Ante los primeros síntomas de la crisis que agobia al mundo y castiga duramente a nuestro país, el directorio de Siderar decidió ratificar el plan de inversiones previsto para elevar de 2,5 a 4 millones de toneladas de acero por año.
Esta decisión incluía el financiamiento de la misma con fondos empresarios disponibles ante la crisis financiera que recién estallaba.
Poco tiempo después y en forma imprevista, decidió despedir a 600 trabajadores de Techint, a los que se fueron sumando varios centenares más de contratistas y contratados directos de producción.
Ahora, anunció oficialmente suspender las inversiones previstas para la realización de las obras en curso, lo que implica el despido inmediato de 1.000 trabajadores más y el cese de contrato de otros 1.400 a partir de marzo. De prosperar esta decisión, en poco más de dos meses, aproximadamente 4.000 trabajadores habrán perdido su trabajo.
Las autoridades políticas, que habían guardado un respetuoso y cómplice silencio, debieron salir a la palestra; al igual que UOM y Uocra que absolutamente nada habían hecho ante los primeros despidos.
El miércoles 7, el Concejo Deliberante reunió a las “fuerzas vivas”. Las autoridades del PJ (arrendado por la caja K), se mostraron quejosas por la “falta de sensibilidad social” del grupo empresario.
El viernes 9, los intendentes de San Nicolás, Ramallo y Villa Constitución, junto a concejales de los tres distritos decidieron sacar una declaración para fijar posición ante el azote de la crisis en la región.
A partir del jueves 9, y por diez días (extensibles hasta el 5 de febrero), el Ministerio de Trabajo de la Nación decretó la conciliación obligatoria. Los telegramas de despidos se detuvieron y se entró en una situación de tensa espera. Ninguno de los protagonistas guarda expectativas en el resultado de la misma.
Está la crisis y también el forcejeo creciente entre Paolo Rocca y el gobierno nacional, contradicción que ha crecido en el último período particularmente después de la denuncia del gobierno a Transportadora de Gas del Norte (TGN) por “graves irregularidades”.
Para Rocca, seguramente, los miles de trabajadores que dependen para su subsistencia de las obras en la acería, son tropa de maniobra para su disputa. Para el gobierno, cómplice de las maniobras empresarias de los monopolios desde el mismo día que asumió el poder y absolutamente incapaz de tomar una sola medida que resuelva la crisis a favor de los intereses populares, la posición de Techint es un palo en la rueda.
En medio de ambos, el odio popular crece; y las palabras “ocupación de la fábrica”, “carpas de aguante” y “corte de autopista”, comienzan a ser lenguaje cotidiano.
03 de octubre de 2010
