No resultaría sorpresivo que, luego de reunirse con George Soros -el magnate húngaro devenido estadounidense que en Argentina es dueño de Adecoagro y que entre otras cosas es accionista de Monsanto-, el gobierno dé un espaldarazo al proyecto de despenalización de la marihuana.
No resultaría sorpresivo que, luego de reunirse con George Soros -el magnate húngaro devenido estadounidense que en Argentina es dueño de Adecoagro y que entre otras cosas es accionista de Monsanto-, el gobierno dé un espaldarazo al proyecto de despenalización de la marihuana.
Ese mecanismo ya es conocido. En la última reunión internacional a la que asistió, Cristina se juntó con representantes de Monsanto. Al volver, se impulsó la Ley de Semillas que amenaza con ponerse al servicio de los negocios de la multinacional.
El asunto es el siguiente: la Open Society (fundación que preside George Soros) es una de las principales donantes de diferentes organizaciones alrededor del mundo que promueven la despenalización de la marihuana. Despliegan una política conocida como “harm reduction” (algo así como: reducción de daños) que consiste, básicamente, en descargar de responsabilidades al estado y que la salubridad pase a pertenecer estrictamente al ámbito privado. De acuerdo a esta concepción, el Estado debe desligarse de todo tipo de cargas sociales.
Esta concepción privatista parecería inocente si no se la coloca en el contexto del descubrimiento y desarrollo de las semillas transgénicas de cannabis. La Coordinación Nacional de Política de Drogas, con sede en Suecia, explica que los niveles de THC (tetra-hydro-cannabinol, la sustancia psicoactiva del cannabis) de la planta tradicional no superaba el 5% en 1960. Hoy, gracias a las modificaciones genéticas, se puede alcanzar el 20%.
Los descubrimientos científicos se realizaron en la Universidad de Minnesota por George Weiblen. Este profesor fue autorizado gracias al permiso que la DEA concedió para la importación de cannabis a los Estados Unidos. Las principales fuentes de importación fueron las corporaciones Kenez (de Canadá) y HortaPharm (de Holanda). La primera, vinculada a la Universidad de Gulph, un claustro académico que realizó varios estudios de biotecnología financiados entre otros por Monsanto, Syngenta, Dupont y Dow Chemical. La otra, fundada por David Watson (conocido por desarrollar cepas de cannabis), que fue denunciado por la revista Cannabis Farmer por sus intenciones de desarrollar plantas que no sacaran semillas ni fueran pasibles de clonación. Es decir: impedir el autoabastecimiento de los cultivadores. Es la tecnología “terminator” que Monsanto aplica para estrechar la dependencia de los productores.
Esta planta modificada tiene un ciclo de vida más breve, lo que produce mayores beneficios económicos. Las empresas tabacaleras se volcaron masivamente al cultivo de cannabis. La DEA misma lo reconoce y especifica los estados productores. Esa estrategia se completa con el traslado de la producción hacia los países “subdesarrollados” para aminorar costos. Pero el consumo principal sigue siendo estadounidense: aunque no se reconoce entre los países productores (por lo tanto no elabora estadísticas al respecto), la ONU afirma que de las 30 mil toneladas de marihuana cultivadas cada año en el mundo, las dos terceras partes se la fuman ciudadanos estadounidenses.
La trampa de las corporaciones
Las reformas civiles, que encarnan avances en la libertad de las personas y liberaciones culturales, pueden convertirse en peligrosas estafas cuando se ponen en manos de corporaciones inescrupulosas. El interés de fondo es la dominación económica y del conocimiento, como ocurre con la soja, ni más ni menos: controlar, regular, conseguir licencias y cobrar las regalías. La ingeniería genética es el primer paso. La privatización del saber, la continuación. Y la imposición de las semillas y el cobro de los cánones, el final.
La Drug Policy Alliance (DPA) impulsó la proposición 19 en los Estados Unidos, que proponía la despenalización en los estados del oeste para el arribo de Monsanto y otras industrias petroquímicas para el desarrollo de las semillas y la comercialización. No es casual: el director adjunto de la DPA es, nada más y nada menos, que George Soros. Es el negocio perfecto: promover la despenalización a lo largo y ancho del mundo y ser accionista de la empresa que se quedará con los beneficios.
