En Argentina hay 40 minas. La megaminería solo genera trabajo en su etapa de construcción, una vez en funcionamiento, la planta no necesita más de 1.000 o 1.500 personas. Y en definitiva, por la contaminación con cianuro, destruye otros puestos de trabajo ligados a la agricultura, la ganadería, el comercio regional y el turismo. Una mina a cielo abierto puede utilizar por día 9 toneladas de explosivos y 5 millones de litros de agua, y produce 18 toneladas de desechos tóxicos para la elaboración de un anillo de oro.
El principal negocio de las mineras es la extracción de oro. El 80% del oro extraído tiene un uso financiero, como instrumento especulativo. El 18% restante se utiliza en joyas. Y solo un 2% es para la industria y el desarrollo tecnológico.
Las empresas mineras extranjeras saquean nuestros recursos exportando los minerales en bruto, sin controles. Sólo pagan al Estado, por regalías, un 3% de lo que ellos mismos declaran –es decir, sin control estatal– sobre el valor en boca de mina y no sobre el precio final del producto. Si exportan por puertos patagónicos, la regalía es de sólo un 1,5%. Con Menem y los Kirchner se multiplicaron las concesiones a las mineras imperialistas. Macri, por su parte, al asumir eliminó los derechos de exportación (retenciones) que éstas pagaban, unos 220 millones de dólares que dejó de percibir el Estado nacional. Tampoco pagan los impuestos aduaneros, al cheque y a los combustibles.
Un gobierno popular deberá expropiar estos monopolios, sin indemnización, y desarrollar la actividad protegiendo el medio ambiente.
