En la COP26, dirigentes de gobiernos, entidades públicas y privadas, empresas, organizaciones sociales y ciudadanos discuten compromisos que reduzcan las emisiones de carbono y eviten que la temperatura media global suba a más de 2° durante el siglo 21.
Pero sabemos que los principales responsables de estas emisiones son las grandes potencias imperialistas y los monopolios que, en su afán de acumular ganancias no dudan en la utilización de una matriz energética que aumenta la desigualdad con los países dependientes, y provoca recurrentes crisis climáticas.
En el transcurso de estos días, se ha hablado mucho de cómo se van a desarrollar las políticas de mitigación para cambiar la matriz energética y lograr neutralidad de carbono 0 en el menor tiempo posible. Pero en el marco de la cumbre de Naciones Unidas no se ha cuestionado que la raíz de las crisis múltiples son las bases del sistema imperialista, que concentra la riqueza y el poder en un puñado de monopolios que manejan el mundo.
Los Estados no son instituciones neutrales, sino que perpetúan las relaciones de poder desigual. Los Estados influyen con los medios que tienen a su disposición con el objetivo de mantener el status quo del dominio.
A pesar de que el objetivo principal de la cumbre es cambiar la matriz productiva por una más amigable con el medioambiente, y aunque eso sea la intención de algunas personas en los ámbitos de gobierno, estos acuerdos de políticas ambientales suelen fracasar. Esto es lo que han denunciado las masivas movilizaciones, realizadas en Glasgow y en muchas otras ciudades el viernes 5 de noviembre.
Hay sectores, dentro de la cumbre, que impulsan un “capitalismo verde” o economía verde, con base en el manejo más o menos eficiente de las contradicciones del mercado. Es una variante del “desarrollo sostenible” ya planteado en anteriores cumbres, y que ha demostrado que no ha dejado de profundizar las desigualdades sociales ya existentes.
El Reino Unido de Gran Bretaña, China y EEUU (quienes representan 2/3 de la economía mundial) firmaron un plan para coordinar la introducción global de “tecnologías limpias”, con el fin de controlar esa transición energética, lo que va a redundar en mayor dependencia económica y menor soberanía sobre los recursos y el territorio de nuestros países.
En nuestro país, no se puede hablar de cambiar las políticas ecológicas, sin afectar los intereses de los sectores que mantienen su asfixia con deudas impagables como el FMI, o los grandes monopolios internacionales que con sus socios locales mantienen la implementación de políticas no compatibles con la transición a energías “limpias”, como las petroleras que defienden la ley de hidrocarburos, las agroexportadoras, las mineras que ahora vienen por el litio, entre otras. No se puede hablar de políticas ecológicas que contemplen la crisis climática sin soberanía territorial y económica.
La narrativa que oriente la lucha socioambiental debe enmarcarse en la emancipación de los países históricamente oprimidos y en la renegociación de la deuda ecológica que los gobernantes de los países imperialistas tienen con sus propios pueblos y con el resto de los pueblos del mundo, para permitir desarrollar soberanía tecnológica que nos permita iniciar nuestra propia transición energética y eco social, con un rol protagonista por parte de los pueblos.
Hoy N° 1889 10/11/2021
