El desarrollo económico del país se logrará a través de la movilización revolucionaria de las fuerzas sociales y del aprovechamiento pleno y racional de los recursos naturales disponibles. Es necesario remover las trabas que se oponen a ello y orientar su utilización de manera planificada hacia un desarrollo industrial y tecnológico integrado y una expansión sostenida de la producción primaria. Estas cuestiones son prioritarias para garantizar la independencia de la economía nacional, el bienestar del pueblo y un desarrollo integral del país con centro en el mercado interno, que haga realidad los postulados de un auténtico federalismo económico.
El control obrero de la producción y distribución será el instrumento clave para efectivizar la realización de esta política en beneficio de los trabajadores y el pueblo.
Esta política económica deberá dar un papel dirigente al desarrollo de los medios de producción, al sector de la industria pesada, manteniendo una correcta relación con la industria liviana y la actividad agropecuaria. Pues de esto dependerá el que se logre o no consolidar el primero. La reforma agraria es clave, tanto para ampliar y abaratar la provisión de alimentos y materias primas de origen agropecuario y forestal, como para transformar el campo y todo el interior del país en un gran demandante de productos industriales. Lo mismo ocurre con la industria liviana, cuya expansión también es imprescindible para garantizar un mayor bienestar inmediato a los trabajadores del campo y de la ciudad. Además el desarrollo de ambos sectores es lo que generará más rápidamente los fondos necesarios para realizar en gran escala un poderoso sector de producción de máquinas, herramientas e insumos básicos, que libere al país de su dependencia al respecto. La nacionalización del crédito y del comercio exterior, en función del desarrollo independiente y armónico del conjunto del país, se convertirán también en importantes palancas de una rápida acumulación.
a) Desarrollo industrial integrado
Serán expropiadas sin indemnización las empresas monopolistas extranjeras y de gran burguesía intermediaria en la industria, según convenga a los intereses del Estado revolucionario, pudiéndose establecer algún tipo de compensación cuando sea necesario. Se respetarán las de burguesía nacional. Se protegerá y estimulará la pequeña y mediana empresa y su cooperativización, atendiendo a las particularidades de cada rama de la producción, comercio y servicios.
Serán expropiadas sin indemnización las compañías mineras, de energía, combustibles, transportes y comunicaciones en manos del imperialismo y la gran burguesía intermediaria. Se respetará la propiedad de los pequeños y medianos mineros y se estimulará su cooperativización. El Estado desarrollará la gran minería y explotará la producción de combustibles, petroquímica y minerales estratégicos, así como la producción energética de centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y nucleares.
Se anularán los convenios pesqueros, contratos y franquicias portuarias que afecten la soberanía nacional. Se apoyará a los pequeños y medianos pesqueros, ayudándolos para que se organicen en cooperativas. Se desarrollará una flota pesquera moderna, se construirán cámaras frigoríficas y se asegurarán medios de transporte adecuados.
Se fomentará la industria forestal y del papel nacional. El Estado controlará los bosques para su explotación racional, promoviendo planes de forestación y reforestación para proveer las necesidades de la industria y mantener el equilibrio ecológico, previniendo la degradación de los suelos.
Se fijará una política nacional del agua para el aprovechamiento integral de los ríos, reservas y aguas subterráneas, impulsando el desarrollo de la energía hidroeléctrica en el marco de un plan nacional que contemple las posibilidades de irrigación, navegación y piscicultura, construyendo sistemas de canalización y desagües combinados con lagos artificiales para la acumulación de las aguas, a fin de controlar los ciclos de inundaciones y sequías periódicas que afectan a vastas zonas del país.
Todas las empresas expropiadas más las actuales del Estado pasarán a constituir un sector de propiedad estatal, dirigido por el gobierno popular revolucionario bajo el control obrero basado en los consejos de fábricas y empresas. La planificación de la producción del sector estatal y la orientación de los excedentes que genere el mismo, permitirán asegurar un desarrollo integrado de la industria y del país, priorizando la gran minería y la industria pesada y promoviendo la expansión acelerada del interior. Se crearán centros industriales cerca de las fuentes de los recursos naturales y se protegerá y estimulará la pequeña y mediana empresa, favoreciendo su cooperativización y garantizando que reciban ayuda prioritaria aquellos sectores que interesen particularmente a los objetivos del plan nacional, la integración regional y el bienestar general.
El gobierno popular revolucionario pugnará por aprovechar el avance científico técnico logrado por el desarrollo de la humanidad, impulsando la reestructuración y fortalecimiento del INTI, INTA, CNEA, CONICET y demás organismos de ciencia y técnica nacionales y provinciales y programas de investigación de las universidades estatales, en función de un aprovechamiento integral de todas las potencialidades del país y al servicio de la industria nacional, las economías regionales y la pequeña y mediana explotación agropecuaria, pesquera, minera y forestal.
Se creará un Instituto Nacional de Informática para la producción de programas, integración de sistemas, adecuados a la realidad y necesidades nacionales.
Se dará impulso al desarrollo de la industria de guerra, en función de la defensa nacional, apoyándose en la capacidad tecnológica y los avances nacionales ya existentes –incluidos los avances de la energía nuclear– y se crearán los necesarios para mejorar el armamento en la defensa de nuestro territorio de ataques y atropellos imperialistas.
b) Reforma agraria profunda
Expropiación sin indemnización de los latifundios, maquinarias agrícolas e instalaciones pertenecientes a los terratenientes, entregando la tierra en propiedad a todos los que la trabajan o quieran trabajarla, priorizando la juventud agraria, los obreros rurales, los campesinos pobres y medios y las mujeres cabeza de familia. Se fijará por ley la extensión de tierra mínima expropiable atendiendo a las peculiaridades de cada zona, tipo de cultivo o explotación, estableciéndose indemnizaciones para los pequeños terratenientes.
Formación de entes regionales integrados por representantes elegidos democráticamente por las organizaciones de obreros rurales y campesinos pobres y medios, que determinarán: los latifundios a expropiar y el tamaño de las unidades productivas y su distribución. Se impulsará y dará amplio apoyo a las cooperativas agrarias de producción y trabajo y se conformarán con las explotaciones modernas expropiadas, que no sea conveniente subdividir, granjas estatales. Se les garantizará prioritariamente la provisión de máquinas y herramientas.
A las comunidades y tribus indígenas les serán devueltas sus tierras o se les entregarán mejores tierras alternativas en lugares con ellas fijados. Se concluirá con todo sistema social ajeno a su voluntad e historia. La entrega de la tierra y maquinarias será en propiedad y en unidades productivas según la zona y tipo de cultivo o explotación.
Será prohibido el arrendamiento, la mediaría, la aparcería, el tanteo, etc. Se respetará el derecho de propiedad de los campesinos ricos y burgueses agrarios que no se sumen a la contrarrevolución.
Se expropiará sin indemnización las empresas monopolistas de comercialización y financiación de la producción, reconociendo los derechos de los pequeños y medianos accionistas. El gobierno popular revolucionario garantizará precios mínimos sostén, en origen. Promoverá el adelanto tecnológico, estimulará y ayudará a la cooperativización para superar las limitaciones propias de la pequeña producción.
Serán anuladas las deudas (hipotecarias, prendarias, adelantos para semillas, etc.) contraídas por los campesinos pobres y medios con el Estado, la oligarquía terrateniente, los bancos y los monopolios comercializadores. Se establecerán líneas especiales de crédito que aseguren instalación, semillas, fertilizantes, insecticidas, etc. y maquinarias. Las tierras, máquinas y demás útiles de labranza, el ganado, animales de trabajo, casa y demás pertenencias de los campesinos semi proletarios, pobres y medios, serán inembargables.
Se impulsará la formación de cooperativas de maquinarias agrícolas de campesinos pobres y medios y se establecerán estaciones estatales de máquinas bajo el control democrático de los comités regionales de obreros rurales y campesinos pobres y medios. El gobierno popular revolucionario procederá a la creación de chacras, granjas, huertas y cabañas experimentales, como parte de la ampliación de las actividades del INTA, de manera que los productores individuales, cooperativas y empresas estatales reciban formación técnica, adquieran semillas seleccionadas, animales de raza, etc.
c) Nacionalización de las finanzas y el comercio exterior
Se abolirán todos los impuestos que gravan al consumo y se establecerá un impuesto progresivo único sobre los ingresos y los bienes inmuebles. Los pequeños y medianos industriales y comerciantes, los profesionales, artesanos, etc., pagarán el impuesto único a partir de un mínimo no imponible que permita el desarrollo de su actividad y un buen nivel de vida de sus familias. Con el mismo criterio, en el campo pagarán el impuesto todos los que explotan tierras en forma individual o colectiva.
Las recaudaciones del gobierno nacional compuestas por el producto del impuesto progresivo único, los derechos de importación y exportación y los beneficios de las empresas estatales, serán compartidos con las provincias y los municipios, respetando los principios del régimen federal y según las prioridades del plan de desarrollo nacional. Estos fondos, además del fomento de la economía, asegurarán el funcionamiento del Estado y sus fuerzas armadas, la cultura, la educación, la salud pública, etc.
d) Reforma impositiva
Se abolirán todos los impuestos que gravan al consumo y se establecerá un impuesto progresivo único sobre los ingresos y los bienes inmuebles. Los pequeños y medianos industriales y comerciantes, los profesionales, artesanos, etc., pagarán el impuesto único a partir de un mínimo no imponible que permita el desarrollo de su actividad y un buen nivel de vida de sus familias. Con el mismo criterio, en el campo pagarán el impuesto todos los que explotan tierras en forma individual o colectiva.
Las recaudaciones del gobierno nacional compuestas por el producto del impuesto progresivo único, los derechos de importación y exportación y los beneficios de las empresas estatales, serán compartidos con las provincias y los municipios, respetando los principios del régimen federal y según las prioridades del plan de desarrollo nacional. Estos fondos, además del fomento de la economía, asegurarán el funcionamiento del Estado y sus fuerzas armadas, la cultura, la educación, la salud pública, etc.
e) Energía, transporte y comunicaciones
Se garantizará el control por el Estado de la energía, transporte y comunicaciones, sobre la base de fortalecer y reactivar las empresas estatales como AyEE, YPF, YCF, EFA, ELMA, ENTEL, etc.
Se establecerá un plan energético nacional que estimule el desarrollo de las economías regionales, asegurando el correcto uso de la red interconectada nacional articulada con las usinas hidroeléctricas de pequeña y mediana potencia, atendiendo al uso múltiple del agua y a las necesidades de desarrollo de cada zona. Se promoverá el uso de fuentes no convencionales de energía. Se impulsará una política nuclear independiente en sus aspectos energéticos de uso industrial, biológico, medicinal, etc.
Se emprenderá un plan nacional de reestructuración, reactivación, mejoramiento y expansión de las vías férreas, camineras, fluviales y aéreas, en forma coordinada y en función del desarrollo armónico interregional y del intercambio con los países vecinos. Reestructuración, renovación y ampliación del parque ferroviario y de las flotas marítima, fluvial y aérea, en base a la recuperación por el Estado y reactivación de los talleres ferroviarios, navales y de la industria aeronáutica.
Monopolio estatal que garantice una política nacional de comunicaciones que contemple el mejoramiento y expansión del servicio de correos y telégrafos y de telefonía, que asegure la independencia nacional en este terreno en base al desarrollo nacional de la industria y tecnología respectiva.