La Corte Suprema de la Nación declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De esta manera, se le dio un duro golpe al Grupo Clarín quien ahora estará obligado a desinvertir y desprenderse de gran parte de las más de 160 licencias de medios que controla, como también tendrán que hacerlo los más de 20 grupos de medios que existen en la Argentina. Llama la atención que la Corte haga pública su resolución a solo 48 horas de la derrota electoral del gobierno, lo cual le facilita objetivamente intentar remontar el golpe recibido.
El fallo de la Corte pone fin a la controversia por el artículo 161, el cual exige que todos los grupos empresarios mediáticos tengan un límite de 10 licencias de radio y TV abierta y de 24 por cable; Clarín también cuestionaba los artículos 41, que establece que las licencias son intransferibles salvo durante el período dispuesto para adecuarse a la nueva norma. También ahora están vigentes los artículos que habían sido declarados inconstitucionales por la Cámara Civil y Comercial: el 45, en lo referido a los límites a la concentración de licencias de televisión por cable, y el 48, que sostiene que en la posesión de una licencia que excede los límites de la ley no existe un “derecho adquirido”.
A pesar de que el gobierno festeja una batalla ganada contra el Grupo y pretende balancear este hecho como un “triunfo de la democracia”, lo cierto es que a cuatro años de aprobación de la Ley no se ha avanzado en aspectos esenciales de la “democratización de los medios” que no se encontraban en discusión: fundamentalmente dar a conocer el plan técnico que es condición imprescindible para hacer efectivo el 33% que la ley define como reserva obligatoria para las entidades sin fines de lucro, garantizando la accesibilidad a los pliegos licitatorios, ejercer legalmente a las frecuencias y el presupuesto para el desarrollo de los medios alternativos, comunitarias y populares.
Por el contrario el gobierno avanzó en su objetivo de fondo: conformar un gran grupo monopólico de medios propio, al servicio de sus intereses políticos y económicos, en disputa con otros sectores de las clases dominantes consiguiendo controlar entre los medios propios y de amigos el 80% de los medios de comunicación de masas. Y se agudizó la batalla intermonopólica entre el kirchnerismo y los otros sectores de las clases dominantes por el control de los distintos grupos mediáticos.
El gobierno insiste en que los otros grupos de medios han presentado los planes de adecuación a la desinversión. Omite recordar que el presidente de la Afsca, Martín Sabatella, anunció que los grupos pueden desagregar su actual estructura societaria en distintas sociedades; por lo tanto tampoco se ampliará la disponibilidad del espectro. Así por ejemplo el grupo Vila-Manzano se desagregó en sociedades propiedad de familiares y amigos.
Por otra parte, la decisión de la Corte pone fin a la controversia del artículo 161 pero está claro que la disputa entre el gobierno y Clarín seguirá expresándose en una sucesión de litigios, conflictos y controversias. Probablemente de esta manera sigan desviando el eje del cumplimiento de los aspectos de la ley que favorecen a los proyectos populares y como vino desarrollando el gobierno su política audiovisual en los últimos cuatro años nada autoriza a pensar que la desinversión de Clarín y los otros grupos de medios va a ser proporcional al crecimiento de los medios comunitarios, populares y alternativos.
Desde el PCR luchamos por una verdadera libertad de expresión y para que realmente se avance en la democratización de la comunicación y la pluralidad de voces. Sabemos que esto lo lograremos reagrupando las fuerzas populares, patrióticas, democráticas y antiimperialistas, como lo venimos demostrando con la multisectorial que impulsó el primer paro al gobierno K, el 20 de noviembre del 2012.
Partido del Trabajo y el Pueblo
Partido Comunista Revolucionario
La Corte Suprema de la Nación declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De esta manera, se le dio un duro golpe al Grupo Clarín quien ahora estará obligado a desinvertir y desprenderse de gran parte de las más de 160 licencias de medios que controla, como también tendrán que hacerlo los más de 20 grupos de medios que existen en la Argentina. Llama la atención que la Corte haga pública su resolución a solo 48 horas de la derrota electoral del gobierno, lo cual le facilita objetivamente intentar remontar el golpe recibido.
El fallo de la Corte pone fin a la controversia por el artículo 161, el cual exige que todos los grupos empresarios mediáticos tengan un límite de 10 licencias de radio y TV abierta y de 24 por cable; Clarín también cuestionaba los artículos 41, que establece que las licencias son intransferibles salvo durante el período dispuesto para adecuarse a la nueva norma. También ahora están vigentes los artículos que habían sido declarados inconstitucionales por la Cámara Civil y Comercial: el 45, en lo referido a los límites a la concentración de licencias de televisión por cable, y el 48, que sostiene que en la posesión de una licencia que excede los límites de la ley no existe un “derecho adquirido”.
A pesar de que el gobierno festeja una batalla ganada contra el Grupo y pretende balancear este hecho como un “triunfo de la democracia”, lo cierto es que a cuatro años de aprobación de la Ley no se ha avanzado en aspectos esenciales de la “democratización de los medios” que no se encontraban en discusión: fundamentalmente dar a conocer el plan técnico que es condición imprescindible para hacer efectivo el 33% que la ley define como reserva obligatoria para las entidades sin fines de lucro, garantizando la accesibilidad a los pliegos licitatorios, ejercer legalmente a las frecuencias y el presupuesto para el desarrollo de los medios alternativos, comunitarias y populares.
Por el contrario el gobierno avanzó en su objetivo de fondo: conformar un gran grupo monopólico de medios propio, al servicio de sus intereses políticos y económicos, en disputa con otros sectores de las clases dominantes consiguiendo controlar entre los medios propios y de amigos el 80% de los medios de comunicación de masas. Y se agudizó la batalla intermonopólica entre el kirchnerismo y los otros sectores de las clases dominantes por el control de los distintos grupos mediáticos.
El gobierno insiste en que los otros grupos de medios han presentado los planes de adecuación a la desinversión. Omite recordar que el presidente de la Afsca, Martín Sabatella, anunció que los grupos pueden desagregar su actual estructura societaria en distintas sociedades; por lo tanto tampoco se ampliará la disponibilidad del espectro. Así por ejemplo el grupo Vila-Manzano se desagregó en sociedades propiedad de familiares y amigos.
Por otra parte, la decisión de la Corte pone fin a la controversia del artículo 161 pero está claro que la disputa entre el gobierno y Clarín seguirá expresándose en una sucesión de litigios, conflictos y controversias. Probablemente de esta manera sigan desviando el eje del cumplimiento de los aspectos de la ley que favorecen a los proyectos populares y como vino desarrollando el gobierno su política audiovisual en los últimos cuatro años nada autoriza a pensar que la desinversión de Clarín y los otros grupos de medios va a ser proporcional al crecimiento de los medios comunitarios, populares y alternativos.
Desde el PCR luchamos por una verdadera libertad de expresión y para que realmente se avance en la democratización de la comunicación y la pluralidad de voces. Sabemos que esto lo lograremos reagrupando las fuerzas populares, patrióticas, democráticas y antiimperialistas, como lo venimos demostrando con la multisectorial que impulsó el primer paro al gobierno K, el 20 de noviembre del 2012.
Partido del Trabajo y el Pueblo
Partido Comunista Revolucionario
