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02 de octubre de 2010

En Tierra del Fuego se persigue judicialmente a los compañeros que enfrentan la sanción de la ley de emergencia económica en la provincia.

Solidaridad con Arce, Catena y Moreno

Judicializan la protesta social en Tierra del Fuego

Luego de que el 18 de septiembre más de 2.500 trabajadores impidieran que se sancionara un nuevo proyecto de ley de emergencia económica enviado por el propio gobernador, la presidenta de la Cámara Legislativa, Angélica Guzmán, impulsó una denuncia en contra de los compañeros docentes Raúl Arce (secretario Gral. del Sutef), Horacio Catena (secretario gremial del Sutef), y Daniel Moreno, dirigente de ATE, por supuestos destrozos en el interior de la Cámara Legislativa.
Cabe destacar que los compañeros fueron agredidos por un grupo de policías comandados por uno de los jefes del operativo, el comisario Vélez, el cual se abalanzó sobre el compañero Arce en un intento de reducirlo para luego llevárselo. Ante estas circunstancias, los trabajadores que se encontraban afuera, derribaron las vallas y comenzaron a ingresar como podían para evitar que se lleven a los compañeros. Luego del sofocón, los legisladores quisieron dilatar la cuestión, pero era tanta la presión de la gente que tuvieron que ceder al pedido unánime de todos los trabajadores de que el proyecto pasara a archivo, y así lo hicieron.
Es importante aclarar que ya se están empezando a escuchar las voces de las organizaciones que expresan solidaridad con los compañeros acusados, como la del Grupo Trashumantes y la Red Patagónica de Derechos Humanos, que emitieron un comunicado de prensa donde señalan el “más enérgico rechazo a este nuevo y burdo intento por judicializar la protesta social, en este caso con una denuncia motorizada por la legisladora Angélica Guzmán con el patrocinio del abogado Juan Ladereche”.
El texto continúa diciendo que “se pretende condenar a los dirigentes gremiales docentes Raúl Arce y Horacio Catena, junto al estatal Daniel Moreno, por estar al frente del reclamo que protagonizaron miles de trabajadores fueguinos rechazando la intentona de aquellos legisladores y funcionarios del actual Ejecutivo que pretendieron embolsarse 150 millones de pesos como botín de retirada”. Luego, el comunicado de los organismos señala que “los trabajadores y los sectores populares tenemos memoria y sabemos del accionar de estos políticos que no dudan en sesionar por la madrugada o retirarse por la puerta de atrás, con tal de concretar sus leyes de ajuste que sólo sirven para engordar sus bolsillos, como ocurrió con la Ley 278 o la 460”. Y expresan: “eso es lo que les duele, no haber podido concretar en esta oportunidad este nuevo saqueo. No las cuatro bancas que se rompieron en el intento de los compañeros por no ser reprimidos y para poder evitar una nueva votación de los legisladores contra los intereses de la mayoría de los fueguinos”.
Finalmente llaman “a todos los sectores que dicen defender los intereses gremiales y sociales a rechazar esta pretendida judicialización de un justo reclamo, acompañando a los compañeros que se quiere sentar en el banquillo de los culpables”.