Frente a la magnitud del anuncio, y teniendo en cuenta que la soja se está comercializando a $1.050, cualquier desprevenido podrá imaginar que el campo transita tiempos de bonanza económica. Sin embargo, la realidad que se vive en los pueblos del interior es completamente distinta ya que la renta agraria queda en manos de unos pocos: los grandes propietarios, los exportadores y los pooles, que en la mayoría de los casos están vinculados al capital financiero y no a la economía de la región.
Esto, en lo fundamental, se debe a que desde el gobierno nacional se viene ratificando no sólo el modelo agroexportador impuesto por la Generación del ’80, hoy expresado en el monocultivo de soja, sino también las políticas vigentes desde la dictadura hasta el presente. Estas políticas, en lugar de fomentar el desarrollo, conllevaron un genocidio rural cuyas consecuencias fueron la desaparición de 150.000 chacras desde la década del ’90 hasta el presente.
El interrogante está planteado en todo el interior: ¿Cómo es posible que con cosecha y precios récords no se logre un desarrollo sostenido de la economía que beneficie al conjunto del pueblo y de la Nación?
Una cosecha dispar
En el primer informe de granos del mes de julio, el Ministerio de Agricultura anunció que con los últimos lotes de segunda ubicados en Tres Arroyos terminaba la cosecha récord de soja del período 2009/2010. Con respecto al maíz confirmó que la cosecha también llegaría a un récord de 22,5 millones de toneladas.
Tanto las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario como de las consultoras privadas concluyen que la campaña nacional 2009/2010 superará los 90 millones de toneladas, lo que la ubicaría con un crecimiento estimado de 35% respecto de la anterior, aunque por debajo de la campaña récord de 2007/2008.
Pero no todas fueron buenas noticias para el sector agrícola ya que la producción de trigo con 7,5 millones de toneladas fue de las peores de los últimos años y habría que retrotraerse hasta la campaña 1977/1978 para encontrar un volumen más bajo, con 5,3 millones de toneladas.
Este sector, con una superficie sembrada de entre 4,2 y 4,4 millones de hectáreas y una producción estimada entre 12 y 14 millones de toneladas, promete recuperarse en el próximo ciclo. Para el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el objetivo es que Argentina llegue a los 20 millones de toneladas en los próximos 6 años, logro que va a ser difícil de alcanzar si no se pone coto al proceso de sojización.
Se consolida el “boom sojero”
A pesar de los deseos de Domínguez, lo que se observa es que el sector sojero no sufre ningún vaivén. Cosecha tras cosecha, el “boom sojero” continúa con su avance arrollador en relación a otros cultivos como por ejemplo el trigo, que registró la siembra más baja en 111 años.
De acuerdo con el último informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y confirmando las estimaciones oficiales, con un rendimiento de 29,5 quintales por hectárea -apenas por debajo del récord de 29,8 del ciclo 2006/2007-la cosecha de la oleaginosa llegaría a 55.033.800 de toneladas.
Este incremento productivo de más de siete millones de toneladas con relación a la cosecha anterior se sustenta en el crecimiento del área utilizada durante la actual campaña. La superficie destinada a la oleaginosa alcanzó la cifra de 18,5 millones de hectáreas, lo que también marcó un nuevo récord histórico.
El despojo de los productores
Paralelamente a la consolidación del “boom sojero” se acentúa la expoliación del pequeño y mediano productor, el principal sujeto social del interior. Los récords de áreas sembradas, de producción y de precios, han despertado aún más el apetito de los saqueadores.
El saqueo se observa en todos los engranajes del ciclo productivo. Desde el momento en que se alquilan los campos hasta que la cosecha se comercializa en el mercado internacional. Comienza con los increíbles arrendamientos que en la pampa húmeda llegan hasta 18 y 20 quintales por hectárea, favoreciendo a los terratenientes y pooles en detrimento de los pequeños arrendatarios. Continúa con las retenciones: soja (35%), trigo (23%), maíz (20%) y girasol (32%), y finaliza con el saqueo de los exportadores.
El mismo se observa cuando el precio del mercado interno (resultado de las operaciones que se realizan en los mercados disponibles y de futuro en la plaza local) se ubica por debajo de los valores que representan la paridad de exportación (precio FOB menos retenciones y gastos de exportación). Esto significa que los exportadores se están apropiando de una renta extraordinaria a costa de pagarle al productor un precio inferior al vigente en la plaza internacional descontada ya las retenciones y los gastos de exportación.
Estas prácticas son posibles por la existencia de una demanda concentrada de los exportadores frente a una oferta fragmentada de los productores en un mercado con excesiva estacionalidad, donde los más perjudicados son los productores chicos que no tienen capacidad de acopio y carecen de posibilidad de especular con el vaivén de los precios.
Esta ha sido la razón histórica que fundamentó la existencia de la Junta Nacional de Granos, que durante años aseguró un precio mínimo sostén que resguardó a los productores de voracidad de los exportadores.
Ni reducir ni eliminar, segmentar las retenciones
El reclamo recurrente y cíclico de los productores que tuvo su pico en la Rebelión Agraria logró que el tema retenciones llegue al mismísimo Congreso de la Nación. Hay un debate abierto en torno a reducir o segmentar las retenciones, analizado con todo detalle en el hoy n° 1329. Hasta la Mesa de Enlace se vio sacudida por las discusiones sobre el tema entre Buzzi y Biolcati.
En el actual contexto económico donde no se discute un nuevo esquema impositivo para que a través de Ganancias paguen más los que más tienen, reducir o eliminar retenciones supone no solamente afectar la recaudación sino también una presión adicional sobre los precios internos de los granos, especialmente de aquellos que ofician de insumos para productos como la carne bovina, pollos, cerdos, etc.
Hoy las retenciones, además de aportar recursos al fisco y promover valor agregado a la cadena productiva, son un instrumento tendiente a resguardar los precios del mercado interno de las tendencias del mercado internacional.
La baja de las retenciones sólo favorecerá a los grupos concentrados, ya que según estimaciones de FAA el 80% del beneficio irá a parar a los bolsillos del 8% de los grandes productores. Una medida de esta naturaleza será un simple placebo para los productores chicos y dará argumentos al gobierno para su objetivo de impedir otorgar el 82% móvil para los jubilados.
Es imperioso modificar el actual esquema de retenciones pero dejando de lado las propuestas de reducirlas o eliminarlas. Lo correcto sería mantenerlas, pero segmentadas y llevándolas a “cero” para los arrendatarios y productores más chicos.
Finalmente, la segmentación de retenciones debería ser concebida como un paso provisorio para aliviar la situación de los productores chicos. Sería erróneo pensar que con la segmentación terminarán sus problemas ya que la historia reciente demuestra que en la década del `90 con retenciones “cero” desaparecieron cerca de 100.000 productores.
La segmentación debería ser acompañada de la implementación de un Programa Agropecuario, que involucre la regulación de mercados, la problemática del arrendamiento, la extranjerización de la tierra, la conservación de los suelos, la asistencia tecnológica, créditos blandos para los más chicos y políticas orientadas a fomentar la producción de carne, leche y economías regionales. Sólo con la lucha y no depositando todas las expectativas en el Parlamento se podrá lograr este objetivo.
