Rechazamos la decisión inconsulta del gobierno de Cristina Fernández y el macrismo de quitar de la órbita del IEM los ex Centros Clandestinos de detención Tortura y Exterminio de la ciudad de Bs As (Ex CCD) para llevarlos a la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Rechazamos la decisión inconsulta del gobierno de Cristina Fernández y el macrismo de quitar de la órbita del IEM los ex Centros Clandestinos de detención Tortura y Exterminio de la ciudad de Bs As (Ex CCD) para llevarlos a la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Según el convenio, tramitado en forma secreta entre gallos y medianoche, se traspasan al PEN en usufructo por 30 años el Casino de Suboficiales, el Pabellón Central y otras dependencias de la ESMA, y los Ex CCD El Atlético, Olimpo, Virrey Cevallos y Automotores Orletti; asumiendo el gobierno nacional la realización de un Museo de la Memoria en el Casino de Oficiales de la ESMA. Una intervención tecnológica con el objetivo de “resignificar el espacio”.
Ese proyecto de Museo ha sido cuestionado por parte los sobrevivientes de ESMA y organismos de Derechos Humanos por profundizar la banalización de lo vivido ahí adentro, acorralar la memoria y sectarizarla en la visión y objetivos del PEN; que con la “Resignificación” busca imponer la nueva “historia oficial”. Y porque se borran las huellas, afectando espacios físicos del único sitio del predio de la ESMA que se conserva intacto, y que mantenido en sus condiciones originales puede aportar prueba en los procesos judiciales seguidos a los genocidas de la dictadura.
El kirchnerismo, que apura la ejecución del museo para inaugurarlo éste 24 de marzo, pretende tener vía libre para manejar a su antojo lugares históricos, anulando la posibilidad de que las políticas sobre los ex CCD sean elaboradas en el IEM de forma autónoma, autárquica y por consenso, como lo establecía la ley que lo creó, como resultado de la lucha histórica por Memoria, Verdad y Justicia.
Los diversos cuestionamientos a como son aplicadas estas políticas por el IEM no significan que haya que aceptar caer en convertir el Casino de Oficiales de la ESMA en el “Tecnópolis de la Memoria” para mostrar una imagen de superación y reconciliación con la historia del genocidio.
Así, este convenio se inscribe en el camino que el Gobierno Nacional transita en materia de DDHH de llegar al 2015 terminando las Megacausas, tratando de dar por concluidos los juicios, dejando el saldo de la inmensa mayoría de las víctimas de la represión sin justicia y decenas de miles de partícipes del genocidio libres y al servicio del Estado, varios de ellos al servicio de éste gobierno como lo ejemplifica el caso del Jefe del Ejército César Milani –que durante la dictadura era de inteligencia- y ha sido señalado por Madres de Plaza de Mayo La Rioja y organismos de DD HH como el responsable de la desaparición del conscripto Ledo, en 1976. Por este camino buscan la reconciliación del pueblo con las actuales fuerzas armadas y de seguridad, continuadoras en el tiempo de las fuerzas armadas y de seguridad de la dictadura.
Esto se articula con la no apertura de todos los archivos de la dictadura, la falta de presupuesto para que la justicia investigue y juzgue; y se suma a la impunidad de hoy, impulsada y sostenida por este gobierno con la ley antiterrorista, el Proyecyo X, los asesinados por la represión y el gatillo fácil; la desaparición de Julio López, el asesinato de Silvia Suppo y la criminalización de la protesta social que enfrenta las políticas de ajuste, inflación y devaluación que han reforzado la dependencia y el latifundio en nuestro país.
Por otro lado, el gobierno de Macri se saca de encima el tema desligándose de la responsabilidad de asignar presupuesto a los ex CCD.
Por eso ejecutan el vaciamiento del IEM sin consultar ni informar a sus miembros ni a las Comisiones de Trabajo y Consenso de los Ex CCD, cuya actividad hoy está directamente ligada a las decisiones sobre los espacios donde funcionaron los lugares del terror. Se torna así incierta la situación del Instituto, afectando los derechos de las y los trabajadores que por ahora desconocen qué sucederá con sus puestos de trabajo. El estado es el principal empleador en negro de nuestro país lo que presupone que la precarización laboral –que ya se vive en el IEM bajo el gobierno de Macri– no va a ser ‘corregida’ por Nación. Por el contrario, éste traspaso a espaldas de las y los trabajadores, obliga a estar alerta para defender sus derechos.
Proponemos, junto con las acciones legales para anular el Convenio, denunciar la maniobra, resistir al traspaso e impulsar desde las Mesas de Trabajo y Consenso de los ex CCD su ampliación y apertura democrática a todos los sobrevivientes y familiares y a todas las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, garantizando su autonomía de cualquier gobierno de turno, en la perspectiva de lograr Memoria, Verdad y Justicia por los 30.000 Compañeros Detenidos-Desaparecidos.
