Los integrantes de La Asociación de Profesionales del Campo (Aprocam) nos solidarizamos con los pequeños y medianos productores del Valle quienes vienen atravesando una situación financiera crítica; estamos convencidos que el problema de comercialización existente en la cadena frutícola es consecuencia de la concentración económica en manos de unas pocas empresas exportadoras de fruta fresca y de jugo.
Los integrantes de La Asociación de Profesionales del Campo (Aprocam) nos solidarizamos con los pequeños y medianos productores del Valle quienes vienen atravesando una situación financiera crítica; estamos convencidos que el problema de comercialización existente en la cadena frutícola es consecuencia de la concentración económica en manos de unas pocas empresas exportadoras de fruta fresca y de jugo.
Los gobiernos provincial y nacional impulsan una política agropecuaria que claramente favorece a estas grandes empresas con exenciones impositivas, subsidios y aportes de los recursos del Estado y de infraestructura pública como rutas, aeropuertos, puertos y obras de riego. Tal es el caso de Expofrut, firma a la cual le otorgaron la concesión sobre la administración y explotación de los puertos de San Antonio y Bahía Blanca. Otro ejemplo claro de esta política es el convenio firmado con la empresa de origen chino Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group CO.LTO.
Ambos gobiernos mantienen las leyes que no limitan la superficie productiva máxima que puede tener una empresa, mantienen la ley de inversiones extranjeras que permite, entre otras cosas, la concentración y la extranjerización de la tierra y la repatriación de las ganancias. Asimismo, cobran impuestos iguales a distintos tipos de productores, beneficiándose significativamente con esta alta carga impositiva, como es el caso del impuesto a las ganancias. No promueven una ley de desmonte que ponga freno a la expulsión de pueblos ni alguna que detenga el avance del monocultivo en todo el país. Tampoco favorecen el acceso a la tierra a los jóvenes del campo.
Como Asociación de Profesionales comprometidos con los pequeños y medianos productores como base de la producción y que defendemos las instituciones públicas al servicio de los intereses del pueblo, creemos que:
•Es necesario garantizar el precio de la fruta a los pequeños y medianos productores con medidas como el precio mínimo sostén de $1,50 por kilo de fruta. Esto les permitirá obtener una rentabilidad para realizar las tareas y la previsión en la producción a todos los pequeños y medianos productores.
•Los impuestos deben ser progresivos (los que tienen más deben pagar más y los que tienen menos deben pagar menos) y además deben ser coparticipables, para que lo generado en la región vuelva.
•La Ley de transparencia fruticola debe ser de carácter obligatorio, con castigo al que no la cumple.
•Los intendentes, gobernadores y representantes del gobierno nacional deben contribuir activamente en la búsqueda y consolidación de destinos comerciales apropiados para la fruta de los pequeños productores. Los gobernantes tienen la obligación de garantizar que todos tengan acceso a una dieta sana y equilibrada. Una forma de garantizarlo sería la compra y distribución de una parte de la producción de los pequeños productores en comedores comunitarios, hospitales, hogares, escuelas, etc.
•Se debe nacionalizar la cadena alimentaria y del comercio exterior. El Estado debe garantizar que la producción sea vendida, encabezando la comercialización de la fruta existente.
•El Estado debe hacer una proyección a mediano y largo plazo en función de las hectáreas plantadas por variedad y de la disponibilidad de servicios (frío, transporte, bines, etc.), regulando y garantizando la venta del 100% de la producción de la zona.
•Los salarios de los trabajadores deben cubrir las demandas del núcleo familiar, garantizando el acceso a alimentos de calidad y a condiciones de vida dignas.
•Se debe eliminar el IVA a los alimentos de la canasta alimentaria para que todos puedan comer.
