de la derogación ( que ya había sido sancionada ), que es el procedimiento habitual para hacer cesar la aplicación de una ley y no tiene efecto retroactivo, la anulación permitió actuar sobre hechos previos.
Es decir, el protagonismo popular impuso la legalidad de lo que había legitimado mediante tantos años de protesta y movilización.
Lo que sí podemos reconocerle a Kirchner (y a sus asesores, entre ellos y fundamentalmente H. Verbitsky) es la habilidad de detectar una demanda profunda de masas, un tema sensible en el que él nunca había incursionado ni denunciado, cuyo abordaje le ayudaría a reubicarse ganando consenso social y político.
Así, no sin vaivenes, aceptó apoyar el proyecto de anulación de las leyes de obediencia debida y punto final encabezado por Patricia Walsh.
Muchos dicen que Kirchner tuvo la voluntad política de apoyar la anulación de las leyes, así como Menem la de dar los indultos. Obviamente, no se trata de juzgar intenciones sino hechos, pero los hechos deben analizarse en el conjunto de sus determinaciones. Y la necesidad de legitimación de los Kirchner era imprescindible, para ellos y el grupo que los llevó al poder.
Por lo tanto debemos decir que, en el contexto que describimos, Kirchner aceptó el proyecto de anulación de las leyes de obediencia debida y punto final y la bancada oficialista contribuyó a la sanción de la ley. También es cierto que dicha sanción contó con el apoyo de Carrió, que luego volvió al discurso de la reconciliación, y de otros diputados y senadores que le dieron su apoyo en función de especulaciones políticas y no por convicción.
Pero lo cierto es que la ley se aprobó y también por el conjunto de los hechos que hemos planteado decimos que ese fue un gran triunfo popular y no un logro de los Kirchner.
Sobre la base de esta situación, y con algunos gestos simbólicos, como el retiro del cuadro de Videla, el gobierno kirchnerista comenzó una campaña de opinión pública, montando una imagen popular y progresista, apropiándose de esta conquista y ocultando a los verdaderos protagonistas: las masas populares.
La anulación de las leyes abrió curso a la realización de los juicios. Estos tienen una enorme importancia histórica y simbólica, porque implican el reconocimiento, por parte del Estado, del genocidio perpetrado. Que genocidas como Videla, Bussi, Etchecolatz, Menéndez, sean condenados, es una reparación , no sólo para los familiares de los desaparecidos y para los que sufrieron de manera directa la represión, sino para todo el pueblo argentino, que sufrió de las más diversas maneras la brutalidad dictatorial.
Merece destacarse la acción sostenida de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que además de jugar un papel fundamental en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, fue la principal impulsora de los juicios por la Verdad, desarrollados en la ciudad de La Plata y posteriormente motor fundamental en las querellas y testimonios de los juicios actuales a los genocidas.
Es necesario también señalar que los juicios tienen enormes falencias y que el gobierno no ha tomado en todos estos años las medidas políticas necesarias para terminar verdaderamente con la impunidad .
En su desarrollo, como no podía ser de otra manera, está la marca de los límites de este Estado y de los custodios de la continuidad del poder de las clases dominantes. Por la magnitud de la represión , por su carácter sistemático y planificado, era necesario implementar una metodología que garantizara que el objetivo de justicia se hiciera realidad mucho más rápida y ampliamente.
La mecánica de los juicios está en contradicción con esa necesidad. Transcurren como si se juzgaran delitos aislados individuales y no una práctica planificada y sistemática. El tiempo que requieren, el número limitado de represores a los que alcanzan, la inacabable repetición de testimonios por cada uno de los pequeños grupos de casos que en cada oportunidad se consideran, el hecho de que haya que probar una y otra vez torturas, asesinatos, violaciones, apropiación de niños, ya reiteradamente probados socialmente, relativiza su eficacia y afecta la continuidad de la vida cotidiana de los querellantes y testigos.
Todas las falencias de los juicios hacen que, a 7 años de la nulidad de las leyes, sean algunos pocos los genocidas condenados, y además algunos gocen de condiciones de detención inaceptables en countries, dependencias militares o celdas VIP.
Las limitaciones de los juicios no han encontrado otra acción de parte del gobierno más que los exhortos discursivos. Por ejemplo no destinaron un solo peso extra para los juzgados que tramitan las causas contra los genocidas, no impulsaron ninguna reforma legislativa que permitiera que los juicios avancen más rápidamente ni impulsaron la remoción de los jueces que se resisten a hacerlos avanzar.
Por otra parte, a pesar de haberlo anunciado, el gobierno no abrió todos los archivos de la dictadura. Sólo fue dado a conocer una parte del archivo del batallón 601. Esta medida hubiera permitido tener información fundamental, como el destino de niños apropiados, nombres de represores que revistaban en aquella época lo que permitiría conocer cuales siguen en actividad y en qué función. Como se pudo descubrir, a raíz de la información que tomó estado público del 601, la presencia de un infiltrado en el MST en Neuquén .
Otra característica de la política del gobierno es la cooptación de organismos de derechos humanos como parte de una política divisionista del movimiento popular.
Algunos de nosotros hemos participado junto a las Madres de Plaza de Mayo en la resistencia antidictatorial y nos hemos nutrido y reforzado en su espíritu de lucha durante la dictadura y también mucho tiempo después. Hemos conocido de cerca la firmeza de Hebe Bonafini y su posición ética de sostener los principios.
Nos resulta trágico encontrarnos con la utilización de las Madres como estandarte de un gobierno que paga la deuda externa usuraria y fraudulenta, que remata nuestros recursos naturales, que toma medidas contra las que Hebe luchó denodada y consecuentemente durante años. Aún hoy recordamos, con dolor, las marchas de la resistencia encabezadas por la bandera del no pago de la deuda externa.
El gobierno ha desarrollado su política de cooptación, no sobre la base de responder a las necesidades populares, sino utilizando la billetera para apoyar negocios, empresas inmobiliarias, repartiendo puestos, etc.
La desaparición de Julio López
La desaparición de Jorge Julio López dio por tierra con la ilusión del nunca más y es un ejemplo paradigmático de la persistencia de la impunidad, también expresada en el asesinato de Silvia Suppo, los secuestros transitorios y las amenazas de querellantes y testigos o el “suicidio” del prefecto Febres.
No se trata de considerar que el gobierno hubiera sido culpable del secuestro de Julio. Pero debió asumir la responsabilidad política para conseguir su aparición con vida, buscar a los responsables de su secuestro y de todas las agresiones, amenazas y secuestros posteriores en la Bonaerense (en la que siguen revistando 9000 efectivos de la época de la dictadura), en los organismos represivos, y en la derecha fascista . Por el contrario, su actitud fue encubrir, permitir que se plantaran pruebas y se ocultaran otras, que se frustraran líneas de investigación enteras.
Es decir, el gobierno no tomó ninguna medida para quebrar la cadena de impunidades, y se ocupó específicamente de ocultar e intentar llevar al olvido el tema de Julio López.
A pesar de la enorme demanda popular por la aparición con vida de Julio, a pesar de hablar permanentemente en sus discursos de los derechos humanos, Cristina Kirchner jamás lo mencionó ni tomó ninguna medida.
El gobierno ante las luchas: criminalización y represión
Para analizar en su conjunto la política de derechos humanos de un gobierno es necesario valorar su actitud frente al pueblo en lucha.
Los Kichner respondieron siempre teniendo muy presente la experiencia del argentinazo, la respuesta popular frente a los asesinatos de Kosteki y Santillán y la necesidad de mantener su discurso progresista.
Su estrategia, hasta Terrabusi, fue utilizar las distintas herramientas represivas, midiendo cuidadosamente los efectos sobre su imagen y las condiciones de gobernabilidad.
Las herramientas represivas utilizadas se apoyan en tres elementos fundamentales, judicialización y criminalización, patotas (tercerización de la represión) y represión directa.
Una serie de hechos a lo largo de estos años, evidencian la contradicción entre el discurso y la realidad:
• La judicialización de la protesta social, a través del procesamiento de los luchadores populares.
• La aprobación de la ley antiterrorista, cuyo proyecto fue enviado por Néstor Kirchner;
• El cierre de la Plaza de Mayo, en ocasión de la visita de Bush a la Argentina, hecho inédito de prohibición del derecho a manifestarse.
• El asesinato de Fuentealba en Neuquén en el marco de una lucha nacional contra la política educativa y que no mereció ninguna acción concreta de parte del Gobierno Nacional.
• La represión y las detenciones durante 3 años en Las Heras, Provincia de Santa Cruz.
• La desaparición de López, de la cual nos hemos referido.
• La desaparición de Luciano Arruga.
• La continuidad del gatillo fácil y el asesinato de los jóvenes, como el caso de Rubén Carballo.
• La combinación de gatillo fácil y la represión a una pueblada como fue en caso de Bariloche que dejó un saldo de tres jóvenes asesinados por la Policía.
• La utilización de las patotas en los hospitales Francés y Garrahan, que inauguraron la sistematización de la tercerización de la represión, como se vio luego en la lucha agraria, en el Indec y en la lucha de los trabajadores tercerizados.
• La brutal represión a los trabajadores de Terrabusi-Kraft.
• La criminalización de la lucha de Gualeguaychú.
• La existencia de presos políticos
• Los asesinatos de Mariano Ferreyra, Roberto López (Qom militante de la CCC), Mario López (Pilagá militante de MOCAFOR), Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Juan Canevari (vecinos de Villa Soldati y Lugano)
Como resulta evidente, no han sido pocos los casos de represión durante la última década, y en particular durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero ha sido luego de la asunción de Cristina Kirchner que la represión se ha profundizado.
El año 2010 marcó un punto de inflexión, con un saldo de asesinatos sin precedentes desde el Argentinazo.
A continuación nos detendremos en el análisis de algunas de las herramientas represivas utilizadas en este período.
La judicialización y criminalización de los conflictos sociales
Esta forma de represión, la herramienta más utilizada, le permite al Gobierno no aparecer utilizando violencia estatal física, despolitizar la represión convirtiéndola en un asunto legal, intimidar y condicionar a los protagonistas de las luchas con la amenaza de cárcel efectiva, mantener ocupados a los protagonistas y a los organismos de derechos humanos en defensas jurídicas en cada expediente y por último mantener para las grandes masas su discurso “democrático”.
Esta ha sido la herramienta por excelencia que ha usado el gobierno nacional y los gobierno provinciales, en las condiciones postargentinazo, donde utilizar la represión física les implicaba costos políticos que no estaban dispuestos a pagar.
No hay conflicto social en la Argentina que no se transforme en un expediente que tramita ante un Juzgado Penal. La lucha de Gualeguaychú (5 causas y 30 imputados), de Andalgalá (2 imputados), de Terrabussi (18 causas penales contra 70 trabajadores), estudiantes universitarios (4 causas y 20 estudiantes imputados), dirigentes del movimiento de desocupados (Alderete, Kuperman, etc), los trabajadores del Subte, Hospital Francés y Garrahan, originarios del Chaco (Mártires López), Formosa, y Salta, son sólo unos pocos ejemplos.
Una característica de la profundización de la criminalización ha sido la utilización de figuras penales cada vez más gravosas y desvinculadas de los delitos políticos clásicos. Por ejemplo a las imputaciones clásicas de atentado y resistencia contra la autoridad y entorpecimiento del transporte y los servicios públicos se suman los delitos de perturbación de funciones públicas, robo, extorsión, usurpación, daños, intimidación pública, incitación a la violencia, apología del crimen, lesiones, coacción, coacción agravada, sedición, privación ilegítima de la libertad, amenazas, entre otros. La utilización de este tipo de figuras penales responde al intento de transformarlos en delitos comunes.
Vale la pena recordar que, cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner se realizó una reunión de los organismos de derechos humanos con el Dr. Eduardo Luis Duhalde, nuevo Secretario de Derechos Humanos de la Nación.
En dicha reunión los organismos planteamos la necesidad de terminar con la criminalización de la protesta social. Miles de juicios contra trabajadores ocupados y desocupados se extendían por todo el país.
El Dr. Duhalde se comprometió a impulsar desde el Gobierno Nacional un instrumento que permitiera resolver la situación.
No sólo nunca cumplió con su promesa, sino que esta política se profundizó, al punto tal de que algunos de los procesados se transformaron en presos políticos. Hoy se encuentran presos por luchar y son presos políticos Roberto Martino, Carlos Olivera y José Villalba.
Desde Liberpueblo tomamos el tema de la criminalización de la protesta social como uno de nuestros ejes, entendiendo la gravedad de la situación y la necesidad de darnos una política que permitiera al conjunto del pueblo enfrentar esta forma de disciplinamiento social.
En esta línea motorizamos, en conjunto con otras organizaciones sociales y de derechos humanos que conforman el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, distintas medidas de lucha concretas, actos, manifestaciones, entrevistas a funcionarios, etc. Es materia prioritaria del Encuentro que sostiene la consigna de “no a la criminalización de la protesta y libertad a los presos políticos”
Así también hemos colaborado activamente en la presentación, en los últimos 3 años del proyecto de ley de amnistía, encabezado por el Diputado Horacio Alcuaz (GEN) y firmado por 15 diputados nacionales de distintos bloques (GEN, Proyecto Sur, Socialismo, SI, Coalición Cívica), dando de esta manera también la batalla en el Congreso Nacional.
Al respecto existió un profundo debate entre las organizaciones del campo popular sobre la herramienta política-jurídica para impulsar y luchar por una solución que abarcara a todos los compañeros encausados por luchar.
En ese camino desde Liberpueblo consideramos que una ley nacional de amnistía es la que permite el cierre todas las causas penales iniciadas por motivos políticos que existen en el país y no depende de las decisiones individuales de los distintos jueces. Esta herramienta, apoyada en la movilización, nos permite trabajar en un amplio reagrupamiento que posibilite juntar todas las fuerzas detrás de una medida que resuelva el problema presente y que golpee duramente la política de criminalización para el futuro.
El gobierno nacional ha trabado todos los proyectos de ley presentados hasta la fecha. El mismo gobierno que hizo aprobar la ley antiterrorista en una semana, impidió e impide sistemáticamente la sanción de la ley de amnistía-
Patotas: tercerizacion de la represión
Con la finalidad de evitar aparecer ante las masas como responsables de la represión, el gobierno nacional y sus socios provinciales han tercerizado la represión en las patotas.
La utilización de patotas es marca registrada de los últimos 8 años. Por citar sólo algunos casos, éstas actuaron en: Hospital Francés, Subte, Ferroviarios, Indec, Indoamericano, UCEP, rebelión agraria.
Esta herramienta ha sido fuertemente repudiada por el movimiento popular que supo descubrir la relación entre ellas y los funcionarios del gobierno. El caso de Moreno en el Indec resulta paradigmático.
Tal como se ve en el caso de Mariano Ferreyra, las patotas (siempre con cobertura policial y política) permiten al gobierno nacional aparecer como un tercero, no responsable de los hechos.
En el conflicto de los tercerizados del Roca, la patronal UGOFE S.A. (que no es otra que la Unión Ferroviaria y el Estado Nacional) a través de su grupo de choque, con la colaboración de la Policía Federal, que liberó la zona, asesinó a Mariano Ferreyra y dejó al borde de la muerte a Elsa Rodríguez. Ante su asesinato, Cristina Kirchner declaró “Voy a defender todas las manifestaciones, pero no con armas o palos” poniendo en un mismo nivel a la patota armada con los trabajadores. El asesinato de Mariano Ferreyra despertó una ola de indignación de masas que se tradujo en una inmediata movilización ante la cual el gobierno modificó su discurso inicial y maniobró intentando mostrarse ante la sociedad como conmovido y colaborando con el castigo a los responsables. Entregó a la patota a la justicia, pero blindó a los funcionarios y jerarcas sindicales involucrados.
Represión institucional directa
Este gobierno reprime e intenta despegarse de sus actos para mantener su fachada progresista.
Por esta razón cuando han podido evitar la intervención de fuerzas de seguridad federales, han utilizado las provinciales.
A conflictos de carácter nacional que se desarrollan en las distintas provincias se los ha reprimido con policías provinciales. Tal es el caso de la represión a los maestros de Neuquén y Salta durante la lucha de los docentes, en la cual fue asesinado Carlos Fuentealba.
Contra los petroleros del norte de Santa Cruz y el sur de Chubut el gobierno nacional, conjuntamente con los provinciales y las empresas petroleras han utilizado fuerzas federales y provinciales en forma combinada, demostrando que los negocios no se tocan.
En febrero de 2006, frente a la movilización popular que exigía la liberación de Mario Navarro, delegado de los trabajadores petroleros de Las Heras, la Policía de la Provincia reprimió ferozmente a las 4000 personas (el pueblo tiene 15000 habitantes) que se encontraban manifestándose fuera de la Alcaldía, produciéndose escenas de desesperación. En los hechos muere el agente de policía Sayago. Este hecho fue utilizado para desplegar una fuerza especial de gendarmería nacional de más de 400 efectivos y comenzar un caza de brujas contra los trabajadores en lucha y vecinos solidarios con ellos. Así se detuvieron a 17 personas, las cuales denunciaron que fueron brutalmente torturados. A tal extremo llegaron los vejámenes que cuando la policía con asiento en Las Heras transporta a los detenidos a la Alcaldía de Puerto Deseado, el Comisario a cargo denuncia penalmente que los detenidos fueron torturados. De los 17 imputados, 6 estuvieron presos durante 3 años sin que exista ninguna prueba en su contra, encontrándose pendiente la realización del juicio oral. Por su parte, la causa donde la justicia debería investigar las torturas fue cajoneada.
Todos estos hechos fueron oportunamente denunciados por Liberpueblo ante la Secretaría de Derechos Humanos, teniendo como respuesta del Sub-Secretario Dr. Matarolo que ellos no iban a intervenir porque las torturas no las cometieron fuerzas de seguridad federales.
Apenas asumió Cristina se produjo la huelga de los trabajadores del Casino de Buenos Aires, en reclamo de sus legítimos derechos contra la patronal, encarnada por Cristobal López.
En un primer momento se utilizó a la patota contra los trabajadores. Al no ser esto suficiente se dio orden de reprimir a la Prefectura, quien cumplió las ordenes con especial saña para con los trabajadores, golpeando y deteniendo a decenas de compañeros.
A continuación se desató la rebelión agraria en donde la correlación de fuerzas determinó que en primer lugar se utilice a la patota de Moyano para despejar las rutas. Al no lograr el efecto deseado, el gobierno ordenó a gendarmería despejar la ruta 14 a la altura de Gualeguaychú y detener a los manifestantes. Esta acción represiva encontró una vez más la resistencia de gran parte del pueblo argentino que salió a la calle y logró el retiro de la gendarmería y la libertad de los detenidos.
Pero la bisagra en cuanto a represión policial fue Terrabusi-Kraft, cuando mientras Cristina Kirchner se abrazaba con Obama, se daba la orden a la Policía Bonaerense de reprimir a los trabajadores, produciéndose detenciones masivas (más de 65 compañeros detenidos), utilizando altísimos niveles de violencia, y haciendo funcionar a la planta de la Kraft como una prisión en la cual las leyes argentinas no regían.
En julio de 2010, el gatillo fácil se cobró la vida de Diego Bonefoi en Bariloche. La respuesta policial a la justa indignación popular, que se expresó en una verdadera pueblada, y se cobró la vida de otros dos jóvenes, Cárdenas y Carrasco.
A la larga lucha de los originarios Qom de Formosa por sus tierras ancestrales, después de 4 meses de lucha cortando la ruta, se le respondió con la patota de los Celia y la policía de la Provincia, que asesinó, en la colonia La Primavera, al compañero Qom de la CCC Roberto López por un tiro por la espalda cuando cubrió a uno de sus compañeros. También fue asesinado Mario López, (Pilagá de MOCAFOR), cuando fue atropellado intencionalmente por un automóvil conducido por personal policial. La responsabilidad de Insfrán quedó al descubierto de inmediato. 24 horas después del asesinato la presidenta Cristina Kirchner se mostró sonriente en la inauguración de una obra pública con Insfrán, a través de una teleconferencia. Ante esta situación el dirigente de la Comunidad Felix Díaz viajó a Buenos Aires y tuvo una reunión con el Ministro del Interior Florencio Randazzo quien prometió retirar a las fuerzas de seguridad, realizar un censo sobre la situación de la comunidad y empezar a estudiar la situación de las tierras objeto de reclamo. Nunca cumplieron estas promesas. Por el contrario, saturaron la región con gendarmería nacional, que según denuncian los pobladores, en lugar de defenderlos efectúa un control constante de todos sus movimientos. A tal extremo llegó el incumplimiento de las promesas efectuadas por el gobierno nacional que el cacique Félix Díaz retornó a Buenos Aires para reunirse nuevamente con el Ministro del Interior, y ante la negativa de éste a recibirlo inició una huelga de hambre durante varias semanas. Debió levantar la medida sin lograr que ningún funcionario de primera línea lo reciba debiendo consolarse con una reunión con el Subsecretario de Derechos Humanos.
Nuestra experiencia nos marca que, cuando le es posible, el gobierno suele mandar en primer lugar a fuerzas provinciales y luego utiliza fuerzas federales para amedrentar a los trabajadores, vecinos o comunidades, así pasó en Las Heras (Santa Cruz) y en La Primavera (Formosa).
Un nuevo salto de calidad en la política represiva del gobierno la vimos el 7 de diciembre de 2010 en el Parque Indoamericano. Ante la explosión de la pobreza en la mismísima Ciudad de Buenos Aires, a 10 minutos de Plaza de Mayo, el gobierno enfrentó el problema mediante la represión. El Ministro de Seguridad y Justicia Julio Alak ordenó a la Policía Federal el desalojo del Parque Indoamericano. Por primera vez la Federal actuaba en conjunto con la “nueva” Policía Metropolitana. Tal como quedó demostrado por la investigación judicial en curso, la fuerza a cargo del operativo fue la Federal, actuando la Metropolitana en apoyo de aquélla. El saldo del desalojo fueron dos personas asesinadas por balas policiales (Bernardo Salgueiro de 22 años y Rosemary Chura Puña de 24), otra por patotas conformadas por barras bravas (Juan Canevari –Quispe), 12 detenidos y un número no determinado de heridos de bala de plomo. El gobierno nacional no separó de sus cargos a ninguno de los comisarios a cargo del operativo, ni entregó ninguna prueba que permita individualizar a los autores de los asesinatos. Si la causa avanza es a pesar del gobierno nacional y de la ciudad.
Resulta claro a esta altura de los acontecimientos que la política de derechos humanos de Cristina Fernández de Kichner es compatible con represión y muerte
Creación de nuevas fuerzas represivas
El gobierno nacional ha impulsado la creación de nuevas policías “locales”, por ejemplo, en el partido de Ezeiza se creó una nueva policía que depende del municipio. Pero el caso más importante es la creación de la policía Metropolitana.
La Policía Metropolitana fue posible en virtud de la reforma de la Ley Cafiero por parte del Congreso Nacional gracias al acuerdo llegado entre el Pro y el Frente para la Victoria. Todo el arco oficial votó por incorporar en las facultades de la Ciudad de Buenos Aires la creación de su nueva Policía.
Este acuerdo en el Congreso Nacional, continuó en la Legislatura Porteña donde los legisladores del Pro y del Frente para la Victoria votaron la creación de la Policía Metropolitana tal como existe hoy en día.
No podemos dejar de resaltar que el Pro y el Frente para la Victoria se unieron para crear la Policía Metropolitana, y que la Federal y la Metropolitana actuaron conjuntamente para reprimir en el Parque Indamericano.
Conclusión
En estos últimos 8 años se han sancionado leyes reaccionarias, se han creado nuevas fuerzas policiales, se ha judicializado la lucha popular, han desaparecido Julio López y Luciano Arruga, han existido numerosos hechos represivos, que han dejado como saldo decenas de asesinatos, que en su mayoría se encuentran impunes, se han utilizado patotas contra los que luchan y se ha encarcelado a numerosas personas por causas políticas.
Cristina Fernández de Kichner ha demostrado que su política de “derechos humanos” es compatible con represión y muerte de los que luchan.
Frente a estos hechos y a un gobierno que ha jugado al milímetro y que se ha dado una política para dividir al campo popular, el pueblo argentino se ha movilizado y organizado, luchando para dejar al descubierto la política real de derechos humanos de este gobierno.
Reafirmamos nuestro compromiso de enfrentar la represión y la impunidad, denunciarlas en sus más variadas expresiones, inscribiendo la lucha por las libertades democráticas del movimiento obrero y popular en el camino de la liberación nacional y social.
