La resolución 6 del Ministerio de Energía y Minería publicada el 27 de enero en el Boletín Oficial estableció un aumento en el precio mayorista de la energía que regirá desde el 1° de febrero en todo el país. El nuevo esquema contempla aumentos de entre 200 y 300 por ciento para los clientes de mayor consumo y fija una tarifa social para los clientes de menores recursos.
La resolución 6 del Ministerio de Energía y Minería publicada el 27 de enero en el Boletín Oficial estableció un aumento en el precio mayorista de la energía que regirá desde el 1° de febrero en todo el país. El nuevo esquema contempla aumentos de entre 200 y 300 por ciento para los clientes de mayor consumo y fija una tarifa social para los clientes de menores recursos.
Para la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y La Plata, jurisdicciones en las que sólo tiene ámbito para regular las tarifas al consumir, la resolución 7 del Ministerio de Energía, que se publicó el 28 de enero en el Boletín Oficial, ordenó al ENRE (el ente nacional de regulación) aplicar una tarifa social, que contempla un bloque por hasta 150 kwh/mes de energía gratis.
La norma también estableció quiénes no podrán acceder a la tarifa social. Por ejemplo, quienes tengan un auto con hasta 15 años de antigüedad, los dueños de embarcaciones o aeronaves de lujo y los propietarios de más de un inmueble.
“Adornando el tarifazo”
Aunque el cuadro tarifario todavía no se había hecho público, el viernes 29 el ministro Aranguren comenzó a explicar de manera confusa cómo será la quita de subsidios en las boletas de luz de Buenos Aires y el Conurbano. Según él, la factura promedio del 70% de los usuarios residenciales (por ejemplo, de Edenor) pasará de los actuales $26 mensuales (o $52 bimestrales) a $158 cada 30 días (o $316 por bimestre). Es un aumento del 508%, o sea casi 6 veces lo que se venía pagando hasta ahora.
Pero cuando se publicó el cuadro tarifario el lunes 1 de febrero las cuntas dan porcentajes mayores y aumenta la confusión. Pues del mismo surge que el kilovatio aumenta en un 700% para los consumos de hasta 300 kwts bimensuales y más de 1.100% para los consumos que superan ese mínimo: de 0,042 a 448 pesos hasta los 650 kw por bimestre y de 0,045 a 0,469 pesos para los consumos mayores a 650 kw bimensuales.
Así el principal peso del “ajuste tarifario” caerá sobre 3,3 millones de hogares en la Región Metropolitana, en su gran mayoría de trabajadores. Con esta decisión, el Estado nacional cargará sobre esos 3,3 millones de hogares casi $70.000 millones: US$4.000 millones –$56.500 millones al tipo de cambio del viernes 29, pero será más cuando se deprecie el peso– por menores aportes en generación (la energía que luego se transforma en luz) y otros $10.000 que dejará de pagarle a Edesur y Edenor.
En lo operativo, las facturas que hoy se entregan en forma bimestral, seguirán bajo ese plazo. Los hogares podrán hacer dos pagos mensuales de esas boletas, como consuelo de semejante tarifazo. Los aumentos corresponden al período febrero-abril, aunque recién vendrán con las boletas de marzo y abril.
Para el 30% de los hogares de “bajo consumo” –75 kwh por mes (150 kwh bimestral)– la remarcación es de 440%. Hoy pagan $26 bimestrales y pasarán a $142.
Los hogares que entran en la tarifa social –jubilados y trabajadores con dos salarios mínimos, beneficiarios de planes sociales, personal doméstico, desocupados, discapacitados–, pagarán $30 en lugar de $26 si consumen poco. En cambio si también están dentro de los sectores “vulnerables”, pero consumen más (por arriba de 404 kwh/mes), su boleta se irá de $52 bimestrales a $86.
En el interior
El ENRE, cuando regula las tarifas a los consumidores, lo hace sólo sobre el área de la ex Segba, es decir, sobre Edenor, Edesur y Edelap. El resto ya eran empresas provinciales que los gobernadores si privatizaron lo hicieron por su cuenta, como Buenos Aires, que puso cuadros tarifarios descomunales para vender más cara la compañía. Algo parecido ocurrió en Mendoza. Córdoba, aunque no privatizó EPEC, también ha venido aumentando desde 2006 sus tarifas. Así, en muchos de esos lugares, las tarifas de la luz han llegado a ser hasta siete veces superiores a las de Buenos Aires. Por esa razón, aunque aumenta el costo de la electricidad para todos, se estima que en el interior los aumentos serán de entre 35% y 40%.
Pero no todos opinan que debería ser así. “Un trabajo realizado en conjunto por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) y el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi mostró cómo los márgenes de distribución de la mendocina Edemsa y la cordobesa EPEC son altísimos. Un superávit que enriquece las arcas locales y disfrutaron sucesivas administraciones” (“Hay provincias que no tienen motivos para aplicar subas”, Jorge Oviedo, La Nación, 30 de enero de 2016).
Herencia y mezquindades
Por más que el ministro Aranguren trate de hacer pasar este tarifazo como algo que ya estaba acordado en 2006 por el gobierno kirchnerista y contemple una tarifa social, lo cierto es que sin una recuperación previa del salario real devorado por la inflación del kirchnerismo y la propia del macrismo de diciembre y enero, el golpe será brutal para la gran mayoría de las familias trabajadoras. Además de lo mezquina que resulta la llamada tarifa social.
De hecho el gobierno de Macri reconoce que el límite de pobreza está muy por sobre el salario mínimo vital –del que no se ocupa–, al establecer un límite del doble del mismo, de $12.120 mensuales para la tarifa social. Pero aun así se queda por debajo del límite de pobreza que estima la Junta Interna de ATE-Indec, en su cálculo publicado el 29 de enero, que fue de $15.677,40 a diciembre de 2015 para un hogar constituido por una pareja con dos hijos menores. Y esto aclarando que sólo se trata de “valores de mínima”, y no del nivel mínimo necesario para “una canasta optima, deseable”. Para lograr ésta, la Corriente Clasista y Combativa ha establecido en $23.000 mensuales el piso para las discusiones de paritarias.
