Así como se ha señalado que en el conflicto con el campo el kirchnerismo perdió en las calles, en la opinión pública y en el Congreso, sería conveniente subrayar que algunos sectores de la población influidos por una importante campaña propagandística, respaldaron las posiciones del gobierno nacional. Desde el campo teórico, “Carta Abierta”, un espacio del que participan algunos de los intelectuales más destacados del país, trabajó activamente en la referida campaña.
Los intelectuales difundieron tres cartas donde expresaron su pensamiento sobre temas como el conflicto agrario, el papel de los medios de comunicación, el surgimiento de una nueva derecha destituyente, las políticas redistributivas, los peligros de restauración neoliberal en América Latina, etc. Al respecto se podría afirmar que algunos de los conceptos emitidos en relación a estos temas son justos, otros expresan verdades a medias, y muchos no se corresponden con lo que objetivamente pasa en el país.
Por ejemplo, cuando se reivindican algunos avances en la política de Derechos Humanos, cuando se advierte sobre “los retrasos del gobierno en aplicar políticas redistributivas de clara reforma social”, o se denuncia a “aquellos sectores que buscan limitar y domesticar” la democracia –prácticas que históricamente han desarrollado las clases dominantes–, indudablemente se están expresando posiciones justas.
Del mismo modo, cuando denuncian a “los medios masivos de comunicación más concentrados” que gestan “la distorsión de lo que ocurre”, que “difunden el prejuicio y el racismo” practicando diariamente “la desinformación y discriminación”, o definen que los medios “estructuran diariamente <la realidad> de los hechos, que generan <el sentido> y las interpretaciones y <definen la verdad> sobre actores sociales y políticos desde variables interesadas que exceden la pura búsqueda de impacto y raiting”, uno no puede dejar de acordar con estas formulaciones. Pero a la vez tampoco se podría dejar de señalar que aun está vigente la Ley de Radiodifusión de la dictadura, que impide el acceso democrático a la información y el ejercicio de la libertad de prensa y que el gobierno nacional no ha dado pasos para derogarla.
El modelo económico impuesto por la dictadura sigue vigente
Luego de enunciar las posiciones antiyanquis del gobierno nacional, los intelectuales dan por cierto que en el país las recetas neoliberales han sido dejadas de lado. Este razonamiento constituye uno de los anacronismos que se observa en los documentos. Desde esta visión advierten, sin diferenciar los procesos, que los gobiernos de Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Chile y Argentina “son jaqueados y deslegitimados por sus no alineamientos económicos con las recetas hegemónicas y por sus <desobediencias> políticas con respecto a lo que propone Estados Unidos”. Al respecto habría que subrayar que si bien es cierto que estos gobiernos expresan posiciones antiyanquis, eso no significa que tengan, desde el punto de vista de clase, objetivos similares tanto en lo interno como en lo internacional. Por ejemplo en Bolivia, Venezuela o Ecuador, se ha avanzado en la implementación de políticas antiliberales en beneficio del pueblo y la nación mientras que en Argentina, Brasil o Chile lamentablemente no se observan demasiados progresos en ese sentido.
Es por esto que cuando “Carta Abierta” habla de “peligros claramente restauracionistas de una lógica neoliberal hegemónica”, convendría señalar que por ejemplo en Argentina, en los últimos años no se han dado pasos para acabar con las políticas neoliberales. Es imposible hablar de restauración neoliberal cuando se han mantenido esas políticas. Es imposible hablar de soberanía sin tener el control y la potestad de los recursos estratégicos con empresas nacionales para no depender de las transnacionales, que históricamente nos han llevado a la dependencia con las secuelas de hambre y miseria para nuestro pueblo. Es imposible hablar de soberanía mientras la nación y sus habitantes no tengan el derecho a disponer de su patrimonio. Las empresas estratégicas como YPF, Gas del Estado, Ferrocarriles Argentinos, Obras Sanitarias de la Nación, Entel, Somisa, entre otras, siguen privatizadas y la mayoría en manos extranjeras, lo que equivale a carecer de soberanía en la minería, petróleo, acero, comunicaciones, luz, agua, etc.
Mientras se mantienen las políticas neoliberales se sigue hipotecando el presente y el futuro del pueblo pagando una deuda ilegítima y fraudulenta que también condiciona la soberanía nacional. Tampoco se ha tocado la malhadada ley de minería del menemismo. El país sigue sin disponer de una Ley que ponga coto a la venta de tierras a extranjeros, lo que ha posibilitado que más de 17.000.000 de hectáreas de tierra fueran enajenadas a extranjeros o empresas extranjeras. Como denuncia Adolfo Pérez Esquivel “prácticamente somos extranjeros en nuestra tierra”. En definitiva, en Argentina, lejos de lo que suponen los intelectuales pro gubernamentales, el modelo impuesto por la dictadura sigue vigente.
Es por esto que las aseveraciones de “Carta Abierta” constituyen verdades a medias, funcionales al doble discurso del kirchnerismo, ya que el gobierno argentino no está jaqueado y deslegitimado por sostener políticas opuestas al neoliberalismo. En todo caso tanto las presiones de Estados Unidos como la “<desobediencia> política” argentina respecto de ese país, habría que relacionarlas con las posiciones antiyanqui de nuestro gobierno, que por razones económicas y comerciales de los grupos hegemónicos locales, se ha acercado y asociado con otras potencias (China, Rusia o Europa).
Teorías que llevaron a una peligrosa confrontación
Refiriéndose a la contradicción principal que recorre la Argentina, “Carta Abierta” afirma que “hoy asistimos en nuestro país a una dura confrontación, entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía”. Esta definición no se corresponde con lo que pasa en el país, ya que invita a razonar que éste es un gobierno de burguesía nacional, tercermundista, que al igual de lo sucedido durante los anteriores gobiernos peronistas pretende intervenir en la economía con el objetivo de distribuir las riquezas y que las fuerzas enemigas (léase la oligarquía y el imperialismo) no se lo permiten. Pero como se ha analizado, en casi seis años de gestión, este gobierno no ha modificado el modelo vigente.
Esta aventurada lectura de la realidad llevó a los intelectuales progubernamentales a decir que “Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido considerado con la categoría de golpismo”. Luego aclaran que “No, quizás, en el sentido más clásico… de interrupción del orden institucional” para terminar afirmando que sin embargo “no hay duda de que muchos de los argumentos que se oyeron en estas semanas (por el conflicto con el agro) tienen parecidos ostensibles con los que en el pasado justificaron ese tipo de intervenciones”.
La arriesgada y sorprendente posición de “Carta Abierta” le facilitó al gobierno nacional una serie de argumentos para montar una pérfida maniobra tendiente a confundir a la opinión pública para llevar al pueblo a un enfrentamiento. Mientras la mayoría de los sectores populares repudiaban la represión de Gualeguaychú, la puesta en escena de Plaza de Mayo donde aparecieron Kirchner, D’Elía, Moreno y Kunkel denunciando una “conspiración”, exigiendo la “rendición incondicional de los oligarcas golpistas” y llamando al pueblo a “armarse” para defender al gobierno, ameritan este razonamiento.
Este no es un gobierno de burguesía nacional
Una cosa es la apariencia y otra la esencia de este gobierno. Aparece como un impulsor de la distribución de la riqueza y es un gobierno concentrador que termina beneficiando a las minorías. Esto pasa en todas las esferas de la economía, inclusive en el sector sojero. Según datos oficiales de la Oncca difundidos recientemente, sobre 74.715 unidades productivas las 2.817 grandes empresas agrofinancieras (fideicomisos y pooles de siembra), que representan el 3,8% de los establecimientos, concentran más del 60% de la producción de soja del país. En el otro extremo, los 30.583 productores más pobres, que representa el 41% de los establecimientos, concentran apenas el 4% del total nacional.
Corren tiempos de luchas, tiempos en que los de abajo pugnan para que la crisis del sistema capitalista global no recaiga sobre sus hombros. Se necesita más que nunca la unidad de los sectores populares. Para lograrla, en el campo teórico habrá que confrontar con espacios como “Carta Abierta”, que de no modificar sus posiciones terminará siendo funcional al doble discurso K, como sucedió durante la rebelión agraria.
