Está con trámite parlamentario Nº034 el proyecto de Régimen de Contratos Agrarios; derogación de la Ley 13.246 (régimen legal de arrendamientos y aparcerías rurales) y modificatorias, presentado por los diputados Pablo Orsolini y Ulises Forte, ambos provenientes de las filas de la Federación Agraria Argentina.
Está con trámite parlamentario Nº034 el proyecto de Régimen de Contratos Agrarios; derogación de la Ley 13.246 (régimen legal de arrendamientos y aparcerías rurales) y modificatorias, presentado por los diputados Pablo Orsolini y Ulises Forte, ambos provenientes de las filas de la Federación Agraria Argentina.
Que se esté tratando este proyecto es un hecho positivo que permitió la rebelión agraria del año 2008 y cuyo antecedente programático lo había dado el Congreso sobre uso y tenencia de la tierra, realizado en junio del 2004.
En los fundamentos del proyecto se dice que se “retoma el espíritu originario de la vieja ley” (la 13.246), que como sabemos fue sancionada por el gobierno de Perón el 8 se septiembre de 1948, día del agricultor en la Argentina. Perón, antes de llegar a la presidencia, se manifestaba contrario al arrendamiento de la tierra y argumentaba que lo más conveniente era tener propietarios. En un discurso de diciembre de 1944 había dicho: “el problema argentino está en la tierra: dad al chacarero una roca en propiedad y él os devolverá un jardín, dad al chacarero un jardín en arrendamiento y el os devolverá una roca”. En plena campaña electoral posterior al 17 de octubre de 1945 prometió la reforma agraria y finalmente se limitó a sancionar la Ley 13.246, que en materia de legislación agraria era un paso importante, particularmente porque fijaba un plazo mínimo de 5 años con opción a prórroga por tres años más, al mismo tiempo que congelaba el precio de los arrendamientos en vigencia a ese momento.
Recordamos que la ley originaria fue vaciada de contenido a favor de los terratenientes a partir del decreto 1639 de marzo del año 1963 por el equipo económico del gobierno que presidía Guido y que integraban entre otros Federico Pinedo, José Alfredo Martinez de Hoz, Alvaro Alsogaray y Eustaquio Méndez Delfino. Martínez de Hoz vuelve a aparecer con la dictadura dando el tiro de gracia a la 13.246, a través de la “Ley” 22.298 que liberaba la relación entre propietarios y arrendatarios y consolidaba legalmente la figura del contratista y de los contratos accidentales por cosecha, con lo cual se puede asegurar que se inició el proceso de la “agricultura sin agricultores”.
El proyecto de FAA tiene como objetivo principal poner freno al “desplazamiento de los agricultores familiares y, en general, de los productores agropecuarios estables y profesionales, a manos de grandes emprendimientos”, o sea de fondos de inversión, fideicomisos, sociedades anónimas, pooles de siembras, etc. Para dar una idea de este fenómeno en el campo de hoy tomamos las primeras estimaciones del volumen producido por estos protagonistas en la campaña de la producción de soja 2010. Ocho de los principales pooles de siembra han cosechado 4 millones de toneladas con una facturación que puede superar los mil millones de dólares, al precio de septiembre pasado. Por orden en el ranking ellos son: El Tejar (Oscar Alvarado), Cresud (IRSA-Elzstain), Adecoagro (George Soros), Los Grobocopatel, MSU (Manuel Santos de Uribelarrea), Olmedo (Salta), La Redención (Rodrigué-Fogante) y Cálix Agro (Dreyfus). Como sombra al cuerpo de esta concentración y ganancias extraordinarias sigue caminando la desaparición de pequeños y medianos productores, principalmente en la pampa húmeda.
El desplazamiento de los campesinos a manos de terratenientes es un hecho que se registra en la historia desde hace siglos, con las particularidades propias de cada época y país. Carlos Marx lo analiza en El Capital, refiriéndose al caso de Inglaterra y Escocia habla del “Clearing of Estates” (limpieza de fincas, que en realidad consistía en barrer de ellas a los hombres), (El Capital, tomo I, página 620. FCE. 1973). Fueron las grandes revoluciones, como la de 1917 en Rusia, la de 1949 en China o la de Cuba, las que permitieron terminar con los latifundios a través de la Reforma Agraria. Esta “limpieza” está ocurriendo en nuestro país. En cuarenta años han desaparecido 232.419 explotaciones agropecuarias, el 45,7 % de las 509.000 que había en 1969, al año 2008 quedaban 276.581. Revertir esta situación es un objetivo posible con una Reforma Agraria Integral que tendrá que sancionar un nuevo tipo de gobierno y de política.
Por ahora dos temas en relación al contenido del proyecto que de aprobarse en general sería una mejora. El primero es el artículo 18º referido al plazo: se vuelve a los cinco años de la Ley 13.246 pero no se establece la prórroga por tres años más. El segundo tiene que ver con el artículo 6º, que establece el equivalente a 20 unidades económicas la superficie máxima que podrán arrendar personas “físicas o jurídicas”; en distintas oportunidades en el seno de algunas filiales de FAA se cuestionó dicha cantidad por considerarla excesiva y se opinó que no debería superar las 10 unidades económicas. También hay que tener en cuenta las características de cada región.
Entre los temas a atender en la legislación agraria habría que incluir la prohibición de que los monopolios fabriles trabajen la tierra, que los frigoríficos no tengan feed lots, que las exportadoras de cereales no cosechen granos o que las papeleras no planten árboles, cuestiones que se incluyen en las políticas agrarias de algunos países.
