Una nota en un diario digital de la provincia, tituló la noticia que relataba el contenido del fallo “Cuando la bala perdida sí la paga el estado provincial”, haciéndose eco de la farsa montada desde el Estado.
Una nota en un diario digital de la provincia, tituló la noticia que relataba el contenido del fallo “Cuando la bala perdida sí la paga el estado provincial”, haciéndose eco de la farsa montada desde el Estado.
Lo cierto es que si bien el Superior Tribunal confirma el fallo que hizo lugar a la demanda de los padres contra el estado provincial, queda en sus fundamentos un engranaje más de la farsa judicial que garantizó la impunidad de los asesinos. El fallo confirmado expresa: “la indeterminación de la procedencia del proyectil que provocó la muerte de Luis Marcelo Cuellar no impedían elaborar un juicio de reproche en función de la reparación de los daños (…) Resultaba evidente el nexo entre el daño y la participación de grupos enfrentados y contrapuestos, uno de los cuales obraba ilícitamente -los manifestantes- y otro en el marco de la ley -las fuerzas policiales-. (…) La acción de los dos grupos fue determinada, aunque no pudo identificarse a cuál de ellos pertenecía el responsable”.
Marcelo Cuellar fue asesinado en una movilización popular en Libertador General San Martín el 10 de octubre de 2003. Dicha movilización fue en repudio al asesinato de Cristian Ibáñez en la comisaría 39 Hugo Salomón Guerra. La indignación por dicho crimen motivó combates callejeros entre manifestantes de la CCC y gente del pueblo, con la policía. En medio de horas de combates, apareció quien era jefe de policía del entonces gobernador Fellner, Carrizo Salvadore, represor dictatorial hoy detenido. Este jefe policial iba por la calle ledesmense con un arma en la mano, como muchos otros policías.
Otro policía con arma de fuego era Subia, quien fue el que disparó contra Marcelo asesinándolo. El propio Marcelo denuncia a éste y a Quispe antes de morir. En el pueblo ya estaba instalado el juez Argentino Juárez, dando órdenes en la represión y en los días que siguieron, con persecuciones y demás a integrantes de la CCC, entre ellos Kike Mosquera. También había 12 manifestantes detenidos. Juárez renunció como juez por corrupción el año pasado, luego de la lucha de La Casa de la Mujer Maria Conti, junto a la CCC, por haber liberado a violadores confesos por cobrar coima, y demás denuncias.
Subia también fue imputado en la causa penal pero el juez Juárez lo sobreseyó, a pesar de haber sido Juárez uno de los que dio las órdenes de represión que motivó la muerte de Cuellar. Es decir, el mismo juez que tuvo responsabilidad en la muerte de Cuellar, luego juzgó a su asesino, cerrando la causa para él en forma definitiva conforme nuestras leyes penales. Quedó sí detenido un “perejil”: Aleman, luego sobreseído en el juicio oral, quien reconoció en ese juicio haber disparado armas de fuego.
Fellner, responsable político del asesinato de Marcelo Cuellar en la represión, fue “premiado” por el gobierno K como presidente de la Cámara de Diputados, y ahora volverá a ser candidato a gobernador.
El ex juez Juárez no tiene ningún proceso abierto por este crimen. Carrizo Salvatore tampoco. Cari, comisario de la 39, fue ascendido al cargo de jefe de protección ciudadana. Ninguno de los policías que dispararon con armas de fuego (a excepción de Aleman), han sido ni siquiera citados en la causa.
El asesino de Cuellar, el oficial Subia, camina en libertad. Y a pesar de haber sido visto disparando el arma con la que se mató a Cuellar, nada se puede hacer contra él ya en el terreno judicial: el sobreseimiento cierra para siempre la acción penal contra él.
La impunidad de este crimen se cerró. Y si bien un fallo hace lugar a la justa indemnización que debe pagar el Estado a sus padres, con sus fundamentos no hacen más que poner una piedra más en el camino de esta farsa estatal.
Sobre Carrizo Salvadore, hoy detenido
Carrizo Salvadore era jefe de policía del ex gobernador Fellner, otrora devenido en ultra K. Hoy está detenido, acusado de crímenes de lesa humanidad en Catamarca. Es que luego de un enfrentamiento con el ERP, los jóvenes de este movimiento se rindieron, depusieron las armas, y no obstante Carrizo Salvadore ordenó ejecutarlos (10 y 12 de agosto de 1974). Después del golpe de Estado, cumplió funciones de capitán de infantería del Regimiento 17. Dicho regimiento secuestró, entre otros, a Gregorio Ponce, dirigente del Smata e integrante de la Juventud Obrera Católica (JOC).
El 10 de febrero de 1989, Carrizo Salvadores y el capellán César Lovaglio presidieron un acto religioso-militar en recuerdo de los muertos del regimiento durante el Operativo Independencia.
Entre 1999 y 2003 Carrizo ejerció como jefe de Policía de Jujuy del ahora ultra K Eduardo Fellner. La muerte de Marcelo Cuellar generó un profundo movimiento democrático que hizo renunciar a Carrizo Salvadore. Hoy se encuentra detenido imputado en Catamarca por “homicidio doblemente agravado” en la masacre de Capilla del Rosario.
Qué casualidad, en uno de los llamados a indagatoria, Carrizo Salvadore, ya ejerciendo como abogado en los tribunales de Jujuy, alegó estar enfermo. Sin embargo, estaba en una audiencia en la Sala I de la Cámara en lo Penal de Jujuy. Cuando fueron a preguntar por él, el secretario de la Sala negó que estuviera allí, cubriéndolo. La misma Sala que juzgó el crimen de Marcelo Cuellar (sobreseyendo a Aleman), rechazando el planteo de nulidad formulado por la mamá de Marcelo alegando que era nulo el proceso (y en consecuencia el sobreseimiento de Subia) ya que el mismo juez que lo sobreseyó a Subia, y procesó a Aleman, había estado a las órdenes de la represión que mató a Marcelo Cuellar.
