El gobierno nacional, a través de un DNU ha declarado la emergencia en todo el territorio nacional de la problemática de adicciones.
El gobierno nacional, a través de un DNU ha declarado la emergencia en todo el territorio nacional de la problemática de adicciones.
En primer lugar se trata de un reconocimiento explícito por parte de la Administración Nacional, acerca de la gravedad del problema. Es que la situación de consumos de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) se ha desbordado, afectando la salud de inmensos sectores de la población, lesionando tanto la vida de los grupos familiares como de las tramas comunitarias.
Por otro han jugado un papel determinante, en la configuración de la situación la instalación y la actividad de los carteles de la droga, amparados y en connivencia perversa, con sectores de las fuerzas de seguridad, de algunos caciques de la política, y con la inercia cómplice de ciertos miembros del poder judicial. El decreto del Ejecutivo Nacional es escueto, y delega en la Sedronar la planificación y ejecución operativa de un programa de emergencia que aborde esta situación.
Está consensuado entre los especialistas en la materia, y en los organismos internacionales que han sentado opinión sobre la cuestión, que un programa que intente ser operativo debe plantearse las siguientes cuestiones:
1. Disminución de la oferta
Es decir controlar las instancias en las que se producen, comercializan y distribuyen sustancias psicoactivas (legales e ilegales). En el caso de las sustancias ilegales una cuestión importante pasa por el control de las instancias financieras y bancarias, habida cuenta que el dinero que ingresa por la renta criminal deber ser lavado por algún dispositivo.
2. Disminución de la demanda
Estrategias preventivas, que operen desde el nivel nacional, como provincial, de municipios y comunas. Este Programa deberá tener un enfoque que posibilite llegar a los diferentes agrupamientos culturales, etarios, de género, de diversidad sexual, de la comunidad, etc.
Hablamos de un enfoque holístico, pero también direccionado a las particulares de cada sector de la sociedad. Es necesario reconocer que son escasas las experiencias que se han realizado en el tema, siendo muchas instituciones de la vida civil quienes con escasos recursos han llevado adelante algunas actividades preventivas. Se debe recoger y potenciar todas estas experiencias, y abrir espacios de confluencias para conjugar todos los esfuerzos, en actividad cogestiva de las organizaciones del Estado con las de la comunidad.
3.Tratamiento clínico y terapéutico de las personas afectadas por los consumos de sustancias.
En esta cuestión hay que apelar tanto a potenciar los escasos agrupamientos (estatales y de la vida civil) que están funcionando, como a gestar nuevos lugares y centros de tratamiento.
También aquí hay que conjugar la diversidad de enfoques, de abordajes, de ideologías terapéuticas y de modalidades de abordaje. Estamos ante una emergencia que afecta a la vida de miles de personas, y lo peor que nos puede pasar es que nos desgastemos en polémicas paralizantes, intentando demostrar cuál modelo o postura es la más efectiva.
De allí que tenemos que organizar desde centros de alta complejidad para casos muy graves, que exigen internación y atención especial, hasta lugares como casas de contención, u hogares culturales o el nombre que se le quiera dar, donde participe gente de la comunidad, sin tener que observar un encuadre rígido. En el medio tendremos centros de día, centros de noche, casas a mitad de camino, etc. La condición clave es que formen parte de un Programa Clínico Terapéutico donde se puedan direccionar y optimizar los esfuerzos.
Desde ya debemos tener el compromiso del Estado de aportar con recursos tanto financieros, como operativos para que esto pueda funcionar. Por ejemplo, medidas para evitar que por una burocrática resolución, algún obsesivo inspector impida el funcionamiento de algunos de estos organismos aduciendo que el zócalo de un baño tiene menos altura de lo que exige la norma.
4. Formación de recursos humanos para operar en estas cuestiones.
Hay que formar especialistas en toda la pirámide de los equipos de salud. Desde profesionales que puedan planificar y dirigir equipos, hasta operadores que trabajen territorialmente.
Hay un gran déficit también en este terreno, a pesar de la cantidad de facultades de Medicina, Psicología, Trabajo Social, etc. El Estado tiene que posibilitar que estos graduados se perfeccionen en la temática, becando estudios de posgrados, maestrías y doctorados.
Pero también hay formar técnicos superiores en adicciones, operadores comunitarios y acompañantes terapéuticos. Hay que apoyar financieramente a las pocas instituciones que hace tiempo vienen formando gente, con nulo apoyo estatal.
Hay que aprovechar las organizaciones del Estado que tienen cobertura territorial, como son institutos educativos (de todo nivel) y los que provienen del sector de la salud (hospitales, sanatorios, centros de atención primaria, dispensarios) ofreciendo a todos los profesionales médicos, enfermeros, psicólogos, etc. la posibilidad de formarse en las problemáticas de consumos de sustancias.
De esta manera ampliaremos en poco tiempo una masa crítica de profesionales, de técnicos y operadores para abordar las tareas de la hora.
Algunas consideraciones sobre el tema
Si bien es cierto que estas son medidas dictadas por la urgencia, no hay que olvidar que la cuestión de los consumos obedece a motivaciones harto complejas. Los consumos de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) fundamentalmente en la fase adictiva, son problemas del orden sanitario.
Pero no solo eso, sino que en la configuración de estos fenómenos se conjugan cuestiones de orden político, económico, jurídico, cultural, de seguridad, como también familiares y comunitarios
Hoy tenemos en el país tres grandes cuestiones que van a incidir directamente en los consumos y la situación de las drogas.
1.- La enorme deuda social que se mantiene con la población, particularmente los más expoliados y marginados de la sociedad. Recordar que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA nos informó que en el país el nivel de pobreza está en el orden del 34 % y de indigencia en el 6 %. Es decir, el 40 % de la población viviendo en condiciones que violentan sus derechos y su calidad de vida. No esta demás pensar que estudios en neurociencias de última generación nos han planteado que la pobreza es un estresor significativo, y que gesta condiciones para la producción de sujetos vulnerables (del punto de vista cognitivo, emocional, vincular y neurobiológico). Es decir que se configura como un factor de riesgo determinante que incide en los consumos.
2.– La cuestión del blanqueo de capitales. Estas medidas tomadas tanto por la Administración Nacional como por la Provincial, habilita a que la renta criminal, producto de las actividades narco, ingrese a los circuitos legales sin traba. Por un lado, planteamos la prevención y por otro alentamos que agrupamientos narcocriminales crezcan a la sombra de las resoluciones estatales.
3.– El creciente grado de militarización de la sociedad. Hasta fuerzas de diferente signo político solo han imaginado para resolver los problemas de seguridad el aumentar el poder de fuego de las fuerzas represivas, cuando sabemos que algunas de ellas son parte del problema. Por este camino desembocamos en el tristemente célebre Plan Mérida (México) o en el Plan Colombia. El balance de ambas operaciones nos exime de extendernos sobre la cuestión.
Propuestas
Creemos que hay que declarar la emergencia en adicciones tanto en el orden provincial como en el municipal. Hay que adherir al Decreto nacional, generando una resolución que contemple las necesidades de nuestra población.
El corazón del plan debe ser generar un poderoso movimiento sociocultural, donde intervengan organizaciones de la vida civil en cogestión con las del Estado. Hay que realizar un llamamiento a todas instituciones y agrupamientos que tengan interés directo con la cuestión, con el objetivo de conformar un Foro permanente sobre Drogas, donde se discuta y se elaboren estrategias para abordar el tema, y que no solo tenga funciones consultivas sino también ejecutivas.
Llevar este modelo a cada barrio, donde confluyan vecinales, centros comunitarios, clubes deportivos, diferentes cultos, instituciones que trabajan en adicciones, y que conformen una mesa con las escuelas de la zona, los centros de salud y otros.
Estas mesas podrán tener reuniones periódicas con las autoridades de seguridad del barrio, para elaborar propuestas operativas para el barrio, y controlar el funcionamiento específico de las fuerzas policiales limitando las posibilidades de alianzas perversas con núcleos criminales.
Estamos convencidos que solo el protagonismo de la sociedad y las instituciones de la vida civil, con el aporte de profesionales, de gremios y de especialistas, podrá modificar la actual situación. Lo que está en juego es la salud y el porvenir de nuestros niños y jóvenes, de todos los sectores sociales, pero fundamentalmente de los pibes que viven en el mayor desamparo material y simbólico. Por ellos y por nosotros debemos afrontar este desafío.
Horacio Tabares
Director de Vínculo, Centro Comunitario de Salud Mental que desarrolla su trabajo en torno a las adicciones en Rosario hace más de 25 años.
