El 5 de septiembre la presidenta Cristina de Kirchner presentó el llamado Plan Estratégico Agroalimentario (PEA). Entre los objetivos más importantes, el Plan propone para el año 2020 que la producción de granos alcance las 157,5 millones de toneladas, el stock de ganado vacuno llegue a 54 millones de cabezas y la producción de leche a 18,3 millones de litros. En cuanto a la meta de exportaciones del agro se habla de llegar a 100 mil millones de dólares lo que, indudablemente, tiene un objetivo de caja relacionada al gasto público.
En los fundamentos del PEA se fijan guías de política económica, entre los que podemos señalar: promover la participación de toda la cadena de valor agroalimentaria y agroindustrial, junto con actores políticos, económicos y sociales; garantizar reglas de juego claras y consistentes para el largo plazo y crear riqueza económica con competitividad, de manera sustentable y con innovación tecnológica.
El Plan describe la política del gobierno en relación al “campo”, la que no puede analizarse al margen del tema de uso y tenencia de la tierra, expresado en el contenido de la llamada Ley de Tierra en manos extranjeras, la que pondría límites a este tipo de propiedad, pero no dice una sola palabra sobre los grandes terratenientes locales. Por eso es justa la posición del Consejo Directivo de la Federación Agraria Argentina, cuyo Consejo Directivo emitió un comunicado que dice: “nos preocupa el contenido productivista de los anuncios oficiales. Se habla de aumentar los volúmenes de la producción, pero no se nombra cuántos productores van a ser los protagonistas de ese proceso. Por el camino actual, podremos llegar a las 160 millones de toneladas, pero miles de chacareros quedaremos en el camino”.
Para el gobierno la cuantificación de los objetivos es lo importante y no lo que está pasando en la estructura social de la producción agropecuaria, que es una derivación de la estructura de la propiedad de la tierra y el gigantesco avance de la concentración de la producción en cada vez menos personas físicas o jurídicas. Esta es la razón por la que el oficialismo y algunas asociaciones que representan a pooles de siembra, fondos de inversión y terratenientes balancean como un gran éxito haber llegado a las 100 millones de toneladas de oleaginosas y cereales. El hecho es que se lograron con cada vez menos chacareros. La producción en gran escala continúa arrasando con el arriendo de pequeñas parcelas que por razones técnicas y de financiamiento no están en condiciones de seguir produciendo. El gobierno no lo ignora y su opción es seguir así para lograr las 160 millones de toneladas de granos. En este sentido, no es menor señalar que el área sembrada con soja ya superó el 64% del total y este Plan no se propone modificar esta estructura cada vez más concentrada en un solo cultivo.
Algunos de los voceros o expositores del PEA señalan que “el modelo económico agrario existente no garantiza la alimentación de las personas, porque busca rentabilidad y ganancia individual. Todavía hay vulnerabilidad en la soberanía alimentaria que hay que saldar”, sin duda una descripción de quienes adhieren al “modelo” y abrigan esperanzas de cambios a favor de los verdaderos pequeños y medianos productores argentinos, pero la pregunta obligada es la siguiente: ¿por qué en los últimos ocho años no se intentó poner freno y revertir la política de concentración de la producción y la expulsión de auténticos productores por parte de pooles de siembra o fondos de inversión? El resultado final de la evolución de la producción, principalmente sojera, antes que tender a la sustentabilidad alimentaria nacional apunta a darle de comer a los chanchos chinos para que un sector de la población de ese país mejore su consumo de proteínas animales y como alternativa, la producción de biocombustibles.
En relación al tiempo que lleva este gobierno resulta necesario recordar la historia. El 8 de septiembre de 1948, como consecuencia de la movilización chacarera a cuya cabeza estaba la Federación Agraria Argentina, se sancionó la ley 13.246 de arrendamientos y aparcerías rurales, que le daba al pequeño y mediano productor estabilidad en el arriendo por ocho años, congelaba el precio del arrendamiento y asistía con créditos a tasas muy bajas y largo plazo. Desde el 4 de junio de 1946, fecha en que Perón asumió su primera presidencia, habían pasado un poco mas de dos años hasta la sanción y puesta en vigencia de la Ley 13.246, la iniciativa se había tomado a los pocos meses de su gobierno. Perón no hizo la Reforma Agraria que había prometido en su campaña electoral, pero sí posibilitó, con las medidas señaladas, que 60.000 arrendatarios se convirtieran en propietarios, cantidad parecida a las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias que desaparecieron entre el Censo del 2002 y el de 2008.
Como conclusión podemos decir que el discurso y el crecimiento de los volúmenes de producción de por sí no modifican la realidad social del campo argentino y del conjunto del país, lo que requiere medidas concretas que garanticen el acceso y permanencia en la tierra de los verdaderos productores y los protejan frente a los monopolios imperialistas de los insumos y el comercio exterior y el avance de los pools y los muy vigentes grandes terratenientes argentinos y extranjeros.
